Señor Director:
El recientemente aprobado “control preventivo de identidad”, nos conduce a preguntarnos cuál es el bien jurídico que el Estado busca proteger con este tipo de medidas. Teniendo presente que la percepción de inseguridad ha aumentado y que las autoridades deban tomar medidas, ¿puede por ello el Estado poner bajo sospecha a toda la ciudadanía?
Porque el “control preventivo de identidad” no es más que eso: frente a la duda que tenga el funcionario policial que un/a ciudadano/a tenga una orden de detención pendiente, puede solicitarle su cédula de identidad. Nada dice aquella disposición, sobre en base a qué el personal policial puede tener dicha interrogante.
Lo anterior es aun más complejo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, ya que este proyecto de ley, también se aplica para ellos, cuando tienen entre 14 y 18 años. Ello genera dificultades, especialmente con las obligaciones que Chile ha adquirido con la suscripción de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y otros tratados internacionales.
Lo más preocupante es que le entrega a las policías de la facultad de exigirle a un/a adolescente su cédula de identidad, cuando éste no tiene la obligación legal de portar ningún documento de identificación. Además de ello, en caso de no tenerla, puede conducirlo a una unidad policial. Esto significa, que por una obligación que no está tipificada en ninguna parte, un/a adolescente puede terminar retenido en un recinto policial. Ello, además de ser inaceptable en régimen democrático que se aprecie de tal, transgrede el artículo 37 de la CDN, donde se establece que la detención solo puede ser el último recurso.
Cabe preguntarse, ¿qué previene el Estado con este control, fundado principalmente en la percepción que el personal policial pueda tener? Esto sin lugar a dudas dará pie para el triunfo de la estigmatización y los prejuicios. ¿Qué rol juega el Estado en la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando autoriza a que puedan ser conducidos a una unidad policial cuando no están incumpliendo ninguna obligación? Porque algún parlamentario suspicaz podrá decir que esto no es una sanción, pero claramente tampoco es un premio. Finalmente, el Estado está situando a niños, niñas y adolescentes bajo sospecha, cuando el enfoque correcto desde el respeto y garantía de los derechos fundamentales, es que todo niño, niña, adolescente y cualquier ciudadano/a de a pie, pueda caminar libremente por la calle, sin la mirada inquisidora de la policía que pueda “suponer” que incumple las normas del Estado de Derecho.
Consuelo Contreras Largo, Directora Ejecutiva Corporación Opción
