El aborto terapéutico estaba contemplado en el Código Sanitario en 1931, fecha en la que aún las mujeres en Chile no tenían derecho a voto, pero sí a cuidar su vida. La disposición fue cambiada al final de la Dictadura Militar, en 1989. Antes fue legal y socialmente aceptado interrumpir un embarazo para proteger el derecho a la vida y a la salud de las mujeres.
El Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, un demócrata cristiano revolucionario capaz de entender y traducir los problemas sociales y las necesidades de las personas, y que actúo a pesar de la censura de la Iglesia Católica y de sectores conservadores de la época, propuso una política de salud pública, de sexualidad y de control de la natalidad y una política de educación acorde con la anterior. Dichas políticas de salud y de educación sexual se vieron interrumpidas durante la dictadura y necesitan un nuevo diseño en el marco de la mencionada propuesta de Ley.
Hoy el aborto es un delito: la mujer y/o el médico pueden ir a la cárcel por practicarlo. Apoyamos la despenalización de la interrupción del embarazo ante situaciones límites como plantea el proyecto de ley ingresado al Congreso el 31 de enero del presente año, que establece 3 causales: el riesgo de muerte de la mujer, inviabilidad del niño y violación.
[cita] Aspiramos a una sociedad empática, o al menos tolerante, con las mujeres que viven un embarazo vulnerable en las tres causales descritas, creemos en un Chile que crece y se transforma en un lugar mejor, más digno y justo para nuestras mujeres y niñas. [/cita]
Las tres causales señaladas en el proyecto de Ley podrían ser consideradas casos excepcionales y complejos, por lo que esta propuesta de ley y la votación a favor de parte de nuestros parlamentarios no conlleva falta alguna en relación con las materias del V Congreso Ideológico.
En este marco algunos militantes sostienen lo contrario. En el respeto que nos merecen sus afirmaciones pensamos que, si así fuera el caso y el V Congreso nos limitara como partido, ya han pasado casi 8 años y es necesario revisar esa posición, a la luz de los avances en la salud pública y de los tratados internacionales que establecen estándares y acuerdos, a los que Chile ha suscrito.
La legislación debe garantizar el bien común y la protección en igualdad de condiciones de todos los chilenos y chilenas. Se trata de políticas de protección de las personas tanto en su integridad física como psíquica.
En relación con el ejercicio de la fe, cada persona debe actuar libremente en consecuencia con sus creencias y decidir si usa o no lo que el Estado garantiza como mínimo. Es así como se ha legislado en el pasado sobre la separación entre la Iglesia y el Estado, los cementerios laicos y, más recientemente, sobre los anticonceptivos, el divorcio, la entrega de la píldora del día después, etc., todos temas difíciles para la Iglesia Católica y otras. Hay que tener siempre presente que el PDC es un partido político NO confesional que aspira a mejores condiciones para todos y todas, en libertad. Son muy respetables todas las posiciones, pero ello no implica que la ciudadanía deba estar subordinada a un credo o varios credos religiosos. Todas las religiones y creencias deben tener cabida, pero el Estado debe garantizar que cada persona decida libremente y que su decisión pueda ejercerse de modo abierto y plural.
Aspiramos a una sociedad empática, o al menos tolerante, con las mujeres que viven un embarazo vulnerable en las tres causales descritas, creemos en un Chile que crece y se transforma en un lugar mejor, más digno y justo para nuestras mujeres y niñas.
Finalmente, apoyamos el proyecto de ley porque como mujeres sabemos que cuando una de nosotras interrumpe el embarazo sufre un dolor que únicamente nosotras conocemos y que con toda seguridad nos acompañará durante toda la vida. Una mujer recurre al aborto solo en condiciones extremas. Constituye un hecho doloroso para ella y su familia.
