Más atrás y más allá del impasse Bachelet-Burgos: la descomposición del sistema político

Cuando la primera oleada de declaraciones desatadas tras el impasse Bachelet-Burgos comienza a disminuir lentamente sus resonancias comunicativas, es necesario volver a ‘elevar’ el nivel del análisis en torno al caso. Solo así puede comprenderse de manera adecuada la relación entre la irrupción del síntoma y el contexto histórico que lo produce.

Partamos entonces con una pregunta, a estas alturas, un tanto obvia: ¿cuál es el significado elemental del impasse Bachelet-Burgos en vista de la profunda descomposición que afecta a la elite política que conduce los destinos del país?

En períodos de crisis política, los actores que han hegemonizado la conducción estatal ven mermada su capacidad de anticipar el surgimiento de eventuales conflictos. Así, desprevenidos, cada irrupción mediática provocada por sus propias pugnas intestinas termina estallándoles en el rostro. Obligados a actuar en un escenario político inestable, dinámico, cambiante y exigente, aquellos grupos tienden a perpetrar los más variados tipos de errores: no forzados, comunicacionales, de gestión, de diseño, improvisación, etc. Sin embargo, detrás de este discurso justificatorio se esconde una tesis mucho más relevante. Sus errores son la prueba palpable de que las dirigencias políticas tradicionales han disminuido su capacidad de maniobrar adecuadamente en un escenario que se ha vuelto extremadamente complejo y adverso.

Veamos cómo opera este fenómeno con algo más de “densidad histórica”. Para ello, es necesario ir más atrás y más allá del impasse Bachelet-Burgos.

Más atrás

Es relativamente sencillo atestiguar que el inicio del periodo estival resulta extremadamente incómodo para el Gobierno de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría.

En enero de 2014, antes de instalar siquiera un pie en La Moneda, el acuerdo político-programático –en ese entonces, autoproclamado portador de un “nuevo ciclo político” para el país– debutaba con un “error no forzado” al momento de designar como subsecretaria de Educación a Claudia Peirano, quien en 2011 había declarado públicamente su oposición a una de las demandas centrales enarboladas por el movimiento estudiantil, esto es: avanzar hacia una política amplia de gratuidad en la educación superior. El inicio de un nuevo período gubernamental partía con la renuncia anticipada de la asesora que acompañaría a Nicolás Eyzaguirre en la cabeza del Mineduc. En aquella oportunidad, la “partida en falso” provocada por las fallidas designaciones ministeriales se tomó las portadas de los medios, eclipsando debates tan relevantes como la derrota parcial sufrida por el Estado de Chile ante la demanda marítima interpuesta por Perú en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (dada a conocer el 27 de enero).

Poco más de un año después –en febrero de 2015– saltaría a la palestra pública un caso que ejemplificaría las modalidades que asume el tráfico de influencias y uso de información privilegiada en Chile, cuestión representada en la trama que desempeñaron Andrónico Luksic, Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon a través de un negociado que utilizó sus exclusivas redes de poder a fin de obtener suculentas ganancias especulando sobre el valor de los terrenos (operaciones económicas con “productividad real” igual a cero).

Junto a ello, el efecto más devastador del emblemático caso Caval, sería la caída irrecuperable del último bastión de legitimidad que poseía el sistema político nacional, tanto a nivel dirigencial como institucional: Michelle Bachelet, quien saldría al paso con el error comunicacional más emblemático del año 2015. El 23 de febrero, después de leer una declaración y ante el emplazamiento de un periodista, la Mandataria señalaría: “Yo no tuve ninguna información ni previa ni después, me enteré en Caburgua por la prensa”.

Hoy, a pocos días de iniciarse el 2016, el impasse generado entre Michelle Bachelet y el ministro del Interior, Jorge Burgos, vuelve a tensionar el escenario político, esta vez, por medio de disputas internas dentro de la coalición gubernamental después de que la Presidenta y su gabinete próximo –comandado por Ana Lya Uriarte– excluyeran la participación de Burgos en la ejecución del “enigmático” viaje de la Mandataria a La Araucanía, cuyo itinerario se limitó a desarrollar una breve reunión con “víctimas de la violencia” (avisadas quince minutos antes), anunciar la conformación de una “mesa de trabajo” para analizar los problemas de la región e inaugurar un sistema de agua potable en una comunidad rural. Ninguna de estas efímeras “políticas de Estado” logra siquiera rozar la única propuesta sensata planteada hasta ahora por el espectro político tradicional en miras a resolver el conflicto chileno-mapuche, tal como la bosquejase el ex intendente de la zona, Francisco Huenchumilla, quien fue removido de su cargo –como cabe recordar– por decisión exclusiva del victimizado ministro Burgos.

[cita tipo= «destaque»]Lo más relevante de la crisis abierta por el impasse entre Bachelet y Burgos, es que permite constatar el reordenamiento de las fuerzas políticas que se comienzan a perfilar de cara a los próximos años: con la apuesta progresista al interior del pacto debilitada al extremo ante los consistentes golpes propinados por el conservadurismo (en pleno vigor, aunque corroído), incapaz de blindar –de forma más consistente que un “caupolicanazo”– aquel extinto liderazgo al cual se aferraron pensando en las transformaciones estructurales que aún sigue demandando el país (situación que ha sido ejemplarmente descrita por la autocrítica de Fernando Atria, quien ha señalado que “la pérdida de la popularidad de la Presidenta se vincula también al momento en que ella deja de representar la promesa de una transformación y pasa a representar un poder institucional, el de la Presidencia de la República”).[/cita]

En este punto la situación se vuelve paradójica: el victimario invierte su rol y termina siendo víctima de una confabulación orquestada en su contra, situación que es aprovechada magistralmente por sus correligionarios democratacristianos para reventar la agenda de los medios, ya sea interpelando el “progresismo sin progreso” de la Nueva Mayoría, amenazando con el retiro de la DC del Gobierno o, incluso, levantando una nueva carta presidencial desde el sector (¡el propio Burgos!). Así, un problema político central en el país (el conflicto chileno-mapuche) termina nuevamente eclipsado por disputas de poder que no hacen más que reflejar el estado de desgarramiento interno que afecta a las elites políticas que conducen el país.

¿Es que acaso las dirigencias políticas se han tornado de un tiempo a esta parte ineficaces y negligentes para desactivar el estallido de nuevos conflictos, muchos de estos provocados por sus propias pugnas intestinas? Nada más cierto. No obstante, este es un problema secundario respecto al problema central. Este es: los tiempos de la politización en la era de la descomposición.

Más allá

La imagen del cuadro entregado a la ciudadanía por parte de las elites políticas en el inicio de este nuevo año es francamente desolador: la política institucional se ha transformado hace bastante tiempo en una mezquina y descarnada lucha por mantener cuotas de poder extremadamente personalistas. Una política pequeña, atiborrada de pugnas intestinas, sin proyecto país, sin ciudadanía, sin vocación de mayorías, menos aún pro transformadora.

No nos engañemos. Errores del pacto gobernante los hay, y por doquier. Sin embargo, las tensiones que corroen al Chile contemporáneo no se superarán, esta vez, ni con “operadores políticos” ni “expertos” cualificados, ya que nos encontramos ante una crisis orgánica anclada a la matriz capitalista del Chile neoliberal, específicamente, de la arquitectura política (institucional) que las coaliciones políticas tradicionales (Chile Vamos / Nueva Mayoría) han sedimentado durante el largo e inacabado proceso transicional.

A fin de cuentas, lo más relevante de la crisis abierta por el impasse entre Bachelet y Burgos, es que permite constatar el reordenamiento de las fuerzas políticas que se comienzan a perfilar de cara a los próximos años: a) con un partido del orden diseminado consistentemente a través de las cúpulas partidarias de la Nueva Mayoría, acoplándose a la apuesta presidencial de Ricardo Lagos (con adeptos en todos los sectores de la política tradicional, desde Hermógenes Pérez de Arce a Eugenio Tironi); b) con la apuesta progresista al interior del pacto debilitada al extremo ante los consistentes golpes propinados por el conservadurismo (en pleno vigor, aunque corroído), incapaz de blindar –de forma más consistente que un “caupolicanazo”– aquel extinto liderazgo al cual se aferraron pensando en las transformaciones estructurales que aún sigue demandando el país (situación que ha sido ejemplarmente descrita por la autocrítica de Fernando Atria, quien ha señalado que “la pérdida de la popularidad de la Presidenta se vincula también al momento en que ella deja de representar la promesa de una transformación y pasa a representar un poder institucional, el de la Presidencia de la República”); c) finalmente, el cuadro instalado se cierra con una subrepticia maduración de los movimientos sociales que amenazan con volver a emerger este 2016 (si se piensa con detención, el expansión-contracción del movimiento estudiantil tiene una secuencia claramente marcada: 2006-2011-¿2016?), franja en la que ya comienzan a estabilizarse nuevos liderazgos políticos emergentes (son los casos de Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Cristián Cuevas) tras el vacío dejado por ME-O, manchado –al igual que gran parte de la política tradicional– por los dineros provenientes del yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou.

Tal como lo reseñara el psicoanalista esloveno Slavoj Žižek: “¡Bienvenido a tiempos interesantes!”.