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Aborto: las estrategias que faltan en Chile

por 8 julio, 2014

Una gran alianza transversal estaría faltando. Una alianza de la sociedad civil donde estén presentes representantes de organizaciones de mujeres, partidos y movimientos políticos, grupos académicos, gremios y colegios profesionales vinculados al sistema de salud y de justicia, agrupaciones de derechos humanos, organizaciones por el Estado Laico, entre otros actores.

Desde que la Presidenta de la República reafirmó en su discurso del 21 de mayo la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales como un compromiso de su gobierno, ha sido numeroso el despliegue de argumentos a favor y en contra de esta medida. Lo interesante ha sido que tras décadas de insistencia de las organizaciones feministas y de especialistas en la materia, hoy podemos decir que el aborto está en agenda en Chile. De eso no hay duda.

El aborto es un derecho y esto es claro para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los pronunciamientos de diferentes Comités de monitoreo de tratados de derechos humanos han emitido recomendaciones generales sobre cómo debe interpretarse el derecho al aborto. Se ha dicho, por ejemplo, a Chile que revise la legislación vigente sobre el aborto con miras a despenalizarlo en los casos de violación, incesto o riesgo para la salud o la vida de la madre (Comité CEDAW, 2012) y que evite interrogar a las mujeres que concurren a los hospitales por aborto inducido (Comité contra la Tortura, 2013).

Por otro lado, la ilegalidad del aborto y la penalización del mismo, vulneran una serie de derechos; entre ellos: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, comprendido como la prohibición de tratos crueles e inhumanos, a la autonomía, al debido proceso y a la salud.

Una gran alianza transversal estaría faltando. Una alianza de la sociedad civil donde estén presentes representantes de organizaciones de mujeres, partidos y movimientos políticos, grupos académicos, gremios y colegios profesionales vinculados al sistema de salud y de justicia, agrupaciones de derechos humanos, organizaciones por el Estado Laico, entre otros actores.

Pero ¿qué hace diferente el escenario actual de otros intentos por la despenalización? La gran diferencia con escenarios anteriores, donde hubo iniciativas legislativas por despenalizar el aborto y campañas de la sociedad civil para promover su acceso, es que hoy existe la voluntad política declarada del gobierno de avanzar en esta materia.

Otro elemento de la contingencia es la respuesta que acaba de dar el Estado de Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). En lo medular esta respuesta apunta a reafirmar el compromiso por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo sólo en tres causales: peligro de la vida de la madre, violación e inviabilidad del feto; y la generación de un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos. Así también se rechaza una de las recomendaciones reafirmando que, tal como lo señala el ordenamiento jurídico chileno, la existencia legal de toda persona humana principia al nacer, esto es, al separarse de la madre.

El gran desafío pareciera estar entonces en cómo las mujeres organizadas en distintos referentes políticos y sociales sabemos aprovechar esta coyuntura. Estrategias hay muchas, pero la clave en otros países ha estado en el permanente cabildeo, la articulación de organizaciones de mujeres y feministas, en la conformación de alianzas con otros actores, como partidos políticos y el movimiento de derechos humanos en general, en la definición estratégica de vocerías, en la elaboración de argumentos jurídicos en línea con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la comunicación informada de los distintos aspectos que fundamentan el derecho a decidir de las mujeres sobre el aborto.

El litigio de alto impacto en Colombia logró la liberalización parcial del aborto el 2006 con una estrategia muy centrada en los puntos señalados. En síntesis, la Corte Constitucional argumentó que: 1) la total penalización del aborto constituía una violación a los derechos de las mujeres y niñas en Colombia; 2) existe una diferencia entre la protección a la vida en formación y el derecho a la vida, y 3) la titularidad del derecho a la vida se restringe a la persona humana, aunque se reconozca que también debe otorgarse protección jurídica al que está por nacer. Este logro no sólo se basó en una sólida estrategia jurídica, la sociedad civil se articuló y se generó una interesante apuesta comunicacional.

Es muy pertinente mirar la experiencia de otros países latinoamericanos en que se ha logrado imponer argumentos a favor del aborto en las decisiones jurídicas nacionales y en tribunales internacionales como la Corte Interamericana.

En Chile se ha desplegado una serie de iniciativas ciudadanas. Han circulado cartas, campañas por redes sociales, se han conformado coordinaciones políticas y se están realizando foros académicos prácticamente todas las semanas. Quizás el desafío es cómo aunar estos esfuerzos en el marco de una estrategia política más integral que incluya incluso el apoyo internacional de articulaciones de mujeres que han estado en la defensa del aborto en países latinoamericanos.

Una gran alianza transversal estaría faltando. Una alianza de la sociedad civil donde estén presentes representantes de organizaciones de mujeres, partidos y movimientos políticos, grupos académicos, gremios y colegios profesionales vinculados al sistema de salud y de justicia, agrupaciones de derechos humanos, organizaciones por el Estado Laico, entre otros actores.

Se ha señalado que este segundo semestre el gobierno dará curso a la discusión formal de su proyecto de despenalización. Quienes apoyamos esta propuesta como un primer paso para el acceso al derecho al aborto y al abordaje integral de este tema, no podemos perder esta oportunidad.

Es un momento que puede ser histórico para las luchas por los derechos humanos de las mujeres en Chile. Sólo falta articularnos en un gran movimiento por el derecho a decidir.

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