Durante este mes, Chile deberá informar a la OCDE del avance en la adecuación del régimen de protección de datos personales a los estándares que exige la organización internacional, a la que adhiere desde el 2007.
Se requiere una urgente revisión legislativa -hoy contenida en la Ley Nº19.628, de 1999, sobre Vida Privada- y avanzar en la generación de una institucionalidad de promoción, protección y control robusta e independiente, que sea capaz de afrontar los desafíos presentes y futuros.
El desconocimiento generalizado de la población acerca del sentido, alcance e impacto que la irrupción de las nuevas tecnologías genera en su información personal, exige un compromiso estatal claro de educación y transformación cultural progresiva que entienda que la protección de datos personales excede el ámbito del consumo y la libertad empresarial transnacional –donde hoy radica la discusión– y abarca al cuidado y atención de los derechos fundamentales de los chilenos en su realización personal, entre otros, los ámbitos referidos a la intimidad y la privacidad; la orientación religiosa; la adhesión sindical y la visión política; los hábitos sexuales y la reserva de la salud.
[cita tipo=»destaque»]Tal fortalecimiento institucional debe ser acompañado de criterios de presupuesto fiscal razonables para Chile; ser coherente con lo señalado por la Presidenta Michelle Bachelet en su primer mandato presidencial; y, consistente con la definición de su actual Administración de incluir el derecho a la protección de datos personales en la Agenda de Probidad y Transparencia[/cita]
Tales demandas de protección de los derechos de la autonomía individual requieren ser ponderados con bienes públicos de importancia jurídica y social como son la transparencia en el ejercicio de la función pública, la libertad de expresión de los medios de comunicación social y el internet, la generación de estadística para programas de desarrollo social y las facultades estatales para la investigación y persecución del delito y la lucha contra el terrorismo y narcotráfico.
A contar del 2007, se constatan iniciativas legislativas que incluyen la moción del Senado para una reforma constitucional que explicite el derecho a la protección de datos personales en el artículo 19 Nº4 de la Constitución Política. A ella se agrega la convocatoria de la Subsecretaría de Economía al sector privado, la sociedad civil y el mundo académico en la formulación de un anteproyecto de ley que incluyó un período de consulta pública y cuyos contenidos generan amplio consenso.
Queda entonces solo pendiente la definición de la institucionalidad de protección de datos personales. El entendimiento de los sectores comprometidos, la experiencia comparada y las obligaciones internacionales de Chile, muestran la importancia de generar un órgano colegiado y autónomo, de miembros que se dediquen a tiempo completo y sean nombrados conjuntamente por el Congreso y el Presidente de la República.
Tal fortalecimiento institucional debe ser acompañado de criterios de presupuesto fiscal razonables para Chile; ser coherente con lo señalado por la Presidenta Michelle Bachelet en su primer mandato presidencial; y, consistente con la definición de su actual Administración de incluir el derecho a la protección de datos personales en la Agenda de Probidad y Transparencia.
Desde su creación en el año 2008, a través de la Ley 20.285, el Consejo para la Transparencia ejerce la función pública de ponderación del acceso a la información y los datos personales que obran en poder de la Administración del Estado. La experiencia, reconocimiento y liderazgo nacional e internacional acumulados a la fecha dan garantía de continuidad y de confianza institucional para -con las mejoras señaladas- asegurar al país la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de las competencias de protección de los datos personales.
