Lo único claro es que la atención del programa de gobierno 2014-2018 en materia de aguas está puesta en perfeccionar el sistema y no en hacer transformaciones estructurales. Y por ello nada indica que la segunda administración Bachelet transite una senda distinta a los gobiernos de la Concertación (incluido el propio), caracterizados por eso que Garretón ha resumido como “neoliberalismo corregido y progresismo limitado”.
La asunción al gobierno de Michelle Bachelet (MB) y la Nueva Mayoría cierne un enjambre de dudas sobre la orientación y magnitud con que serán encaradas las transformaciones socio políticas que la ciudadanía demanda.
En relación al agua, centro de nuestras preocupaciones, constatamos que pese a su vital importancia y a los crecientes problemas de acceso y distribución, estuvo bastante invisibilizada en los programas presidenciales de las coaliciones dominantes. Tanto así que Evelyn Matthei, representante de la derecha, fue la única de entre los nueve postulantes que soslayó completamente la necesidad de hacer cambios sustantivos en las políticas públicas de aguas (Chile Sustentable, 2013).
Dejando a un lado la disputa presidencial, lo cierto es que el país vive hace seis años una sequía que está afectando ya no sólo a los usos productivos como la minería o la agricultura, sino también, y de manera creciente, al consumo humano, principalmente en sectores vulnerables de localidades y pueblos rurales, incluso algunos del sur de Chile donde el sentido común indica que no falta el agua, que están siendo proveídos de manera cotidiana con camiones aljibe (El Mercurio, 24 enero, 2014).
Sin embargo el fantasma del desabastecimiento no es exclusivo de aquellas zonas alejadas “donde vive poca gente”. Basta recordar el caos metropolitano que se produjo en enero del 2013 cuando 21 comunas de Santiago quedaron por un par de días sin suministro. Es en esos momentos cuando recordamos la falta de regulaciones, y emergen como “tema país” las externalidades negativas de un sistema privado de gobierno de las aguas que a todas luces no es sostenible. Desgraciadamente la memoria es frágil y nuevos eventos hacen olvidar un problema estructural que hace rato viene “haciendo agua”, o mejor dicho, sequía.
Contando desde la semana pasada con una nueva administración del Estado, generadora de críticas para algunos(as), esperanzas para otros(as), y ambigüedades para casi todos(as), la pregunta que nos surge es ¿qué esperar del gobierno de Michelle Bachelet en materia de aguas?
De acuerdo a su programa de gobierno, único documento con que contamos a la fecha, es posible deducir algunas líneas de lo que será el futuro probable en los siguientes cuatro años.
Lo primero que llama la atención en el documento es que el tema el agua es tratado bajo el rótulo de “recursos hídricos”, siendo incluido en los aspectos económicos del programa junto a la minería. Esto refleja dos cosas: a) una concepción economicista que entiende el agua solamente como un insumo generador de riqueza, y b) el continuismo de este enfoque.
[cita]Lo único claro es que la atención del programa de gobierno 2014-2018 en materia de aguas está puesta en perfeccionar el sistema y no en hacer transformaciones estructurales. Y por ello nada indica que la segunda administración Bachelet transite una senda distinta a los gobiernos de la Concertación (incluido el propio), caracterizados por eso que Garretón ha resumido como “neoliberalismo corregido y progresismo limitado”.[/cita]
Si alguien piensa que la deducción es muy general o hasta quisquillosa, no olvidemos que el lenguaje es uno de los más efectivos portadores de ideología, permitiendo que por acumulación se haga realidad aquello que nombramos, lo que Bourdieu entendía como “la capacidad performativa del lenguaje dominante” (Bourdieu, 1973, 2001).
De otra parte, hay que reconocer que tratar al agua como un “recurso transable en el mercado” ha sido la tónica mantenida durante los últimos 30 años en Chile, es decir, una perspectiva transversal a la dictadura de Pinochet, los 20 años de administración concertacionista, y el intervalo del gobierno de derecha comandado por Sebastián Piñera, sin que nada en la hoja de ruta de la actual mandataria haga suponer que la nueva alianza de centro-izquierda vaya en un rumbo distinto.
Ahora bien, ¿cuáles son las implicancias de este enfoque? La más evidente es la continuidad de un modelo de privatización de lo público que viste de “libertad” algo que ha demostrado ser la principal causa de generación de desigualdad.
Así lo ratifica la OCDE cuando muestra a Chile como el país con mayor desigualdad en el ingreso entre los miembros de este selecto grupo (OECD, 2014, p. 111), para ponerlo en términos ilustrados; así también lo confirma la vulgar cotidianeidad de los sitieros del valle de La Ligua, que no logran –o se ven obligados a robar agua para– regar sus cultivos de subsistencia, fenómeno que se ha trasformado en una perturbadora realidad del Valle Central. Como bien me lo dijo un campesino durante un trabajo de terreno, aludiendo al monopolio legal que mantiene mediana y gran agricultura en algunos sectores: “Mire, esto será legal, pero no es justo”.
Por otra parte, seguir concibiendo el agua solamente como “recurso en la cadena de generación de valor” invisibiliza aquellos aspectos que, sin ser productivos, resultan indispensables para alcanzar el anhelado desarrollo, entre ellos, la consagración de los usos recreacionales, patrimoniales, ancestrales de los pueblos originarios, y sobre todo el reconocimiento al agua de bebida como un derecho humano. Es por esto que no da lo mismo hablar de “gestionar los recursos hídricos” bajo un paradigma economicista, que de la necesidad de “gobernar el agua” de una manera integral, contemplando también variables sociales, culturales y ambientales.
Paralelo a lo anterior, es preciso decir que el programa de Bachelet reconoce las carencias y perversiones que ha provocado el “mercado de los recursos hídricos”, asumiendo las deficiencias de la institucionalidad vigente, la inhibición de la acción colectiva, y la sobreexplotación de acuíferos a las que ha dado origen el sistema de derechos de aprovechamiento individuales y no regulados.
Pese a ello, frente al lúcido aunque escueto diagnóstico, las medidas propuestas son más bien tibias:
• “(…) nombraremos un Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, con dedicación exclusiva, a fin de identificar y avanzar en soluciones a la escasez de agua en el país”.
• “Avanzaremos en una normativa que haga posible la existencia de la figura recursos hídricos con fines sociales” (Programa de gobierno Michelle Bachelet 2014-2018, 2013, p. 73).
Respecto al Delegado Presidencial, su presencia será provechosa siempre y cuando se plantee como un articulador de espacios donde se expresen los distintos actores implicados, entre ellos la institucionalidad pública, Juntas de Vigilancia, agrupaciones productivas de los distintos usos del agua, movimientos sociales y medioambientalistas, científicos(as), investigadores e instituciones del gobierno, quienes de conjunto generen diagnósticos y soluciones compartidas. No obstante, al mismo tiempo, esta figura puede decantar en el ya conocido camino de la tecnocratización, donde lo que se ha buscado –y muchas veces conseguido– es clausurar la discusión sobre los efectos sociales y morales de la concepción neoliberal en Chile (Ruiz Encina, 2010), haciendo descansar en expertos individuales, o comisiones de ellos, el diseño de una transformación social que, a no dudarlo, requiere el concurso ampliado de la ciudadanía.
Por otra parte, y como telón de fondo, ninguna de las medidas anunciadas por el programa presidencial propone reformar los pilares que sustentan el sistema privado de gestión del agua, causantes en último término de los problemas que el mismo programa diagnostica, a saber: el estatus jurídico de los derechos de agua, cuya modificación requerirá transformar tanto la Constitución (art. 24) como el Código de Aguas; la institucionalidad dispersa y con pocas capacidades regulatorias con que hoy contamos; y la falta de reconocimiento y protección de los usos no productivos. A esta última arista pudiera aportar la categoría de “recursos hídricos con fines sociales”, aunque ha sido planteada de una manera lo suficientemente difusa como para desconocer el rumbo que tome.
Por ejemplo, tenemos dudas acerca de si esta categoría operaría de manera simultánea a las ya existentes o se limitará a periodos de excepción como una nueva atribución del (la) Presidente(a) de la República; si el hablar de “fines sociales” contempla las actividades productivas de subsistencia (como la de sitieros y pirquineros) o se refiere sólo al consumo humano. Si es así, ¿será entonces una fórmula de priorizar el agua de bebida sin levantar las críticas que provocaría desde la derecha económica y política el asumirla lisa y llanamente como una función no sujeta a las reglas del mercado? Puede que sí, puede que no.
Lo único claro es que la atención del programa de gobierno 2014-2018 en materia de aguas está puesta en perfeccionar el sistema y no en hacer transformaciones estructurales. Y por ello nada indica que la segunda administración Bachelet transite una senda distinta a los gobiernos de la Concertación (incluido el propio), caracterizados por eso que Garretón ha resumido como “neoliberalismo corregido y progresismo limitado”, es decir, por la introducción de medidas progresistas de diversa profundidad que han permitido logros impresionantes durante los últimos 25 años, entre ellos, aumentar el PIB desde USD 3000 a USD 16500, o disminuir la pobreza desde un 45% en 1989 a 15% en 2011, aunque sin lograr la superación ni del modelo económico neoliberal ni del modelo político de democracia incompleta (Garretón, 2012).
Bajo este escenario, a menos que la calle y/o un parlamento por ella presionado, y en teoría de ella representativo, diga lo contrario, la creación de alternativas que recuperen el carácter público del agua, lo cual ciertamente no implica negar al agente privado sino supeditar su operación a la consecución del interés general (Atria et al., 2013), tendrá que esperar.
