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Bachelet y los pueblos indígenas

por 7 enero 2016

Resulta muy difícil definir cuál es la relación de Michelle Bachelet con los Pueblos Originarios. Dicho de otra manera, qué papel juega la política indígena en el proyecto político de la Presidenta en sus dos administraciones.

El primer gobierno de la Presidenta Bachelet llevó a cabo una política indígena ambigüa. Por un lado, continuó con la represión de los sectores más radicalizados del movimiento mapuche, resolviendo el Ministerio del Interior invocar la Ley Antiterrorista en repetidas ocasiones. Por otro, bajo su gestión se ratificó el Convenio 169 de la OIT, fue enviado al Congreso el Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, se reconoció al pueblo diaguita como etnia originaria y se aprobó la Ley de Borde Costero de los Pueblos Indígenas. Hasta debemos sumar la inédita inversión de compra de tierras en conflicto jurídico, la priorización de 150 comunidades indígenas.

Sin embargo, la movilización y la fuerte represión de Carabineros terminaron con dos comuneros asesinados (Matías Catrileo, 3 de enero de 2008, y Jaime Mendoza Collío, 12 de agosto de 2009). Durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, prosiguieron las movilizaciones de los sectores más radicalizados del movimiento mapuche. El Ministerio del Interior resolvió apoyar la aplicación de la Ley Atiterrorista contra los dirigentes acusados de acciones violentas, lo que no hizo sino agravar las cosas, tendió a convertir en una cuestión policial un conflicto de naturaleza esencialmente social y política, provocando un conjunto muy significativo de denuncias de excesos y abusos policiales contra las comunidades de las áreas en conflicto.

Desde el punto de vista político, la Presidenta designó en enero de 2008 un Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas con el cometido de evaluar la política seguida hasta entonces y proponer las rectificaciones necesarias. El Comisionado –Rodrigo Egaña– dirigió un amplio trabajo de revisión y crítica de las políticas en curso y de las rectificaciones consideradas indispensables. Todo ello se plasmó en el documento “Re-Conocer, pacto social por la multiculturalidad”.

Con años de retraso el Gobierno reconocía que el acuerdo sustantivo conseguido entre el Estado y los pueblos indígenas en Nueva Imperial en 1989 se había roto y que la institucionalidad pública creada en la Ley Indígena de 1993 estaba agotada. De allí la afirmación de la necesidad de construir un nuevo Pacto y la formulación de un plan de acción del Gobierno para el resto de su mandato, que sin duda era imposible de ejecutar en el plazo de menos de dos años que le restaban.

Son numerosas las proposiciones que significan cambios sustantivos de las políticas precedentes. Solo tres nos interesa recalcar aquí.

El nuevo Gobierno de la Presidenta Bachelet comenzó con una propuesta inéditamente progresista en materia de política indígena en torno a temas como autonomía, territorialidad y libre determinación. Sin embargo, ha transitado rápidamente desde las auspiciosas expectativas a una inquietante decepción.

Una es la constatación de las limitaciones de la política territorial. En las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) ha faltado una “mirada global que combine elementos materiales (agua, recursos naturales, biodiversidad) y elementos inmateriales (cultura, instituciones, etc.).

La segunda es la importancia que se otorga a la Política Indígena Urbana, atendido el hecho de que el 70% de la población tiene esa condición. En el plano institucional, el Gobierno alcanzó a despachar el proyecto de ley que crea un Ministerio de Asuntos Indígenas, que no ha sido aprobado por el Congreso, encargado de dirigir y coordinar las políticas indígenas que deben ser realizadas por todos los organismos públicos.

En un plano más concreto se comprometió la entrega de tierras a 115 comunidades priorizadas por la Conadi. Esta tarea le correspondió implementarla en 2009 a José Antonio Viera-Gallo, designado como coordinador de las políticas indígenas.

El nuevo Gobierno de la Presidenta Bachelet comenzó con una propuesta inéditamente progresista en materia de política indígena en torno a temas como autonomía, territorialidad y libre determinación. Sin embargo, ha transitado rápidamente desde las auspiciosas expectativas a una inquietante decepción.

El segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet comenzó sin brújula. En un balance general se debe destacar la debilidad gubernamental en el diseño y ejecución de una política indígena consistente y pertinente para los pueblos originarios.

Un ejemplo meridiano de la ausencia de una hoja de ruta clara con los pueblos originarios se expresa ya en el Programa de Gobierno. En el capítulo dedicado a la nueva Constitución se establece la necesidad de un Estado multicultural que respete y promueva su identidad, lengua, formas de vida, etc. Es la reproducción del mismo discurso sobre multiculturalismo surgido en Latinoamérica postdictaduras, caracterizado por el manejo desde el Estado de programas que promueven las culturas autóctonas y su inclusión en la sociedad mayor conservando su pertenencia cultural.

Sin embargo, más adelante el Programa de Gobierno en el capítulo referido a los pueblos indígenas, señala la necesidad de establecer reformas constitucionales que otorguen al pueblo mapuche estatutos especiales de territorialidad y autonomía. El Programa de Gobierno es enfático en señalar que la nueva política indígena se llevará a cabo “respetando su autonomía y autodeterminación y extendiendo sus derechos políticos.”

Ambas propuestas son irreconciliables. El multiculturalismo de Estado apela a la inclusión, al fomento de la cultura, pero siempre ha advertido a la autonomía como un potencial peligro de la unidad nacional.

Considerando esto, resulta más evidente por qué la mirada política hacia el tema de los pueblos indígenas, propuesta por Bachelet en su Programa de Gobierno, fracasó a poco andar.

Dentro de las 50 medidas para los primeros 100 días de Gobierno se contaba el envío al Congreso del Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, sin embargo, los entusiastas funcionarios y hábiles asesores indígenas no recordaron que cada proyecto de ley enviado por el Ejecutivo relativo a los pueblos indígenas debe ser consultado con ellos, como lo establece el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.

Lamentablemente, el proceso de consulta sobre la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas generó un amplio rechazo por parte de diversas comunidades indígenas. El mecanismo de consulta arrastra el descrédito desde el Gobierno de Piñera como procedimiento de participación indígena. Esto sin duda deja en muy mala posición al Estado chileno frente a los organismos encargados de velar por el cumplimiento de los derechos internacionales de Derechos Humanos. La tentación de privilegiar el trato con un limitado grupo de comunidades no lleva a buen puerto.

Frente a la paralización del Gobierno en cumplimiento de sus puntos programáticos, las comunidades han retomado sus movilizaciones. La violencia se ha incrementado y las organizaciones de camioneros, multigremiales y parlamentarios de zona han logrado con éxito establecer en la Agenda del Gobierno el tema de la seguridad en La Araucanía. Mientras tanto, el diálogo con las comunidades y agrupaciones indígenas es a lo menos insuficiente.

El segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet ha caído en la vieja receta de tratar el tema mediante la aplicación de políticas sectoriales y enfatizando la seguridad pública en las zonas consideradas más conflictivas. En pocas palabras, se busca resolver problemas de fondo con medidas inmediatas de corto alcance.

La respuesta del Gobierno fue clara. Destituyó al Intendente Francisco Huenchumilla, quien había colocado el conflicto en La Araucanía como un asunto de relevancia nacional y de naturaleza política. En su reemplazo asumió Andrés Jouannet, quien calza a la perfección con la óptica de seguridad pública que el Ministerio del Interior quiere imprimir al fenómeno. La reunión con dirigentes camioneros y la falta de diálogo con las comunidades muestran la escasa visión política del gobierno para apaciguar el conflicto. Más aún, tomando en cuenta que se acercan fechas importantes como la conmemoración de los asesinatos de Matías Catrileo y del matrimonio Luchsinger-Mackay.

La visita flash de la Mandataria a La Araucanía, el 29 de diciembre pasado, más que despejar dudas y renovar confianzas, reafirmó lo que muchos ya intuíamos: la evidente falta de liderazgo por parte del Gobierno en materia de los pueblos indígenas, la carencia de decisión política.

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