De esta manera, garantizar gratuidad a los egresados del sistema público mixto introduce un cambio de paradigma orientado a mirar con mejores ojos nuestra educación pública, garantizando ex ante un derecho civil (y no por condición socioeconómica, pues quisiéramos volver a ver a la élite egresando de la educación pública) donde la variable de decisión es la pertenencia a un proyecto educativo de carácter público.
Semanas atrás publicamos la primera parte de esta columna, en la que proponíamos que, dado el estado actual de la educación superior en nuestro país, era aconsejable un giro hacia un modelo de financiamiento de la educación superior tipo Holandés –el cual se caracteriza por aranceles regulados, altas tasas de cobertura de ayudas estudiantiles y aportes directos a las instituciones de educación superior– en el tránsito paulatino hacia un modelo tipo países escandinavos (gratuidad mediante subsidio total a la oferta). En dicha columna dimos además algunas sugerencias de implementación para nuestro sistema.
Este tema es de particular relevancia para la reforma educativa que emprende el gobierno y, en particular, lo es respecto de la gratuidad. Cabe señalar que la gratuidad universal que se pretende implementar en nuestro país corresponde a un caso muy especial de política educativa en el mundo. Como se desprendió de la primera parte de esta columna, sobran los dedos de una mano para contar los países con las características del nuestro, es decir, (i) con alta predominancia de matrícula en instituciones privadas, (ii) con alta predominancia de instituciones de propiedad privada (iii) con el reconocimiento público de que existen varias instituciones que retiran utilidades para repartirlas entre sus accionistas descuidando el proyecto educativo mismo, (iv) con el reconocimiento público de la existencia de un porcentaje mayoritario de carreras vigentes que no acredita la calidad de sus programas; y de manera muy importante para los fines de esta columna, (v) con una cobertura en educación superior muy desigual, sobrerrepresentada por los sectores de mayores ingresos de la población.
Este contexto es el que justifica que la implementación de la gratuidad universal se conduzca de manera gradual, en paralelo con una reorganización de las instituciones y del marco normativo que regula y organiza al sector. Y como las expectativas son altas, una reforma integral a la educación debe también señalizar cambios en los niveles escolar y preescolar. De allí que nuestro llamado es a pensar en las mejores estrategias que permitan llevar a cabo soluciones integrales que combatan la inequidad de nuestro sistema educativo en todos sus niveles.
[cita]De esta manera, garantizar gratuidad a los egresados del sistema público mixto introduce un cambio de paradigma orientado a mirar con mejores ojos nuestra educación pública, garantizando ex ante un derecho civil (y no por condición socioeconómica, pues quisiéramos volver a ver a la élite egresando de la educación pública) donde la variable de decisión es la pertenencia a un proyecto educativo de carácter público.[/cita]
La pregunta entonces es cómo conducir adecuadamente dicho proceso considerando lo antes mencionado. En esta dirección, el gobierno ha confirmado recientemente, a través del ministro Eyzaguirre, la iniciativa (mencionada en el programa) de que la gratuidad en educación superior, en primera instancia, será efectiva para los estudiantes matriculados que pertenezcan al 70% más pobre de la población.
Este criterio de focalización socioeconómica, a nuestro juicio, se inserta en un lógica que, si bien ha sido exitosa en reducir la pobreza extrema en nuestro país, queda desarticulada con el mandato ciudadano entregado al actual gobierno, enfocado también en la construcción de una sociedad más integradora, equitativa, cohesionada y más consciente de la importancia del bienestar colectivo y del sentido de pertenencia a la comunidad.
Transitar hacia la gratuidad mediante un criterio de asignación socioeconómico –como lo es la focalización en los estudiantes pertenecientes a los primeros siete deciles de ingresos– no da señales políticas respecto a cómo, desde la arista del financiamiento estudiantil, se pretende implementar el citado mandato ciudadano. Por este motivo, nos animamos a proponer una mirada distinta del problema.
¿Qué ocurre si en vez de focalizar la gratuidad en los estudiantes pertenecientes al 70% más pobre, cambiamos el criterio y otorgamos educación superior gratuita a todos los egresados de la media de los establecimientos educacionales de carácter público?
Cabe señalar que entenderemos por establecimientos de carácter público a aquellos que hoy son de dependencia municipal o son particulares subvencionados. Partimos de la base de que las reformas que hoy se impulsan permitirán sentar los pilares para que todos los establecimientos subvencionados –aquellos a los que el Estado les entrega el mandato de proveer la educación de carácter público– conformen un verdadero sistema público mixto de enseñanza. En esa lógica, hoy un 92% de la matrícula escolar de educación media a nivel nacional sería potencialmente beneficiaria (para serlo, debe por cierto acceder a alguna de las instituciones de educación superior que cumpla con las condiciones que fijará la nueva normativa hoy en discusión).
Una política como la aquí enunciada tiene varios efectos virtuosos. En primer lugar, estaremos dando la señal de que como país priorizamos la educación pública. En segundo lugar, la política puede alentar un mayor esfuerzo académico por parte de los estudiantes de escuelas públicas que estén motivados en ingresar a la educación superior. Tercero, estaremos incentivando a que familias de la élite, que persistentemente en el tiempo han decidido colocar a sus hijos en colegios privados, apuesten por volver al aula pública (aunque por cierto reconocemos que el incentivo más importante tiene que ver con mejoras en calidad). Con ello también daremos una señal de consistencia: aquellas familias que financian de su bolsillo la educación escolar patrocinando proyectos privados, continuarán haciéndolo en la educación superior; en tanto que aquellas familias que apostaron por proyectos públicos en la etapa escolar, podrán transitar gratuitamente a la educación superior.
En el Chile actual (según datos Mineduc, 2014) un 87% de la matrícula total de educación superior proviene de la educación escolar financiada por el Estado (un 33% de escuelas municipales y un 54% desde las particulares subvencionadas) en tanto que (según Casen, 2011) un 60% de la matrícula de educación superior corresponde a estudiantes de los primeros siete deciles de ingreso (importante señalar que la calidad de la Ficha de Protección Social como instrumento de asignación de beneficios no está del todo transparentada, en tanto que la condición de egresado de la educación pública es fácilmente verificable). A pesar de la diferencia en el tamaño de los grupos beneficiarios de ambas políticas, que hace una opción más costosa que la otra, creemos que hay argumentos para evaluar la viabilidad de la propuesta, sobre todo por sus efectos virtuosos sobre el nivel escolar.
En esa línea, pensamos que la conveniencia de esta propuesta no es en esencia una cuestión de plata, sino más bien una cuestión de señales hacia la educación pública y su rol en la sociedad. Así como el financiamiento compartido y la selección de estudiantes en el nivel escolar generaron una fuerte emigración de talentos desde los establecimientos municipales a los particulares subvencionados, esta propuesta busca incentivar y premiar al ciudadano que hace su apuesta –a veces por necesidad, pero también por convicción– por la educación pública.
Un fenómeno migratorio hacia la educación pública como el que aquí promovemos se observa actualmente en la ciudad de Washington, ejemplo citado por el ministro Eyzaguirre, quien luego de vivirlo en carne propia lo ha utilizado para inspirar uno de los objetivos de la reforma, como es la integración social. Según palabras de Kaya Henderson, supervisora del sistema de educación pública de la capital estadounidense, “si quieres que realmente cambien las escuelas públicas, entonces haz que la gente que trabaja en educación lleve a sus hijos a esas escuelas. Porque lo que vas a hacer por tus propios hijos es muy diferente de lo que vas a hacer por hijos de otras personas”.
De esta manera, garantizar gratuidad a los egresados del sistema público mixto introduce un cambio de paradigma orientado a mirar con mejores ojos nuestra educación pública, garantizando ex ante un derecho civil (y no por condición socioeconómica, pues quisiéramos volver a ver a la élite egresando de la educación pública) donde la variable de decisión es la pertenencia a un proyecto educativo de carácter público.
Esta política puede tener incluso efectos impensados desde el tiempo presente, pues claramente el proceso de integración social es en sí virtuoso, y en este caso, al menos, lo que se pretende es romper inercias propias de nuestro sistema educativo, tal como lo es el alejamiento de las élites de los proyectos educativos públicos.
Los queremos de vuelta. Los queremos a tod@s junt@s y revuelt@s.
