jueves, 18 de octubre de 2018 Actualizado a las 06:40

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Trabajo y política: a propósito del paro portuario

Conviene precisar que el carácter político del fenómeno no está dado directamente por la intervención del gobierno, sino por lo que se pone en juego con la movilización y la manera en que ésta se desenvuelve. Un elemento clave, en este sentido, es que, mientras la prensa oficialista se limita a circunscribir la demanda de los trabajadores al pago retroactivo de la media hora de colación, privatizando nuevamente el conflicto, los mismos trabajadores explicaban –en la escasa tribuna que tuvieron– que el paro es la única herramienta de presión que tienen, en la ausencia de una institucionalidad que permita resolver los conflictos de otra manera.
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El reciente paro portuario, al igual que otras movilizaciones desde el mundo del trabajo, ha suscitado una serie de reacciones críticas por parte del empresariado y del gobierno de turno. Nada sorprendente en todo caso. Por mucho que algunos analistas se esfuercen en ver su agotamiento o bien su metamorfosis, lo cierto es que los conflictos entre capital y trabajo no han dejado de existir. Lo que sí llama la atención y resulta pertinente discutir, son las formas que toman estas reacciones, las que, desde una tribuna tan conocida como privilegiada, despliegan una argumentación condenatoria y despolitizante, tantas veces ensayada, a partir de la cual, empero, es posible reanudar los vínculos, pretendidamente inexistentes, entre trabajo y política.

Existe cierto consenso al señalar que, sin desaparecer, la transformación del mundo del trabajo ha implicado una restricción de la acción sindical a nivel de cada empresa. Más allá de si esta situación es leída como una fragmentación forzada de la fuerza de trabajo o bien como una necesaria y positiva modernización, lo cierto es que implica una despolitización del mundo del trabajo, bajo la forma de un divorcio permanente entre relaciones laborales y política. “Se trata de un conflicto entre privados”, se escucha o se lee infatigablemente en los medios de comunicación. De modo que cualquier intento que sobrepase estos límites, rigurosamente establecidos por vía legal, activa todo un dispositivo de vuelta al orden.

Si la dimensión material de este dispositivo represivo implica siempre el uso de la fuerza pública, su dimensión discursiva no es menos importante, ya que, a través de los medios de comunicación, se presenta y configura la movilización de los trabajadores de una manera tal, que termina legitimando la represión policial. Si observamos la cobertura de la movilización portuaria por medios tales como El Mercurio o La Tercera, es posible distinguir tres tipos de lecturas, que resultan a final de cuentas complementarias.

Así, siguiendo una lectura economicista, la movilización de los trabajadores es interpretada de acuerdo a las abultadas cifras de pérdidas empresariales, que redundan –se dice– en pérdidas para el país.

Conviene precisar que el carácter político del fenómeno no está dado directamente por la intervención del gobierno, sino por lo que se pone en juego con la movilización y la manera en que ésta se desenvuelve. Un elemento clave, en este sentido, es que, mientras la prensa oficialista se limita a circunscribir la demanda de los trabajadores al pago retroactivo de la media hora de colación, privatizando nuevamente el conflicto, los mismos trabajadores explicaban –en la escasa tribuna que tuvieron– que el paro es la única herramienta de presión que tienen, en la ausencia de una institucionalidad que permita resolver los conflictos de otra manera.

Una segunda lectura, de tipo jurídico-policial, se concentra en las llamadas “acciones de violencia” emprendidas por los trabajadores o bien, como ha sido en este caso, se enfatiza la ilegalidad de este tipo de prácticas sindicales.

Finalmente, una tercera lectura, más bien de tipo moral, plantea que la acción los trabajadores estaría motivada por un particularismo exacerbado, radicalmente opuesto al santificado bienestar del conjunto del país y de su imagen exterior.

El corolario de estas lecturas, muchas veces superpuestas, es que los trabajadores movilizados, lejos de luchar por un derecho que consideran arrebatado o simplemente negado, devienen delincuentes, egoístas e irresponsables, cargando con una condena económica y moral sobre su acción. Con ello, cualquier carácter político de la movilización y su legitimidad queda disuelto.

Hasta aquí nada nuevo. Sin embargo, un desplazamiento importante tiene lugar.

Muy ligada a la visión policiaca, pero sustentada económica y moralmente, el empresariado exigió en repetidas ocasiones al gobierno de turno hacer respetar el Estado de Derecho. Según lo cual, su labor no es intervenir directamente en el conflicto, sino castigar lo que está fuera del marco legal, lo que supone en la práctica extremar la represión policial. Se buscaba con ello aplacar la movilización de los trabajadores portuarios, apelando a una instancia que está –se supone– más allá de cualquier interés particular, una instancia ajena a cualquier conflicto político. Sin embargo, y aquí está la novedad, en un contexto sociopolítico como el actual, marcado por la discusión sobre la necesidad de una nueva Constitución y de una Asamblea Constituyente, esta apelación al respeto del Estado de Derecho por parte del empresariado deja de ser neutra desde el punto de vista político, toda vez que el marco legal fundamental está en discusión. Desde ese punto de vista, no sólo la crítica infatigable del Código del Trabajo, sino incluso su defensa y la apelación a su respeto por parte del empresariado, quedan sujetas al mismo proceso de politización. En suma, ya no es fácilmente defendible el divorcio entre relaciones laborales y política, toda vez que la disposición legal que define tal divorcio, deviene arbitraria y discutible en el contexto actual.

Muestra del encuentro entre trabajo y política, es la intervención del gobierno, no sólo mediante la represión policial, sino estableciendo una mesa de trabajo y comprometiendo gasto fiscal para la satisfacción de una parte de las demandas de los trabajadores.

Conviene precisar que el carácter político del fenómeno no está dado directamente por la intervención del gobierno, sino por lo que se pone en juego con la movilización y la manera en que ésta se desenvuelve. Un elemento clave, en este sentido, es que, mientras la prensa oficialista se limita a circunscribir la demanda de los trabajadores al pago retroactivo de la media hora de colación, privatizando nuevamente el conflicto, los mismos trabajadores explicaban –en la escasa tribuna que tuvieron– que el paro es la única herramienta de presión que tienen, en la ausencia de una institucionalidad que permita resolver los conflictos de otra manera. De modo que, nuevamente, es el modelo de relaciones laborales el problema de fondo. Con ello, el conflicto deja de ser pretendidamente “entre privados” para adquirir, movilización social mediante, un carácter político. La intervención del gobierno devino más bien una resultante del proceso.

Se trata de un desplazamiento político del que el empresariado está, por lo demás, plenamente consciente, sólo basta observar el editorial del jueves 30 de enero en La Tercera online y los temores frente a las señales de las “erráticas” respuestas del gobierno.

Ahora bien, si esta movilización de los trabajadores y los desplazamientos políticos que ha producido tendrán consecuencias prácticas más allá de los directamente implicados, no es determinable a priori. Dependerá, como siempre, de las fuerzas políticas –sociales y/o partidistas– forzar algún cambio en este sentido.

En cualquier caso, parece ineludible que una “transformación estructural” leída sólo en clave educativa, como la que se pretende en el nuevo gobierno, se encontrará a corto plazo con la necesidad de una transformación del modelo de relaciones laborales, si quiere atacar de manera profunda las fuentes sociales de la desigualdad.

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