Por estos días en los que el país vuelve a conmoverse con el testimonio de Carmen Gloria Quintana y el recuerdo de la crueldad de la dictadura cívico-militar, el Gobierno se ve otra vez enfrentado al tema de los Derechos Humanos.
Instalado el tema en la agenda, tal como ocurre cada cierto tiempo a pesar del deseo contrario del Gobierno, de la derecha y de las corporaciones mediáticas, el Ejecutivo comienza una vez más a ensayar estrategias comunicacionales y respuestas ad hoc ante dicho panorama. Esta vez La Moneda se ha visto obligada a pronunciarse acerca de la posibilidad de degradar a los delincuentes con uniforme que protagonizaron crímenes atroces y también acerca de la demanda de cerrar Punta Peuco, la cárcel exclusiva para militares que se construyó en los gobiernos de la Concertación, o poner fin al secreto por 50 años que implica el Informe Valech en materia de nombres de torturadores.
Respecto de la degradación de los uniformados criminales, el gobierno, a través de su vocero ha señalado recientemente que “la medida se está evaluando” y que se considera como “una hipótesis de iniciativa”.
Este cuidadoso uso del lenguaje (¿qué significa en este caso “hipótesis de iniciativa”?) para referirse a un tema tan impactante como la justeza de degradar o no a un oficial que quemó vivos a dos jóvenes, da cuenta de la distancia y escasa empatía que el Gobierno tiene con el tema de las violaciones a los DD.HH. Pero no sólo eso, también es el primer síntoma que todo lo que por estos días se prometa en esta materia no se cumplirá.
[cita] Ha pasado un año y nada se ha derogado. Los hechos demuestran no sólo que Bachelet volvió a incumplir otra promesa, no solo que seguimos con la misma Ley de Amnistía de 1978, sino que el proyecto de ley aún está en el Senado, desde donde algún día debería pasar a la Cámara. No es todo, el Ejecutivo le ha quitado este año tres veces la suma urgencia (el 11 de marzo, el 20 de mayo y el 7 de julio). Así las cosas, al día de hoy se encuentra con urgencia simple, es decir, sin prioridad alguna y podría permanecer así unos cuantos años más. [/cita]
Y esto no lo sostengo a modo de especulación, sino sobre la base de hechos objetivos y persistentes en el tiempo que la gobernanza concertacionista ha demostrado desde 1990 en adelante, de manera unívoca. Son muchísimos los ejemplos que se podrían enumerar en ese sentido, por ejemplo, la defensa de Estado que, encabezada por el socialista José Miguel Insulza, se hizo de Pinochet, cuando estaba detenido en Londres. O que el cierre del Penal Cordillera lo hizo el Gobierno de derecha de Sebastián Piñera, simplemente porque tuvo la voluntad política de hacerlo. O la permanente opción concertacionista de promover justicia solo para algunos crímenes emblemáticos, tal como nos recordó en estos días Carmen Gloria Quintana.
Pero el dato más fuerte, en este sentido, es la persistencia total y plena de la Ley de Amnistía, dictada en 1978 y que hasta el día de hoy forma parte de nuestra normativa jurídica. Derogar el Decreto Ley de Amnistía fue una de las promesas centrales del programa de gobierno de la Concertación desde 1990, pero nunca se derogó, ni aún cuando existían los votos para ello.
Y en septiembre del año pasado, cuando se cumplía otro aniversario del Golpe, la Presidenta Michelle Bachelet anunció al país, en una sobria y televisada ceremonia en el Patio de Los Naranjos, el envío al Congreso, “con suma urgencia”, de un proyecto que derogaría la Ley de Amnistía en Chile.
Bueno, ha pasado un año y nada se ha derogado. Los hechos demuestran no sólo que Bachelet volvió a incumplir otra promesa, no sólo que seguimos con la misma Ley de Amnistía de 1978, sino que el proyecto de ley aún está en el Senado, desde donde algún día debería pasar a la Cámara. No es todo, el Ejecutivo le ha quitado este año tres veces la suma urgencia (el 11 de marzo, el 20 de mayo y el 7 de julio). Así las cosas, al día de hoy se encuentra con urgencia simple, es decir, sin prioridad alguna y podría permanecer así unos cuantos años más.
Por lo mismo, considerando todos los antecedentes en materia de políticas reparatorias respecto de las violaciones a los DDHH en los últimos 25 años, es realista no creer por estos días, en los que estamos a punto de conmemorar otro 11 de septiembre, ninguna de las promesas que el Gobierno haga en la materia. Hay que tomarlas como lo que han sido todo este tiempo: marketing comunicacional y ejercicios discursivos para enfrentar la agenda del día.
