Opinión
La responsabilidad política principal de la reforma está en las manos de la Ministra Delpiano. Es una tarea difícil, pues son múltiples los intereses y las presiones; basta recordar que en la Nueva Mayoría siguen conviviendo múltiples mercaderes de la educación (incluyendo a dos ex Subsecretarios de Educación como Ángel Maulén y Pilar Romaguera, a una ex vocera de gobierno como Pilar Armanet, a uno de los principales jerarcas históricos como Gutenberg Martínez, y a un diputado como Daniel Farcas).
El nivel de la discusión sobre gratuidad en la educación superior en estas últimas semanas es preocupante. En un momento en que está en juego la posibilidad de construir la educación que soñamos para las próximas décadas, pareciera que lo único que se requiere debatir es dónde poner la plata, mientras que la discusión de fondo -necesaria para transformar nuestro paupérrimo sistema universitario- se esconde debajo de la alfombra. Afloran las posturas corporativas, intentando justificar una clasificación en que la Universidad de cada cual salga favorecida, pero las reflexiones sistémicas, que sitúan la discusión pensando en el país que queremos construir, quedan relegadas a un segundo plano.
Partamos por lo básico. Nuestro sistema de educación superior hoy se rige bajo las leyes del mercado. Esta afirmación va mucho más allá de la existencia de instituciones con fines lucrativos. Que la forma de ordenamiento sea mercantil, significa que las universidades se rigen bajo principios de competencia, intentando ajustarse a las leyes de oferta y demanda. Esto ha significado consecuencias nefastas para el sistema educativo, a saber: niveles absurdos de endeudamiento, altísimas tasas de deserción y de titulados que no encuentran empleo en su área profesional, priorización de carreras que sean baratas de enseñar, bajo vínculo entre la investigación de las casas de estudio y las necesidades de la sociedad, precariedad laboral para sus funcionarios e investigadores jóvenes, niveles cada vez mayores de segregación, entre otras. Es decir, un sistema irracional que hace agua.
Es bastante evidente que lo anterior no se soluciona simplemente inyectando más recursos en el actual sistema, y mucho menos cambiando el nombre de los recursos que ya existen. Lo que se requiere es un rediseño del sistema, con principios orientadores coherentes con las necesidades de Chile en el siglo XXI en términos de necesidades de profesionales, de investigación, de integración social y otros desafíos. Fijar entonces los principios que guiarán al modelo es esencial, especialmente cuando las ideas que inspiran al actual modelo fueron diseñadas en dictadura: ¿no es lo más razonable entonces que hoy esto pueda ser discutido en forma democrática por la sociedad?
[cita]La discusión que ha planteado el MINEDUC se basa solamente en porcentajes y formas de clasificar, con montos limitados por una reforma tributaria cuyo papito fue el entonces presidente de la asociación de bancos. Pero la peor discusión se da en cuanto a las formas de clasificar: pareciera que se busca el subconjunto idóneo de Universidades para recibir los fondos que avancen hacia la gratuidad, sin hacerse cargo de que no hay ninguna forma de clasificar a las Universidades que sea positiva, si antes no se transforma la manera en que las Universidades se conforman y se relacionan entre sí y con sus comunidades. La discusión no es si las estatales, las del CRUCH, las acreditadas o todas. La discusión relevante es cómo lograr tener las Universidades qué necesitamos. La discusión de fondo, básicamente, es cuál es la educación pública que Chile requiere, pues sólo con educación pública se erradica al mercado de la educación.[/cita]
Sin embargo, la discusión que ha planteado el MINEDUC se basa solamente en porcentajes y formas de clasificar, con montos limitados por una reforma tributaria cuyo papito fue el entonces presidente de la asociación de bancos. Pero la peor discusión se da en cuanto a las formas de clasificar: pareciera que se busca el subconjunto idóneo de Universidades para recibir los fondos que avancen hacia la gratuidad, sin hacerse cargo de que no hay ninguna forma de clasificar a las Universidades que sea positiva, si antes no se transforma la manera en que las Universidades se conforman y se relacionan entre sí y con sus comunidades. La discusión no es si las estatales, las del CRUCH, las acreditadas o todas. La discusión relevante es cómo lograr tener las Universidades qué necesitamos. La discusión de fondo, básicamente, es cuál es la educación pública que Chile requiere, pues sólo con educación pública se erradica al mercado de la educación. Hasta hoy, después de un año y medio de gobierno, varios rediseños y anuncios erráticos: ¿Alguien sabe cuál es la manera en que el gobierno entiende a la educación pública?
Hoy la responsabilidad política principal de la reforma está en las manos de la Ministra Delpiano. Es una tarea difícil, pues son múltiples los intereses y las presiones; basta recordar que en la Nueva Mayoría siguen conviviendo múltiples mercaderes de la educación (incluyendo a dos ex Subsecretarios de Educación como Ángel Maulén y Pilar Romaguera, a una ex vocera de gobierno como Pilar Armanet, a uno de los principales jerarcas históricos como Gutenberg Martínez, y a un diputado como Daniel Farcas). La posibilidad de construir la reforma que Chile necesita depende de la voluntad de discutir los principios orientadores que guiarán ese esfuerzo, y requiere la construcción de acuerdos con el mundo social para poder vencer a tanto poderoso enemigo de los cambios en educación. El problema no es si “todo o nada” -una reforma de esta envergadura requiere gradualidad-, el punto es tener una reforma legítima.
Lamentablemente el rumbo que está tomando la reforma y los intentos por resolver los problemas de conducción del Mineduc en un cónclave de espaldas a los movimientos sociales parecen apuntar en la dirección contraria. Hay tiempo para enmendar el rumbo, y una sociedad entera ávida de una educación digna, dispuesta a movilizarse y apoyar los cambios. No desaprovechemos otra oportunidad.
