Mucho se discute hoy en día sobre cuáles deberían ser los requisitos o exigencias para que una Universidad obtenga la gratuidad. Sin embargo, a pesar de que está incorporado en el Proyecto de Ley, no se ha escuchado a nadie defender la postura de la inclusión de estudiantes con discapacidad, como un parámetro relevante.
Las universidades estatales tienen cierta prevalencia, discutible, para contar con el beneficio de la gratuidad, pero no por ello se debe excluir de plano a las universidades privadas.
La Universidad Santo Tomás Santiago, y todas sus sedes lo largo del país, cuentan con un Comité de Inclusión que ha implementado ayudas concretas para los estudiantes con discapacidad que estudian en nuestra institución. Contamos, desde este año, con el Sistema TransVoz y un Centro de Recursos con Impresora Braille, financiado, en parte, con el apoyo de SENADIS. En paralelo, trabajamos en establecer políticas claras que permitan el ingreso, permanencia y egreso de nuestros alumnos en esta situación.
Muchas universidades cuentan con estos apoyos, motivo por el cual no estoy señalando un estándar que sea tan difícil de cumplir, el tema es que se considere y se incorpore, dentro de los procesos de acreditación, como una exigencia permanente que permita que más estudiantes con discapacidad accedan a la Educación Superior, en igualdad de condiciones y en forma gratuita.
Hoy nuestra sociedad necesita centrarse más en valores que apunten a la inclusión, y no sólo en estándares académicos, científicos… o económicos.
