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2015-2016: entre la desconfianza, la descomposición y la politización

por 30 diciembre 2015

2015-2016: entre la desconfianza, la descomposición y la politización
El 2015 se concretizarán varias de las proyecciones y temores expresados por las “viejas guardias” concertacionistas. La desconfianza que la ciudadanía mantiene frente al rol ejecutado por las cúpulas políticas, empresariales y eclesiásticas del país se “expandió como una mancha de aceite”, volviendo “chatarra” la credibilidad de los actores que han conducido los destinos del país durante las últimas décadas.

Hace pocas semanas, la opinión pública comenzó a referirse al 2015 como el año de la desconfianza. Esta caracterización –acorde al “estado anímico” que pervive en nuestra sociedad– se vuelve mucho más certera si es que se complementa con un proceso que se ha venido incubando hace ya largos años y que hoy comienza a aparecer con mayor nitidez. Tal como lo sintetizara el último informe del PNUD, hablamos de los tiempos de la politización.

Desconfianza y politización: dos caras de una misma moneda, dos dimensiones que han marcado este 2015, dos fenómenos que se tensionan formando nuevos escenarios. También, dos temas que recurrentemente han sido analizados por el equipo de investigación que compone Tendencia Nacional (TN). De este modo, la presente columna tiene por objeto bosquejar un balance del año que llega a su fin, reconstruyendo las principales características asumidas por el escenario sociopolítico en vista al desenvolvimiento de los actores que predominan en dicho campo. Junto a ello, se integran en este texto algunas estimaciones y/o proyecciones generales en vista al año 2016.

La crisis de representatividad se profundiza asumiendo el semblante de la descomposición

El develamiento de la descomposición que invade a las elites político-económicas del país, comenzó a quedar en evidencia a fines de septiembre del año 2014. En dicho período, la emblemática “arista política del caso Penta” se instalaba en la agenda de los medios, siendo uno de los primeros estallidos noticiosos que pondría al tema de la corrupción en el centro de la discusión política. Es interesante constatar cómo el pragmatismo tecnocrático asociado a la Nueva Mayoría comprendía perfectamente lo que deparaba el destino para las coaliciones políticas tradicionales a partir de las escasas informaciones filtradas por la prensa en ese entonces. A pocos días de haberse destapado el caso Penta, Jorge Correa Sutil (ex subsecretario del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Ricardo Lagos) interpretaba los primeros antecedentes del caso del siguiente modo: "Si alguien piensa que esto último solo deteriorará la imagen de uno o dos parlamentarios o de la UDI, a la que pertenecen, me temo presenciará cómo la crítica se extenderá, como mancha de aceite, ensuciando a todos los partidos y a todos los parlamentarios".

Con una “intuición” similar, el antecesor de Isabel Allende en la presidencia del PS, Osvaldo Andrade, destacaría en una entrevista en La Tercera antes de que apareciera súbitamente el caso Caval: “El temor que tengo es que se estigmatice todo y terminemos convertidos en chatarra”.

El 2015 se concretizarán varias de las proyecciones y temores expresados por las “viejas guardias” concertacionistas. La desconfianza que la ciudadanía mantiene frente al rol ejecutado por las cúpulas políticas, empresariales y eclesiásticas del país se “expandió como una mancha de aceite”, volviendo “chatarra” la credibilidad de los actores que han conducido los destinos del país durante las últimas décadas.

Junto a ello, es necesario enfatizar que los flagrantes casos de corrupción, tráfico de influencias, cohecho, colusión, defraudación fiscal (etc.), observados a través del “incestuoso maridaje entre el dinero y la política” expresado en los casos: Penta, Caval, SQM, Corpesca, Colusión del Confort, MilicoGate (etc.) y sus extensas ramificaciones aun no resueltas, no han sido las “causas exclusivas” de un malestar social que, por lo pronto, ha agudizado la crisis provocada por el ciclo de protestas configurado durante el período 2006-2011.

La extendida desconfianza no ha podido ser mitigada (menos aun revertida) por ninguno de los mecanismos de salida creados durante estos años por el gobierno y/o la derecha política. Basta recordar los más representativos: 1) El Proyecto de ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia (octubre, 2014) negociado por el Ejecutivo en el contexto de la reforma al sistema binominal; 2) el acuerdo que invistió a las coaliciones tradicionales como el “bloque de orden”, sellado a través de una firma en la que participaron los presidentes de los partidos, de la UDI al PC, titulada por los medios (¡ya que ni quiera llevaba título!): Declaración conjunta sobre probidad y transparencia (abril, 2015); 3) el tercero y quizás más sofisticado de los mecanismos elaborados para morigerar la crisis: la creación (marzo, 2015) del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción (presida por el presidente de Espacio Público, Eduardo Engel).

Como ha quedado demostrado en diversos pasajes de la agenda noticiosa, la propuesta emanada del consejo ha tenido diversos reveses y cercenamientos durante su tramitación legislativa, sobre todo, si es que consideramos las tensiones provocadas en el Congreso al momento de discutir la reforma a los partidos políticos; el “corazón” de la propuesta emanada desde la comisión. Tal como ha mencionado el cientista político Claudio Fuentes, en la tramitación legislativa desarrollada hasta ahora se ha impuesto (y muy probablemente, se impondrá) “el triunfo de las máquinas [partidos políticos] por sobre un genuino intento por incorporar la democracia en las tiendas políticas”.

La Nueva Mayoría: sin liderazgo y bajo un avasallador predominio restaurador

Más allá de la descomposición observada en las principales dirigencias e instituciones del país y de los deficitarios mecanismos implementados por las coaliciones políticas tradicionales y el Gobierno con el objetivo de revertir el profundo grado de desconfianza que la ciudadanía mantiene respecto a sus representantes, es necesario incorporar un factor más para completar el cuadro de este 2015.

En dicho período, se hace evidente que, ni Michelle Bachelet ni la Nueva Mayoría, se encuentran capacitados para cumplir los cambios estructurales comprometidos en su programa de Gobierno, defraudando las expectativas moderadas que esta apuesta había sembrado en un electorado que –en su generalidad, y a decir por los altos niveles de abstención alcanzados (casi un 60% en segunda vuelta presidencial)– sentía suspicacia frente a la posibilidad de que el proyecto nuovo mayorista pudiese concretizar de manera efectiva las reformas comprometidas.

Es claro que a fines del 2015 impera una conclusión que no muchos analistas consideraban como probable a inicios del mismo año: el deterioro irrecuperable de la popularidad de Michelle Bachelet tras las fulminantes secuelas del caso Caval, así como, también, de la invención política que en el último proceso electoral se había autoasignado el flamante rol de portadora y conductora de un “nuevo ciclo político” para el país. Junto a ello, también se volvió absolutamente transparente el estado en que se encuentran las fuerzas políticas al interior del pacto gobernante, las cuales dan cuenta de un predominio avasallador de los sectores conservadores (ex complacientes) en desmedro de los sectores progresistas (ex flagelantes).

Este año, la inapelable conducción restauradora encontró su coronación en el retorno de la vieja guardia al núcleo gubernamental. El cambio de gabinete ejecutado el 11 de mayo solo vino a ratificar la consolidación de un predominio que se venía sedimentado desde el primer mes de Gobierno de la Nueva Mayoría; período en el que surgió el “chivo expiatorio” utilizado por el conservadurismo para frenar cualquier intento de reforma, vale decir: la metáfora de la “retroexcavadora” anunciada por el actual presidente del PPD, Jaime Quintana.

El cambio de gabinete significó en ese entonces el ostracismo político, tanto para el otrora “delfín” de la Presidenta Michelle Bachelet, el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, como para el creador y responsable del programa económico de la Nueva Mayoría, el ex ministro de Hacienda Alberto Arenas. Al mismo tiempo, elevó a la conducción de ambas carteras, a “la dupla” compuesta por Jorge Burgos (Interior) y Rodrigo Valdés (Hacienda), quienes de inmediato impondrían sus términos mediante un “New Deal”. Es así como el “nuevo trato” respaldado por la totalidad de las fuerzas restauradoras, quedaría sellado bajo la bullada tesis del “realismo sin renuncia”, expresada por Michelle Bachelet en el consejo de gabinete extraordinario desarrollado el 10 de julio en el Estadio San Jorge.

En la segunda mitad del año, la restauración concertacionista se proyectaría a través de los dictámenes de Interior y Hacienda dentro de la esfera gubernamental, mientras que, en la dimensión parlamentaria, la performance legislativa sería asumida preferentemente por las cúpulas del eje DC-PS, bajo la condescendencia de las direcciones del PPD y el PC (los partidos de más baja cuantía, el PRSD, la IC y el MAS, se acoplarían al primer vector, en el caso de los radicales, y al segundo, en los dos partidos restantes; sin modificar sustancialmente las correlaciones de fuerza al interior del pacto, más allá de las tensiones provocadas por el “díscolo” senador del MAS, Alejandro Navarro). De este modo, la “cocina de Zaldívar” organizada en la tramitación de la Reforma Tributaria en el 2014 vuelve a replicar su modus operandi durante el 2015.

Ciertamente, la pregunta que inquieta a la elite política-económica no es si las estimaciones de los defensores del statu quo tendrán la misma capacidad predictiva que la alcanzada a fines del 2014. Por el contrario, el dilema que más incertidumbre genera en dicho segmento, es si la pequeña apertura constituyente logrará ser ensanchada por las fuerzas de cambio, posibilitando la entrada de una tercera fuerza política, capaz de resquebrajar la reproducción del consenso transicional-neoliberal.

En este segundo semestre, la política de los acuerdos ha quedado en plena evidencia a través de la nefasta ejecución de la glosa presupuestaria (vía Ley de Presupuesto) y el ingreso de una “ley corta” en materia educativa; además de una reforma laboral que impide cualquier atisbo de garantía para aquellos sindicatos que intenten llevar a cabo una huelga efectiva.

En consecuencia, mientras por un lado, el gobierno permite que la crisis de la derecha sea parcialmente revertida a través de los vetos que dicho sector impone mediante uno de los cerrojos antidemocráticos más efectivos que ampara la Constitución de 1980 (el Tribunal Constitucional); por el otro, el grotesco eufemismo visado por Hacienda y la cartera del Trabajo, a partir de una indicación que utiliza la figura de las “adecuaciones necesarias”, permite encubrir –de un modo bastante patético– el reemplazo interno de trabajadoras/es en huelga. Con esto, nuevamente uno de los compromisos de campaña de Michelle Bachelet queda cercenado en manos de una tecnocracia que conoce a perfección las virtudes de la “letra chica”: hija ilustre de la transición, desde el Acuerdo MOP-Gate a la Colusión del Papel Tissue.

Los tiempos de la politización y la vía constituyente

Y mientras la performance restauradora incrementa los índices de desconfianza defraudando las expectativas de la ciudadanía ante reformas que no cumplen lo que prometen (cuestión que vuelve al famoso programa de gobierno en un simple artilugio demagógico), los tiempos de la politización comienzan a delinear los escenarios donde residirán las principales pugnas políticas del año venidero: proceso constituyente, reforma a la educación superior, elecciones municipales. El primero de los escenarios pareciera concentrar mayoritariamente la atención de los actores sociopolíticos, tanto tradicionales como emergentes. Este es, muy probablemente, el desafío político más importante de los años venideros; la “madre de todas las batallas”.

Con este telón de fondo, es evidente que los “límites de la cancha” propuestos por el Ejecutivo para conducir el proceso constituyente son favorables a los sectores restauradores, y esto por varios motivos. Mencionemos al menos tres: 1) Por concebir el rol de la ciudadanía de un modo meramente pasivo, consultivo y no vinculante; 2) por permitir que una de las instituciones políticas más deslegitimadas durante los últimos años –el Congreso– defina el mecanismo mediante el cual se redactará una nueva Constitución; 3) por proponer dentro de las primeras etapas del proceso un Observatorio Ciudadano que no solo posee problemas de equidad en materia de género (14 hombres – 3 mujeres) y centralización (solo uno de los convocados vive fuera de la Región Metropolitana), sino que también y, por sobre todo, porque en aquel impera un claro grupo de constitucionalistas que abogan por una reforma parcial de la Constitución a través del Congreso (en el mejor de los casos, acompañado por un “cuerpo de ciudadanos”), tal como lo ha manifestado públicamente –junto al senador DC, Ignacio Walker– el presidente del Observatorio Ciudadano, Patricio Zapata.

A pesar de todos los cerrojos impuestos por la propuesta gubernamental –cuyo objetivo primario es tornar extremadamente improbable la realización de una asamblea constituyente y/o un plebiscito que permita a la ciudadanía elegir el mecanismo que considere más idóneo para forjar un proyecto país durante las próximas décadas– existen no pocas chances de que el proceso constituyente termine activando políticamente a una ciudadanía que pase de la apatía a la identificación con un proyecto entrelazado con las fuerzas de cambio que comienzan a asomar después de años de repliegue; la última encuesta Cadem es sintomática al respecto (un 76% dice que el país necesita una nueva Constitución).

En el corto plazo, un despliegue efectivo de los sectores pro transformadores supondría asumir –tal como ha manifestado la directora de Fundación CREA, Carla Amtmann– cuatro ejes centrales: “Los Cabildos ciudadanos (marzo – octubre del 2016), la presión popular para que sea inaceptable que este Parlamento cierre la puerta al cambio constitucional, las elecciones del nuevo Parlamento en donde se apueste definitivamente a contar con una mayoría democrática, y la presión popular nuevamente, para que se logre la demanda y articulación necesaria para la asamblea constituyente”.

En este sentido, no deja de ser curioso que, de un modo similar a las proyecciones enarboladas a fines del año 2014, el pragmatismo tecnocrático de la Nueva Mayoría ya comience a augurar el advenimiento de “tiempos interesantes”. Hace pocos días, uno de los intelectuales orgánicos más influyentes del período transicional, Eugenio Tironi, manifestaba en una entrevista otorgada a La Tercera que “el 2016 va a ser peor [para la elite política y económica del país que durante el 2015]. Cada vez va a haber más situaciones que van a llamar a escándalo. Esto es un tsunami, esto tiene que ver con nuevos estándares en la opinión pública, con nuevas formas de información a través de las redes sociales”.

Ciertamente, la pregunta que inquieta a la elite político-económica no es si las estimaciones de los defensores del statu quo tendrán la misma capacidad predictiva que la alcanzada a fines del 2014. Por el contrario, el dilema que más incertidumbre genera en dicho segmento, es si la pequeña apertura constituyente logrará ser ensanchada por las fuerzas de cambio, posibilitando la entrada de una tercera fuerza política, capaz de resquebrajar la reproducción del consenso transicional-neoliberal.

¿Restauración o transformación? He aquí el dilema primario del 2016.

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