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Dietas parlamentarias éticas: perdiendo el foco

por 14 abril 2014

El proyecto demarca una línea ética discutible. A nadie se le puede exigir que esté feliz porque le bajen su remuneración a la mitad o, si se prefiere, no debe extrañar que el proyecto genere resistencia entre los otros parlamentarios. Sin embargo, los diputados Jackson y Boric aspiran a que dibujemos una línea divisoria: a un lado, los que están dispuestos a hacer el sacrificio; al otro, los que se nieguen.

Los diputados Jackson y Boric han estrenado su rol de legisladores con una moción que propone cambiar el régimen que regula las dietas parlamentarias. Actualmente, las dietas parlamentarias están reguladas por el artículo 62 de la Constitución que establece que serán equivalentes a las remuneraciones de los ministros de Estado, incluidas sus asignaciones. Lo que proponen los diputados es cambiar ese artículo de la Constitución por otro que establezca que las dietas se determinen por una ley y, acto seguido, proponen que esa ley tenga tres artículos. En el primero, la propuesta establece un techo a las dietas, las que no podrán superar veinte sueldos mínimos. En el segundo, proponen un descuento de la dieta asociada al no cumplimiento de las funciones parlamentarias; y, en el tercero, explicitan el criterio para discernir si el parlamentario cumplió o no con tales funciones.

Se trata de una moción simple y bien documentada que claramente sube el promedio parlamentario en esta materia. No obstante, considero que es un mal proyecto que, eventualmente, podría mejorarse pero sólo a condición de desnaturalizarlo respecto de sus objetivos explícitos. Aquí expongo las tres razones principales en las que baso mi juicio.

1. Los diputados hacen una muy buena argumentación para cuestionar el mecanismo vigente. En la actualidad, si los ministros reciben asignaciones especiales asociadas a sus funciones, los parlamentarios ven mejoradas sus dietas sin mover un dedo. Eso no debe ser así. Más aún, los ciudadanos no podemos tener claridad sobre cómo se determinan las dietas parlamentarias porque los ministros reciben diferentes remuneraciones entre sí. Por lo anterior, los diputados tienen razón. Esa norma debe ser cambiada.

Pero de la justificación para reformar el artículo 62 de la Constitución no se deduce necesariamente que las dietas deban definirse por una ley. ¿Por qué están definidas en la Constitución? La razón es intuitiva: si vas a hacer leyes, evitemos que puedas fijar tus ingresos mediante las leyes que apruebes. En la moción, los mismos diputados reconocen que ésa es la razón que justifica la norma, pero acertadamente agregan: “...al estar la remuneración de los Ministros fijada por un conjunto de leyes que otorgan distintos montos de asignaciones, los parlamentarios tienen injerencia indirecta sobre sus remuneraciones”. Es decir, la actual norma constitucional no está cumpliendo su objetivo y hacen bien los diputados en poner ese problema de manifiesto.

El proyecto demarca una línea ética discutible. A nadie se le puede exigir que esté feliz porque le bajen su remuneración a la mitad o, si se prefiere, no debe extrañar que el proyecto genere resistencia entre los otros parlamentarios. Sin embargo, los diputados Jackson y Boric aspiran a que dibujemos una línea divisoria: a un lado, los que están dispuestos a hacer el sacrificio; al otro, los que se nieguen.

No obstante, vincular el monto de la dieta a otra ley que fija remuneraciones (ya no de ministros de Estado, sino el salario mínimo) no soluciona el problema que los diputados desean resolver, pues al proceso legislativo de aprobar el salario mínimo se aplica también la injerencia indirecta de los parlamentarios sobre sus propias remuneraciones. Al respecto, el proyecto propone reducir este problema haciendo que todo cambio se aplique al período parlamentario siguiente. Pero como los incumbentes mayoritariamente repostulan y son reelegidos y no hay límite a la reelección, no es creíble que “no legislarán sobre sus propios sueldos sino que sobre los de aquellos que ocupen igual posición en el futuro”, como sentencian los diputados.

Distinto sería el caso si proponen que el criterio de indexación de la dieta parlamentaria fuese asociado a otro tipo de variables, tales como indicadores de desempeño económico del país. En ese caso, sí estaríamos ante una propuesta de reforma que soluciona el problema de la actual norma constitucional, pero uno que (intuyo) no impulsarían con igual vehemencia.

2. La propuesta implica reducir la actual dieta de $8.454.379 a un máximo de $4.126.260 (equivalente a 20 sueldos mínimos). Con esto los diputados esperan avanzar hacia “una cercanía material de representantes y representados que permita [que] los primeros conozcan y formen parte de la identidad, los intereses y las necesidades de los segundos. Una intención loable porque todos deseamos que nuestros representantes efectivamente nos representen. No obstante, esta rebaja radical en las remuneraciones parlamentarias no ayudan en un ápice a ese propósito. Como los diputados señalan “un 50% de los trabajadores/as gana menos de $263.473 y vive altamente endeudado”. Es decir, su propuesta implica bajar los ingresos de los parlamentarios desde 32 veces a “sólo” 15.6 veces más que el trabajador en la mediana de la distribución de ingresos. Cierto, está más cerca, pero a una distancia material suficientemente lejana como para que no sea creíble que con ese cambio los primeros conozcan y formen parte de la identidad de los segundos, bajo ninguna métrica razonable.

En este punto, los diputados se equivocan medio a medio. Lo que hace que un agente se compenetre con las aspiraciones y anhelos de sus mandantes no es la cercanía material con estos, sino los incentivos que le den. Y esos incentivos, en política, tienen un solo nombre: poder. ¿Quieren impregnarse de nuestras aspiraciones como representados? Si los diputados quieren realmente alinear a los parlamentarios con nosotros (los ciudadanos) es mejor que se esmeren en aprobar leyes que nos permitan generar incertidumbres en sus cuotas de poder. Sólo así podremos mantenerlos disciplinados. En vez de perder el tiempo discutiendo sobre sus remuneraciones (que ya las quisiéramos para nosotros), propongan cambios en los modos en que los ciudadanos podemos fiscalizar la relación de ellos con lobbistas y otras fuentes de recursos, permítannos acceder a los detalles de cómo financian sus campañas políticas y los partidos políticos, permítannos mirar sus declaraciones de renta, etcétera. El trato que les proponemos es simple: háganlo y les daremos poder y, si no lo hacen, se lo quitaremos.

3. El proyecto demarca una línea ética discutible. A nadie se le puede exigir que esté feliz porque le bajen su remuneración a la mitad o, si se prefiere, no debe extrañar que el proyecto genere resistencia entre los otros parlamentarios. Sin embargo, los diputados Jackson y Boric aspiran a que dibujemos una línea divisoria: a un lado, los que están dispuestos a hacer el sacrificio; al otro, los que se nieguen. Los primeros sí estarían preocupados de la desigualdad y actuarían guiados por nobles principios éticos. Al otro lado estarían los inconsecuentes que hablan de desigualdad pero no actúan en consecuencia, o bien, no están guiados por fines nobles. Tal línea divisoria no solamente no existe sino que el pretender que está ahí tiene todos los ribetes de chantaje moral. Una persona no está éticamente mejor calificada porque asuma sacrificios personales ante problemas sistémicos. No es más ético el profesional que elige poner a sus hijos en un colegio público pudiendo tenerlo en uno privado, ni el que cotiza en Fonasa pudiendo hacerlo en una Isapre. Siendo ambas opciones legítimas a nivel individual, el actuar ético se valida por las ideas de sociedad por las que esas personas trabajan y apoyan. Por ello, sometidos como ya están los legisladores al escrutinio público, los costos políticos que deberán pagar por rechazar o modificar un proyecto de este tipo caerán sobre el conjunto del Parlamento como una capa adicional al desprestigio que ya tienen. Sin embargo, el análisis ponderado y serio de sus bondades y defectos no permite apoyar esta iniciativa en su actual formulación.

Por todo lo anterior, creo que el proyecto caerá al foso donde caen, normalmente, la mayoría de las mociones. Pero no sin antes haber enmarcado el debate sobre la desigualdad en Chile (un debate serio y urgente) con un marco que no es digno de su importancia.

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