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Por qué es urgente una mayor competencia electoral en Chile

por 7 enero 2016

En 2015 ocurrió un hecho histórico: se publicó la Ley 20.840 que eliminó el sistema electoral binominal, y avanzó en fortalecer el carácter inclusivo y la representatividad del Congreso Nacional, al facilitar una mayor competencia electoral. Lamentablemente, los esfuerzos anticompetitivos tuvieron recientemente una importante victoria en la Cámara de Diputados, con la aprobación gracias al voto mayoritario de los parlamentarios de los partidos del duopolio Nueva Mayoría-Alianza a favor de los artículos que elevan barreras a la entrada a nuevos actores políticos y facilitan la disolución de partidos, en el Proyecto de Ley que Fortalece el Carácter Público y Democrático de los Partidos Políticos y Facilita su Modernización. Así, fuimos testigos de una vergonzosa colusión política, en donde finalmente descubrimos qué era lo que podía unir a todos los partidos tradicionales desde el Partido Comunista hasta la UDI: mantener a toda costa sus cuotas de poder.

Los parlamentarios de partidos tradicionales han dado dos justificaciones para impedir la competencia electoral. La primera, es que una excesiva proliferación de partidos políticos genera inestabilidad al dificultar la gobernabilidad, lo que podría afectar negativamente la democracia. La segunda, es que debido a que se entregará financiamiento público se debe exigir un mínimo de representatividad.

Como Red Liberal quisimos aportar a este debate, por lo que elaboramos un documento (disponible en nuestro sitio web) para verificar la validez de dichos argumentos, sobre la base de la amplia evidencia aportada por los estudios empíricos sobre los efectos de la competencia electoral.

Respecto al primer argumento, durante los 90 varios estudios, entre los que destaca el de Scott Mainwaring (1993), señalaron que la combinación de sistemas multipartidarios con sistemas presidencialistas es adversa a la democracia, debido a que esta combinación haría a los países más propensos al inmovilismo, a un Poder Ejecutivo débil y a un conflicto desestabilizador entre los poderes Ejecutivo y legislativo. En definitiva, según estos estudios, los sistemas presidenciales multipartidarios son menos favorables a la democracia.

En el caso de Chile, el argumento de la inestabilidad que podría provocar la entrada de nuevos actores parece poco plausible, no solo porque tenemos un sistema presidencial extraordinariamente fuerte sino que especialmente también por el hecho ineludible de que la actual crisis de legitimidad de la política tradicional fue causada exclusivamente por el comportamiento del duopolio político y no por los nuevos movimientos que ellos buscan dejar fuera de competencia por secretaría.

Sin embargo, las implicancias de dichos estudios han sido malinterpretadas por los parlamentarios de los partidos tradicionales, ya que no justifican los mecanismos para facilitar la disolución de partidos. En efecto, la conclusión de dichos estudios es que es la excesiva fragmentación partidaria en el Parlamento la que puede generar inestabilidad y no la sola existencia de múltiples partidos. Ello explica por qué muchos países establecen umbrales mínimos para acceder a la representación parlamentaria, pero no imponen una sanción como la disolución del partido por no lograr un determinado número de votos. Con todo, la evidencia presentada por Mainwaring y otros en los noventa ha sido severamente cuestionada por estudios más recientes, en donde destaca el resultado de que la existencia de un Ejecutivo institucionalmente fuerte (como es el caso de Chile) mitiga los posibles efectos desestabilizadores de la fragmentación.

En el caso de Chile, el argumento de la inestabilidad que podría provocar la entrada de nuevos actores parece poco plausible, no solo porque tenemos un sistema presidencial extraordinariamente fuerte, sino que especialmente también por el hecho ineludible de que la actual crisis de legitimidad de la política tradicional fue causada exclusivamente por el comportamiento del duopolio político y no por los nuevos movimientos que ellos buscan dejar fuera de competencia por secretaría.

Al mismo tiempo, los estudios muestran que el grado de competencia electoral afecta en forma importante los incentivos de los políticos y, por ende, sus conductas. Cuando obtener los cargos de elección popular es demasiado fácil porque la institucionalidad vigente se los garantiza a unos pocos actores, los políticos tienen menor presión para representar los intereses de la ciudadanía que los eligió, menos incentivos a realizar un trabajo de calidad, menos disponibilidad a hacer reformas institucionales que puedan revelar o castigar sus faltas, y les preocupan menos las represalias por un mal desempeño, por abusar de los cargos públicos para obtener beneficios privados o por realizar favores o proveer bienes y servicios a ciertos grupos específicos a cambio del apoyo electoral. Y eso conlleva una serie de vicios, que terminan por conducir en algún minuto a una crisis política, como la que vivimos hoy.

De esta manera, la evidencia empírica muestra que, gracias a su efecto en el comportamiento de los políticos, una mayor competencia electoral tiende a generar mayor representatividad y más pluralidad, estimular la responsabilidad y rendición de cuentas de los políticos, mejorar la calidad de la política, reducir la corrupción y el clientelismo, y promover políticas que estimulen la competencia económica y favorezcan más a los consumidores, entre otras ventajas. La política chilena parece necesitar con urgencia alimentarse de estos múltiples beneficios de una mayor competencia electoral.

Respecto al segundo argumento dado por los parlamentarios que buscan inhibir la competencia electoral, la literatura especializada ha señalado que un mínimo de financiamiento es deseable para garantizar la posibilidad de que los partidos emergentes tengan la posibilidad de competir y, de esta manera, ofrecerle a la ciudadanía alternativas con las que pueda sentirse más representada. Esto además es particularmente relevante si queremos fomentar partidos que no actúen capturados por los poderes económicos que los financian.

También es importante destacar que no es necesario aumentar el gasto público en financiamiento político para estimular la competencia electoral. En efecto, la Comisión Engel propuso redistribuir los mismos fondos que hoy se utilizan para financiar partidos, permitiendo que estos fueran dirigidos en mayor proporción hacia los partidos que logran mayor votación, pero garantizando un mínimo de financiamiento para partidos emergentes. Por eso, la insistencia de los parlamentarios de partidos tradicionales en que se debe ser más cuidadoso porque hay recursos públicos involucrados, simplemente busca esconder que su verdadera preocupación es no repartir los mismos recursos entre más actores, porque no están dispuestos a ello.

Lamentablemente, ignorando la contundente evidencia de los estudios a favor de la promoción de la competencia electoral (e interpretando mal la poca que sí analizaron), los parlamentarios del duopolio lograron aprobar un proyecto que la inhibe en la Cámara de Diputados. Sin embargo, este proyecto pasa a ahora a su segundo trámite constitucional, por lo que el Senado aún tiene la oportunidad de corregirlo y hacerle honor a su nombre, fortaleciendo realmente el carácter democrático de los partidos, permitiendo que podamos gozar de los múltiples beneficios de una justa y abierta competencia electoral. Chile lo necesita en forma urgente.

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