No olvidemos quiénes son los que aprueban las leyes y que son los mismos que salen a la luz pública con sus fechorías. A estas alturas, solo puedo citar la letra del cantante español Pau Donés que dice: “bonito, todo me parece bonito…”.
La política chilena está en declive desde hace rato y ha sido dañada en sus bases, principalmente, por el aprovechamiento de algunos. Esto a través del usufructo de información privilegiada que entregan los altos cargos administrativos o porque se cuenta con el dinero suficiente para comprar y financiar a quien les reportan algún un beneficio.
Es por eso que la nueva Ley de Transparencia viene en el auxilio de esta elite -que de elite les queda poco- cada vez más desprestigiada. Sin embargo, no tiene mucho de nueva ya que es la misma legislación con algunos parches que buscan salvar lo poco que se puede de nuestros “honorables” parlamentarios, y también a aquellos que trabajan en el sector público.
No obstante, era necesaria una señal como ésta desde el Ejecutivo dada la falta de confianza en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, que tiene un pobre 22% de aprobación y un 72% de rechazo a julio del presente año, según la encuesta Adimark. Afortunadamente para la mandataria, le queda poco más de un año para intentar revertir en algo la situación. Por otra parte, el Senado está enfrenta una situación peor con un 83% de rechazo.
Pero volviendo al tema central, cuando hablamos de probidad no es tan solo una palabra linda que refleja transparencia, un correcto actuar, una conducta ética, entre otras virtudes, sino que estamos hablando de un principio ordenador que está en nuestra Constitución, específicamente en el Art. 8, el que señala que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones…”.
Dicho principio va de la mano con el Principio de Publicidad, y el Principio de Transparencia, y no tan solo porque actualmente estemos en un período crítico, sino porque desde que Chile fue invitado en 2007 a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que nuestro país ha tenido que adecuar su legislación interna y precisamente uno de los temas fundamentales la corrupción y el ámbito tributario, dificultando así el narcotráfico, los sobornos, el financiamiento de campañas, la ocultación de patrimonios y evasión de impuestos, entre otros ilícitos.
Lo anterior evidencia que lo que se gestó hace unos días no es más que un trabajo que viene de antes, como siempre suele suceder. Si bien es cierto se regulan los financiamientos en una cuenta determinada, esto no quiere decir que haya otra manejada por terceros con el mismo propósito. En tanto, en relación a las declaraciones de patrimonio, hemos sido testigos de como poco antes de firmar dichas declaraciones los patrimonios son cambiados de dueño, y durante los períodos estos entran a familiares.
No olvidemos quiénes son los que aprueban las leyes y que son los mismos que salen a la luz pública con sus fechorías. A estas alturas, solo puedo citar la letra del cantante español Pau Donés que dice: “bonito, todo me parece bonito…”.
