La República de los Bonos

“Deseo agradecer la aprobación tan rápida de este bono (…) porque en momentos en que hay tantas peleas políticas como han visto en estos días, el hecho de que este proyecto se haya demorado dos días en la Cámara de Diputados y un día en el Senado, habla muy bien y significa que podemos pelear por muchas cosas, pero cuando se trata de un bono que va a las familias más vulnerables no hay pelea”. La frase es de Joaquín Lavín, Ministro de Desarrollo Social de Sebastián Piñera, de junio de 2012, pero serviría perfecta para que Michelle Bachelet comunique su bono de marzo.

En nuestro país el debate sobre la pobreza, la igualdad o el desarrollo, dependiendo de la coyuntura política, siempre termina en bonos. De invierno, de verano, focalizados, para mujeres jefas de hogar, jubilados, zonas amenazadas. Es el acto recurrente de dar morfina a un enfermo terminal, o sea, alguien que tiene fallas de estructura y a quien seguramente le irá peor si las cosas siguen igual. Pero nadie se niega a su efecto sedante, y nada es más popular y fácil que repartir plata, sobre todo si no es la propia. Oponerse, es un suicidio político.

[cita]Entonces volvemos al tema de fondo, que es la pobreza y no los bonos. No es fácil hacer un recuento de las veces que el debate sobre desigualdad y pobreza ha movilizado los afanes de la elite política. En lo que no hay riesgo de equivocarse es que en cada ocasión hubo una comisión, una ley y un bono o un subsidio.[/cita] 

Michelle Bachelet entró al gobierno determinando su bono de marzo, el que fue aprobado por unanimidad en la Cámara en menos de 24 horas, demostrando que el tema es atemporal y transversal en la política chilena.

El diputado de la Izquierda Autónoma Gabriel Boric hizo un punto importante de diferencia del actual con los bonos de gobiernos anteriores, al señalar que lo aprobaba por ser permanente, lo que lo transforma de simple distribución de dinero en un mecanismo redistributivo, independientemente del tamaño de su impacto en la brecha de pobreza.

La permanencia es lo que precisamente critica la derecha. El instituto Libertad y Desarrollo sostuvo hace un tiempo que los bonos permanentes rigidizan la política fiscal, desvalorizan el trabajo, generan discrecionalidad y clientelismo, y aumentan la dependencia de los pobres del Estado, lo que en nada contribuye a terminar con la pobreza. No obstante ello, la derecha gobernó con bonos, y sus parlamentarios ahora votaron por unanimidad uno permanente.

Entonces volvemos al tema de fondo, que es la pobreza y no los bonos. No es fácil hacer un recuento de las veces que el debate sobre desigualdad y pobreza ha movilizado los afanes de la elite política. En lo que no hay riesgo de equivocarse es que en cada ocasión hubo una comisión, una ley y un bono o un subsidio.

De acuerdo a mediciones vigentes, para no ser indigente en Chile basta con dos dólares diarios de ingreso, o sea, mil pesos. Para no ser considerado cesante, un empleo de al menos dos horas diarias. Un estándar bastante magro.

Igual que en la llamada puerta giratoria de la delincuencia, la concentración del poder económico y las brechas de desigualdad del país han generado un tránsito circular al interior de la pobreza. Estudios de panel de la Universidad de Chile, es decir, con seguimiento a través del tiempo, demuestran que las personas que pertenecen a los siete u ocho primeros deciles de ingresos transitan entre la pobreza y la no pobreza con mucha facilidad. Más de la mitad de la población que calificó como pobre en 1996 (55,8%), en 2001 tenía ingresos superiores a la línea de pobreza. A su vez, un 46,6% de quienes calificaron como pobres en el año 2001, no lo eran cinco años antes.

Poco cambiará el resultado neto de pobreza si se ayuda sólo a los pobres actuales y con mecanismos tan débiles como un bono, aún siendo permanentes. Apenas es un paliativo operando en la masa de pobres, y no un mecanismo específico de combate a la pobreza.

Si casi un 80% de la población nacional es vulnerable de ser arrastrado a la pobreza por hechos repentinos e incontrolables, como cesantía, enfermedad grave y costosa de un familiar, envejecimiento y ausencia de jubilaciones dignas, es evidente que el riesgo es estructural.

Por lo mismo, requiere acciones que apunten en ese sentido, entre ellas políticas vinculadas a criterios de aplicación universal, a partir de la cual se produzca la selección de los segmentos poblacionales que pueden ser eximidos de los beneficios.

Así,  por ejemplo, podría hacerse en educación, ya que esta podría ser gratuita universalmente y luego solicitar pagos a quienes puedan hacerlo, sin perjuicio de que los grupos de mayores ingresos podrían hacer su aporte mediante impuestos adecuados, como ocurre en todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).