Opinión
La fumada de «opio» de los incautos provincianos fue fuerte: dos mil dirigentes en quince cabildos regionales y votación unánime del Informe de 33 comisionados sin votos de minoría: se esperaba elección de intendentes el 2016/17, traspaso de competencias mínimas de manera simplificada –Serviu, Corfo, Indap–, pago tributario de las grandes empresas extractivistas en los territorios –mineras, eléctricas, forestales, puertos, pesqueras–, más recursos a los municipios a cambio de garantizar servicios de manera explícita, simplificación de plebiscitos comunales, empuje a la economía regional sin miedo al endeudamiento con reglas de control.
Se aproxima el aniversario de la entrega del Informe de la Comisión Presidencial para la Descentralización y los resultados son exiguos –posibilidad amenazada de partidos regionales y las universidades en O’ Higgins y Aysén–. Lo concreto es que se enviaron dos proyectos sin urgencias al Congreso, los que no tienen avances significativos.
Recordemos que tres fueron las claves y los pilares, como el ABC de todo proceso sincero de descentralización: a) elección de intendentes sin consenso porque el Ejecutivo creó la figura paralela y fuerte de gobernador regional –sin votación en general en el Senado–; b) traspaso de competencias que tiene un pilotaje largo y, salvo el Serviu, se crearían divisiones nuevas en los Gores que recibirían programas de Corfo y un poco más –estancado en la Comisión de Gobierno de la Cámara–; c) devolución y fortalecimiento de recursos municipales y regionales sin envío de proyecto aunque anunciado para este semestre.
Otros componentes no han sido considerados, como los elementos de fortalecimiento de la participación, solución al conflicto mapuche por la vía de región autónoma plurinacional, reactivación económica en regiones con posibilidad de endeudamiento para megaproyectos de infraestructura –túneles Las Leñas con Argentina, entre otros– e incentivos tributarios, ni tampoco la ley de espejo en infraestructura de transporte y trenes –viene la millonaria línea 7 del Metro en Santiago y no hay noticias del tren al sur–, etc., etc.
La fumada de «opio» de los incautos provincianos fue fuerte: dos mil dirigentes en quince cabildos regionales y votación unánime del Informe de 33 comisionados sin votos de minoría: se esperaba elección de intendentes el 2016/17, traspaso de competencias mínimas de manera simplificada –Serviu, Corfo, Indap–, pago tributario de las grandes empresas extractivistas en los territorios –mineras, eléctricas, forestales, puertos, pesqueras–, más recursos a los municipios a cambio de garantizar servicios de manera explícita, simplificación de plebiscitos comunales, empuje a la economía regional sin miedo al endeudamiento con reglas de control, fondo de convergencia regional más flexible que la mera inversión física, asegurar que la mitad de los fondos de Conicyt se entregaran a regiones versus la hipercentralización en las úes ABC1 de Santiago.
[cita]La Presidenta mandó los proyectos y el ministro Burgos debe entender que el supuesto orden es un caos que suma conflictos y que la reforma descentralizadora debe avanzar, aunque los jerarcas del duopolio acordarán postergarla por la vía de la abierta oposición –como Andrade del PS–, el cinismo de incumplir lo que se dice en público –documento DC-RN en favor de la descentralización y el semipresidencialismo– o la banalidad de no concentrarse en promesas que se hacen una y otra vez para naturalizar la corrupción programática y las promesas/comisiones del futuro.[/cita]
Peor aún la idea de Lagos de fusionar en el futuro regiones para crear macrogobiernos por vocaciones económicas, como un terminator de décadas de historia provincial y regional, la que se ha ido construyendo socialmente, al decir de Boisier. El ex Presidente Lagos viene con una idea bonapartista, categoría en los diccionarios de ciencia política que se asocia al iluminismo autoritario de Napoleón, que se sumaría a la ya autoritaria regionalización en dictadura. Se considera excesivo que Chile llegue a 16 regiones con Ñuble, pero se siguen multiplicando las agencias centrales de todo tipo en un caso de hiperinstitucionalización, se anuncian nuevos ministerios y no se da democracia ni poder relevante a las regiones. Además en su sexenio no se cumplió ninguna de las promesas de mayor autonomía regional –en su programa del 1999 se consignó elección de Cores con un presidente regional, ley de rentas regionales, gobiernos metropolitanos, solo letra muerta–.
En Perú y otros países en que hubo fusión, se rebelaron los territorios y en plebiscitos (voz del pueblo) se volvió a los departamentos originales. La identidad, la historia que pervive, los lazos que se construyen, no pueden ser objeto brutal del mero rational choice, la planificación ingenieril. Díganle a La Rioja en Argentina que es despoblada, fusionen Delaware con Maryland en USA, o acaben con el estatus de land de las ciudades de Bremen y Hamburgo en Alemania… Lo de Francia, simplificación de sus numerosos sistemas de gobiernos intercomunales y regiones metropolitanas, ha sido lo mismo que propuso de manera pragmática la Comisión Presidencial chilena: no duplicar órganos, simplificar, el intendente electo con tres funciones en una: jefe del gobierno regional, presidente del Core y encargado del área metropolitana con un consejo de alcaldes. En Francia no se ha eliminado ninguna región histórica. Lo que sí es legítimo es debatir reglas a la creación de regiones para evitar la dispersión excesiva u obligar a plebiscitos en todos los territorios como propuso la Comisión.
Pero el mayor antídoto para evitar nuevas regiones es precisamente permitir la elección de intendentes por toda una comunidad regional –y no parcelando para futuros senadores–, darles poder y recursos, aceptar flexibilidad para «arreglos político-sociales» propios con sus provincias, municipios y pueblos indígenas. Todos quieren ser Región para que los escuche el centro que concentra el poder. Por otro lado, es una lesera reducir el desarrollo regional a una vocación económica con enfoques demodé: los territorios quieren y se desarrollan de manera endógena en diversas áreas, aprovechan los clusters pero con coparticipación de la renta relevante y la renta que generan los polos dinámicos para reinvertir y diversificarse. Chile necesita más autonomía regional y menos megalomanías pseudofuturistas, como si se nos viniera a los territorios una versión siglo XXI de Tiburón IV o Terminator.
Con todo la Presidenta mandó los proyectos y el ministro Burgos debe entender que el supuesto orden es un caos que suma conflictos y que la reforma descentralizadora debe avanzar, aunque los jerarcas del duopolio acordarán postergarla por la vía de la abierta oposición –como Andrade del PS–, el cinismo de incumplir lo que se dice en público –documento DC-RN en favor de la descentralización y el semipresidencialismo– o la banalidad de no concentrarse en promesas que se hacen una y otra vez para naturalizar la corrupción programática y las promesas/comisiones del futuro.
Las regiones requieren compromisos en el presente. Los senadores Horvath y Quinteros han sido explícitos en avanzar en la elección de intendentes y apoyan documento de ex comisionados que piden eliminar gobernador regional y crear un sistema de resolución de controversias en traspaso de competencias entre Gobierno central y nacional. El senador Espina, Ena Von Baer y Andrés Zaldívar dicen que con compromiso del Gobierno de eliminar gobernador regional, avanzar en recursos y dejar la fórmula electoral para la ley orgánica, se puede votar en primer trámite. Aún es tiempo de avanzar, aunque estamos como el dictador: metas sin plazos.
