Opinión
Al reconocer sus propios deberes y sus propias facultades regulatorias, los empresarios chilenos podrían dar señales claras de los estándares que defienden ante la opinión pública. De otra forma, estamos ante un reclamo que no tiene un correlato en las más íntimas prácticas empresariales. Las sanciones gremiales a la CMPC por el caso colusión muestran una de las herramientas que tiene el empresariado, cual es “representar-y-castigar” a las empresas asociadas a sus gremios. Esa llave no agota, sin embargo, el manojo de facultades y herramientas normativas que tienen los gremios en particular y los empresarios en general para autorregularse y promover los estándares éticos que reclaman de lo público. En concreto, en la Enade se podría haber avanzado en la discusión de “aristas” de la relación entre dinero y política que podrían ser abordadas por el empresariado con normas propias a nivel gremial y a nivel de ética pública.
Cada Enade pasa con sus frases en latín y buenas intenciones público-privadas. Este año la pregunta era Quo modo o cómo hacer. La prensa repitió, como cada doce meses, que allí se congregaron los máximos empresarios, junto a políticos, abogados, jóvenes intelectuales, todos animados a crear un mejor país. Tanta gente tan importante y tan bien intencionada reunida para mirar power points y escuchar oradores debería ser motivo de celebración nacional. De hecho lo es, o así parece al mirar las fotografías, todos tan alegres, tan contentos, con tanto entusiasmo conversando sobre el Chile del futuro. Tanta gente tan alegre, tan importante y tan bien intencionada reunida para mirar power points que de repente se quedan pegados. Y todos sonríen. En el país del power point el chiste es que la “lámina” se quede pegada.
Este año 2015, especialmente, marcado por la discusión sobre el financiamiento de la política, esperábamos todos que en la Enade se dijera algo. “Algo” no cuenta como vagas referencias al asunto, autocríticas masoquistas, ni tampoco anuncios metafísicos de un próspero porvenir. Lo que estamos discutiendo en Chile, por si en la Enade no se han dado cuenta, son normas. Léase, normas, en un sentido amplio, amplísimo, que no restringe la discusión al Congreso, ni al Ejecutivo, ni tampoco a las leyes de la República. Hablamos sobre normas en el sentido de directrices de comportamiento que creemos necesarias, que nos permiten coexistir con otros y a la vez conocernos con otros. En la Enade no se discutió, y rara vez se discute, sobre normas. Esto es paradójico en el contexto que vivimos, todavía más encima si oímos con cuidado lo que piden los empresarios en sus intervenciones: “Reglas claras”. En esta visión de mundo, las reglas las pone solamente el Estado, obviando así cualquier facultad o deber propio de regular su actividad.
Al reconocer sus propios deberes y sus propias facultades regulatorias, los empresarios chilenos podrían dar señales claras de los estándares que defienden ante la opinión pública. De otra forma, estamos ante un reclamo que no tiene un correlato en las más íntimas prácticas empresariales. Las sanciones gremiales a la CMPC por el caso colusión muestra una de las herramientas que tiene el empresariado, cual es “representar-y-castigar” a las empresas asociadas a sus gremios. Esa llave no agota, sin embargo, el manojo de facultades y herramientas normativas que tienen los gremios en particular y los empresarios en general para autorregularse y promover los estándares éticos que reclaman de lo público. En concreto, en la Enade se podría haber avanzado en la discusión de “aristas” de la relación entre dinero y política que podrían ser abordadas por el empresariado con normas propias a nivel gremial y a nivel de ética pública. Por ejemplo, analicemos algunas ideas que se podrían haber discutido en la Enade.
En el Informe Engel, se propuso a la Presidenta que se regularan mediante una ley de inhabilidades las situaciones en las que una persona pasa de un cargo en el Estado a uno en el mundo privado y viceversa. Esto es especialmente importante en situaciones donde un trabajo y otro se encuentran íntimamente relacionados, transfiriéndose así el conocimiento acumulado (know-how, a propósito de quo modo), contactos y experiencia significativa entre lo público y lo privado. En el mundo de los negocios, los empresarios firman a menudo cláusulas de no competencia futura con sus trabajadores, precaviendo así la situación en que estos se pasan a la competencia. Si bien la relación entre regulador y regulado no es la misma que la de empresas que compiten en el mercado, la figura de las cláusulas de no competencia futura muestra una hebra que los empresarios chilenos deben entender: a veces es bueno limitar la propia libertad. Esto es lo que está en juego en las normas de puerta giratoria, que pretenden impedir que determinados intereses privados se nutran de bienes públicos para ganar ventajas en el mercado.
También ocurre que las puertas giratorias abren la oportunidad a la captura de las instituciones regulatorias y, un paso más adelante, a la captura cultural de la regulación y, finalmente, el capitalismo de amigos. La propuesta del informe Engel contempla un plazo de un año de “enfriamiento” para impedir que las puertas giratorias sean inmediatas. Esto, en la práctica implica una ampliación de la norma contenida en el artículo 58 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado que actualmente establece un plazo de 6 meses para un puñado de funcionarios de instituciones fiscalizadoras. ¿Qué pueden hacer los empresarios en esta materia? La Enade era el lugar perfecto para plantearse como clase empresarial la importancia de regular las puertas giratorias y de comprender los riesgos y oportunidades de estas normativas. Más allá aún, en sus instancias gremiales pueden promover normas de “soft law” o derecho “blando” constituido por recomendaciones, sugerencias, directrices que alerten sobre las puertas giratorias. En Estados Unidos, en España, en Australia y en buena parte de las economías desarrolladas, las puertas giratorias se encuentran reguladas con un plazo de 2 años entre un puesto y otro.
¿Quo Modo, entonces? Sin puertas giratorias.
El funcionamiento de los directorios en las empresas chilenas deja mucho que desear. En primer lugar, se observa un fenómeno de concentración en determinadas personas. En Chile es normal encontrar personas que forman parte de cinco, seis, siete, hasta quince o veinte directorios. Esto tiene una explicación sociológica y otra íntimamente empresarial. Sociológicamente, estamos ante lo que Bruno Latour y Gabriel Tardé llamaron actores-red, es decir, individuos que se vuelven engranajes de una red que los trasciende. Económicamente, es conveniente suscribirse a este actor-red y sumar en el directorio a personajes importantes de la vida social o empresarial chilena. Es así como en los 90 se volvió popular el concepto de “director con perfil público”, esto es, personas que han pasado por la política o que tienen fuertes conexiones con el aparato estatal.
[cita tipo= «destaque»]El funcionamiento de los directorios en las empresas chilenas deja mucho que desear. En primer lugar, se observa un fenómeno de concentración en determinadas personas. En Chile es normal encontrar personas que forman parte de cinco, seis, siete, hasta quince o veinte directorios. Esto tiene una explicación sociológica y otra íntimamente empresarial. Sociológicamente, estamos ante lo que Bruno Latour y Gabriel Tardé llamaron actores-red, es decir, individuos que se vuelven engranajes de una red que los trasciende. Económicamente, es conveniente suscribirse a este actor-red y sumar en el directorio a personajes importantes de la vida social o empresarial chilena. Es así como en los 90 se volvió popular el concepto de “director con perfil público”, esto es, personas que han pasado por la política o que tienen fuertes conexiones con el aparato estatal.[/cita]
Junto a este fenómeno, se observan directorios dominados por hombres, provenientes de ciertas universidades y ciertos colegios. El pluralismo que se reclama como principio para regenerar la política también debería guiar la composición de los directorios. Del mismo modo, la labor de los directorios debe ser más transparente, proporcionando más información a la opinión pública y estableciendo sus propias incompatibilidades con oficinas de lobby y directivas de partidos políticos.
Hoy es posible ser director de empresas, a la vez que dueño de una agencia de lobby, a la vez que vicepresidente de un partido político. Los directorios, como engranaje fundamental de las empresas chilenas, deben ser materia de reforma y de pensamiento crítico. El asunto no se agota solamente en la ley 18.046 de Sociedades Anónimas. El empresariado puede avanzar en normas de ética empresarial y ética pública, en recomendaciones y sugerencias, que permitan contar con datos claros respecto al cumplimento del deber de cuidado de los directores y los deberes de los comités de directores, así como de las obligaciones respecto de los sistemas de control interno. Los directorios chilenos, los gobiernos corporativos en general, deben adaptarse al nuevo estándar de ética y responsabilidad que el país exige. El empresariado chileno puede y debe construir gobiernos corporativos con más mujeres, más plurales en lo social, más transparentes en la gestión, y menos cuoteados en sus lógicas.
¿Quo modo, entonces? Con mejores directorios.
Mucho se ha discutido sobre la aplicación de la ley 20.730, cuyo foco está en transparentar la agenda de las autoridades. De tanto en tanto, algún medio golpea con información referente a parlamentarios o funcionarios que no están publicando sus agendas. Si bien este interés periodístico es completamente legítimo, esconde tras de sí que la Ley de Lobby aprobada en 2014 tiene un fuerte sesgo que impidió regular adecuadamente a las oficinas de lobby y a los gestores de interés, siendo estos últimos aquellos que no cobran por sus gestiones ante autoridades. Los gremios, por ejemplo, y las instancias empresariales en general, son gestores de interés, pues la ley entiende que los lobbistas son aquellos cuyo rubro laboral es el lobby. Los empresarios, en cambio, al representar gremios, no serían lobbistas sino gestores de interés privado. Esta sutil diferencia les ha permitido a los empresarios también evitar la discusión sobre lobby y las exigencias que implica la nueva ley.
Actualmente, no existen procedimientos legales de auditorías financieras a las oficinas de lobby ni tampoco obligaciones a las empresas de publicar su gasto anual en lobby. Cabe decir que los y las lobbistas (en esto es bueno recordar la paridad) son muchas veces contratadas y contratados por los empresarios que asisten a la Enade. Los empresarios, por tanto, podrían impulsar normas de ética empresarial que obliguen a publicar este tipo de información y a promover las buenas prácticas en torno a la Ley de Lobby. Esto implica educar a sus representantes acerca de los formularios y de las categorías legales y excepciones que rigen conforme a la ley 20.730. Una regulación inteligente y una autorregulación comprometida son la mejor combinación para tratar el lobby empresarial con madurez.
¿Quo modo, entonces? Con empresarios que entiendan la importancia de regular el lobby.
Muchos de los empresarios que asisten a la Enade financian, de buena fe, centros de estudios que promueven ideas sobre el mercado, la sociedad y las instituciones. Estos centros de estudio se encuentran revestidos de cierta superioridad intelectual, fruto de personas contratadas con grados académicos fuera del país en universidades respetadas. Hay otros, sin estos grados, que se las arreglan también para usar los centros de estudio como plataformas, trincheras, sillones acolchados, desde donde empujar agendas. Los empresarios, todos conscientes de lo que hacen, no se preocupan, sin embargo, de la regulación de los centros de estudio. Tanto es así, que los centros de estudio son hoy en Chile un descampado jurídico. Por de pronto, la etiqueta “centro de estudios” es convencional y no legal, por lo que eso que llamamos “centro de estudios” puede ser legalmente una ONG, una Corporación o una Fundación. Todas estas formas legales tienen particularidades, por lo que no es razonable que se encuentren todas mezcladas bajo la etiqueta convencional de “centro de estudios”.
Enseguida, los centros de estudio pueden funcionar como verdaderos pulpos institucionales, con diversos brazos en diversas esferas. Estas instituciones en general producen “papers”, o ensayos, libros, revistas, newsletters, y publicaciones similares que venden a empresarios y al público en general. En estas vienen contenidas las “investigaciones” de sus “investigadores”. A la vez, estas instituciones pueden vender bienes y servicios, por los que les cobran a otras empresas. Paralelamente, pueden ser asesores de parlamentarios o de partidos políticos. A la vez que también pueden acogerse a ciertos beneficios tributarios. Incluso Bienes Nacionales puede otorgarles una propiedad donde funcionar. Más allá aún, la Ley de Lobby los excluyó de ambas categorías –lobbista y gestor de intereses–, por lo que se puede utilizar un centro de estudios como organismo de lobby sin estar contemplado en los registros de las audiencias. Esto es un descampado jurídico que debe ser regulado y que debe ser entendido desde las normas. Los empresarios que financian estas instituciones deberían tener la capacidad de reflexionar sobre la regulación de estas actividades. Raro, siendo que los jóvenes intelectuales promocionados por Enade 2015 vienen, justamente, de centros de estudio financiados por empresarios. ¿Por qué no se discuten normas en la Enade? Raro, habiendo tanto abogado dando vueltas.
¿Quo modo, entonces? Con una ley de centros de estudios y con normas de publicidad sobre sus financistas.
