El Senado de la República dio un paso más en acrecentar su desprestigio, falta de credibilidad y confianza ante el país al aprobar la censura presentada por los senadores de la Nueva Mayoría contra el senador Alejandro Navarro. Porque, más allá del discutible vicio reglamentario en que incurrieron los senadores al votar un asunto en el cual tenían un interés directo y personal, situación que les está expresamente prohibida por el artículo 5º B de la Ley 18.918 Orgánica Constitucional de Congreso Nacional y en el artículo 8º de su propio Reglamento Interno, por cuanto del propio documento que contiene la presentación de la censura se desprende inequívocamente el interés directo y personal que tenían en el resultado del asunto que estaban promoviendo, también está el espectáculo que nuevamente ofrecieron a la opinión pública: el de un cuerpo privilegiado que, transversalmente, se defiende a sí mismo.
Respecto de lo primero y para mayor claridad, transcribo parte de la presentación de la censura: “Sus dichos constituyen una conducta irresponsable al no especificar los antecedentes que fundan las acusaciones dirigidas a un extenso grupo de senadoras y senadores incurriendo así en una práctica calumniosa que no podemos aceptar”. Y añaden: “La imprecisión y generalidades constituyen una denostación de la labor que desempeña el Senado al acusar falsamente a los miembros del Congreso de haber sido cooptados por intereses corporativos”. Lo anterior va en abierta contradicción con el artículo 5º B de Ley 18.918 que textualmente señala: “Los miembros de cada una de la Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges…”.
[cita] Es impresentable que el Senado censure a Navarro por sus dichos que solo buscaban una mayor transparencia en la actividad política, “por cuanto un ciudadano común y corriente legítimamente podría concluir que se terminan entregando rentas de cientos de millones de dólares anuales a un número muy pequeño de familias debido a que algunos parlamentarios terminaron votando no necesariamente pensando en el bien de Chile, sino en el de sus financistas” (Eduardo Engel, respecto a la Ley de Pesca. La Tercera, 3 de marzo 2015). [/cita]
A su vez, el artículo 8º del Reglamento del Senado transcribe textualmente dicha norma y agrega un inciso final que señala: “Sin embargo, no regirá este impedimento en negocios de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones o aquellos asuntos de que trata el Título XII de este Reglamento”. El Título XII se refiere a la Ley de Presupuesto. De lo anterior se desprende que los senadores infringieron dichas disposiciones legales y reglamentarias, por cuanto este impedimento no solo procede cuando se vota un proyecto de ley; sino que en todo asunto en que esté presente el interés personal y directo de los parlamentarios, sea este una ley, un proyecto de acuerdo, una censura u otra materia.
Pero como dije, más allá del cuestionable tema reglamentario, está el tema político de fondo, cual es acallar, a como dé lugar, cualquier atisbo de diferencias o discrepancias al interior de la Nueva Mayoría, dando una clara señal de dureza y rigidez política a aquellos que pretendan apartarse de la línea política que señale el Gobierno y la coalición.
Es impresentable que el Senado censure a Navarro por sus dichos que solo buscaban una mayor transparencia en la actividad política, “por cuanto un ciudadano común y corriente legítimamente podría concluir que se terminan entregando rentas de cientos de millones de dólares anuales a un número muy pequeño de familias debido a que algunos parlamentarios terminaron votando no necesariamente pensando en el bien de Chile, sino en el de sus financistas” (Eduardo Engel, respecto a la Ley de Pesca. La Tercera, 3 de marzo 2015).
Dicho lo anterior, sería muy sano, en aras de la transparencia que el país exige a sus representantes, que los senadores del Partido Socialista, Juan P. Letelier y Fulvio Rossi, quienes fueron los únicos senadores del denominado mundo progresista que votaron a favor de la Ley de Pesca, sinceren y transparenten sus aportes reservados de $ 85.077.785 y $ 17.000.000, respectivamente.
Los otros senadores de la Concertación que votaron a favor de la Ley de Pesca, que son Jorge Pizarro, Patricio e Ignacio Walker, Andrés Zaldívar y Hosaín Sabag, conjuntamente con la derecha, la opinión pública puede entender sus motivaciones políticas y económicas que avalaron su voto. Mientras ello no ocurra, la afirmación de Eduardo Engel, presidente de la Comisión Anticorrupción, tendrá plena vigencia.
La censura a Navarro se produce, además, cuando varios senadores que están formalizados o investigados por graves delitos e irregularidades siguen en funciones, sin que el Senado nada diga al respecto, lo cual acrecienta la sospecha ciudadana. Lo anterior agrava esta situación y pone en riesgo todo el conjunto de reformas que impulsa el Gobierno, al tener que someterlas a una discusión legislativa ante un Senado absolutamente deslegitimado, desprestigiado y carente de toda credibilidad.
