«De ahí que la demanda por una asamblea constituyente siga siendo fundamental. Es la vía mediante la cual propender a que Chile tenga mejores mecanismos para tomar sus propias decisiones, dejando de estar supeditado a lo que diga esa caricatura de institución democrática en que se ha transformado el Congreso Nacional».
Desde distintos flancos, sin una distinción clara entre el tradicional clivaje izquierda/derecha, la elite política intenta por todos los medios seguir controlando el sistema social. Sea esto disminuyendo sus propias restricciones o, de plano, aumentando las de quienes no participan en el festín del poder en que se ha convertido la acción política.
Aunque para alguien inadvertido pueden parecer materias no relacionadas, el vínculo es cómo los tomadores de decisión se protegen. A veces directamente, otras aumentando la sanción hacia quienes les amenazan en sus cómodas posiciones.
Ahí está la disminución del tiempo de prescripción (de cinco a dos años) para los delitos electorales, por antonomasia con los legisladores como destinatarios. Una decisión incoherente cuando se hace imprescindible ser claros en el saneamiento de procesos fundamentales para la democracia. Tanto por el despilfarro que inunda cada contienda como por la perversión del sentido último que involucra escoger a quienes mejor guiarán los destinos de las instituciones. Además, esta necesidad de campañas millonarias expone a financiamientos negros que, más temprano que tarde, exigen su retribución en leyes, prebendas o silencios.
Crucemos a la otra vereda. La de quienes no tienen el poder económico y político institucional. Y, en muchos casos, están en plena disputa por este.
El famoso artículo sobre filtraciones es emblemático. Aunque dejaron fuera a los periodistas (en lo que entendieron como una concesión de último momento), la ampliación de las penas a todos los intervinientes (incluidos quienes no son funcionarios públicos) sigue restringiendo el acceso a fuentes de investigaciones judiciales que requieren del escrutinio público. Mientras más alta la amenaza, incluida la cárcel, menos disposición tendrá alguien a transparentar antecedentes de alto interés ciudadano. Pero el tema es aún más grave, al existir derechos civiles conculcados.
Pensar que el Colegio de Periodistas se allanaría a respaldar un artículo de este tipo es simplemente no comprender que este oficio no se ejerce exclusivamente sobre la base de una mirada corporativa sino en adhesión a principios básicos extensibles a toda la sociedad. Esto más allá de que, como ya se ha dicho, este repentino celo por la honra de quienes ven sus nombres en la prensa nace hoy, cuando son políticos y grandes empresarios los escrutados. No vimos tal preocupación en los casos de Hans Pozo, el niño conocido como Cisarro e incluso de personas que luego se determinó que eran inocentes.
Le Ley Mordaza 2.0, esta vez aplicable a filtraciones sobre acciones calificadas como terroristas o que afecten la seguridad del Estado, es más de lo mismo. Con apoyo casi unánime, avanza en la Cámara una normativa que, esta vez sí, impone penas de cárcel a los directores de medios que difundan aspectos de estas investigaciones. El Estado no quiere perder el control y, sin considerar que obviamente pueden existir sanciones a la forma en que se entrega determinada información (exponer con nombres y apellidos los testimonios de menores sometidos a violación, como un claro ejemplo), prefieren entregar atribuciones generales para evitar todo tipo de desbande, independientemente de su tenor.
Nunca he visto a algún senador o diputado en el Congreso con credencial de parlamentario, así como tampoco que en el Congreso un carabinero les solicite su cédula de identidad. Seguro porque consideran que ese espacio les es propio (aunque, en realidad, nos pertenece a todos). No, para los representantes populares no hay tales gravámenes.
Algo similar a lo que debiera ocurrir con la vía pública. Pero no, para el resto es distinto. Se impone la figura del control preventivo de identidad que entrega especiales atribuciones a las policías. Quienes hemos participado en movilizaciones, conocemos los riesgos de uso arbitrario que tienen este y otros instrumentos legales con que se dota a las policías.
Y, por último, la principal protección de todas. Las restricciones que con el apoyo transversal de legisladores y el gobierno de Michelle Bachelet se han impuesto a la formación de nuevos partidos políticos. Se revirtió la posibilidad de que existan los eminentemente regionales, se eleva el número de ciudadanos que pueden conformar uno nuevo, al igual que los que se requieren para mantener su existencia legal. Y claro, eso no afecta a los que ya se reparten la torta, sino a los que quieren ingresar, afectando el pluralismo político.
A fin de cuentas, todo redunda en el poder. En el control que un sector no quiere perder (da lo mismo Nueva Mayoría o Chile Vamos), sea por la vía de mantener sus granjerías y privilegios (aunque les duela el recuerdo de Allende) o por la disminución de los derechos de quienes no forman parte de esa elite.
Está claro que en nuestro sistema político no aloja Chile, particularmente en el Parlamento. Y eso es lo que es preciso modificar. Arrebatar de sus manos el control es una lucha esencial. Lo fue ayer, lo es hoy y lo seguirá siendo mañana.
De ahí que la demanda por una asamblea constituyente siga siendo fundamental. Es la vía mediante la cual propender a que Chile tenga mejores mecanismos para tomar sus propias decisiones, dejando de estar supeditado a lo que diga esa caricatura de institución democrática en que se ha transformado el Congreso Nacional.
