Señor Director:
Recientemente su diario ha publicado una nota para referirse al informe “¿Tienen los concursos de Fondecyt un trasfondo político?”, de los autores Alberto Mayol y Javiera Araya. Dicho informe afirma que hay criterios políticos que explicarían un incremento de la participación de las universidades privadas, confesionales, o no miembros del CRUCH, en la adjudicación de proyectos de este organismo en los últimos años.
No tengo experiencia con el sistema –desde 2004 que desarrollo mi carrera fuera del país-, pero por lo que colegas chilenos me cuentan, Fondecyt tiene varias limitaciones, incluyendo la escasez de recursos. Sin embargo, habría que proceder con más precaución antes de validar las conclusiones de los autores y construir titulares. En mi opinión, los datos que presentan Mayol y Araya son insuficientes para arribar a esas conclusiones, y sería necesario un diseño de investigación un poco más sofisticado para comprobar sus hipótesis. En particular, un estudio riguroso (suponiendo que la variable dependiente es la variación en la cantidad de proyectos entre universidades estatales y privadas) debiera tener en consideración al menos lo siguiente:
1. Sería necesario controlar por la cantidad de doctores por jornadas completas equivalentes, o por la cantidad de doctores en relación al total de la planta académica. Y por el número de proyectos presentados anualmente por cada institución. Cabe esperar que a más doctores en la planta, y a más proyectos presentados, mayores serán las posibilidades de una institución para adjudicarse proyectos. Estos efectos no son evaluados por el informe de Mayol y Araya. Se sabe que algunas instituciones privadas han implementado una política de captación de talentos precisamente para mejorar sus indicadores en investigación. Al contrario de lo que sostienen los autores, no deberíamos dar por sentada que las plantas académicas son estables en el tiempo (lo que es particularmente cierto si se comparan los datos previos al 2010 con el presente). Además, y a consecuencia de la madurez del programa de becas Chile, es razonable pensar el que retorno de becarios con títulos de p
restigiosas universidades extranjeras bajo el brazo, tiene un efecto en las pautas de adjudicación, especialmente si, como parece, varios de ellos son contratados por universidades privadas o confesionales. Dado el tamaño del sistema, es probable que pequeños cambios en personal en algunas instituciones expliquen mejoramientos o empeoramientos en las adjudicaciones.
2. Por lo anterior, es posible pensar que el aparente mejoramiento de las adjudicaciones debiera favorecer sólo a algunas, y no a todas las privadas o confesionales. El uso de tipologías demasiado amplias a veces esconde más que ilumina ciertas tendencias. Hay antecedentes que indican que entre las universidades privadas, algunas se orientan a la formación masiva de profesionales, mientras que otras se orientan a la formación de elites. Es probable que sean éstas últimas las que concentran el mejoramiento en adjudicación de proyectos Fondecyt, pero el informe no nos permite distinguir tendencias al interior de los grupos.
3. Para comprobar discrecionalidad política, sería necesario estudiar en profundidad el proceso de adjudicación de los proyectos. El informe aludido no ingresa en ese terreno, sólo analiza datos agregados. En particular, cabría estudiar los paneles de evaluadores, su composición, y los criterios usados en cada ronda de evaluación. Cabe recordar que los paneles de evaluadores están conformados por pares, es decir científicos con cierta experiencia en áreas disciplinarias específicas. Y que los currículums individuales de los postulantes son evaluados a través de un sistema que, en principio, debiese arrojar sólo un puntaje posible. Es más difícil (no imposible por cierto) manipular un sistema donde se involucran muchas personas, que uno donde pocos toman las decisiones clave. Sostener la hipótesis de discrecionalidad política implica identificar el momento o la instancia donde dicha discrecionalidad tendría lugar.
4. Producto de las insuficiencias indicadas, el análisis de los cambios anuales en las cifras es poco riguroso. Es cierto que en todas las series 2010 representa un quiebre de tendencia, pero hay muchos cambios de tendencia abruptos antes o despues de ese año, que no son explicados. Por ejemplo, si es cierto que el gobiero de Piñera favoreció a las privadas a su arribo, ¿por qué en los años sucesivos las cifras vuelven a su tendencia previa? La hipótesis de “izquierdización” como efecto de las movilizaciones estudiantiles que indican los autores apenas explicaría las ciencias sociales y las humanidades.
El argumento de la discrecionalidad política en la asignación de recursos del estado es persuasivo. Sin embargo, es necesario realizar un análisis empírico más refinado para concluir que su presencia explica cambios significativos entre tipos de instituciones.
Cordialmente,
César Guzmán-Concha
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
Scuola Normale Superiore
Piazza degli Strozzi 1, 50123 Firenze
ITALIA
