Si bien el gobierno ha sido enfático en señalar que los cabildos locales, provinciales y regionales no deben ser evaluados por el número de personas que participaron en ellos, indudablemente, el proceso constituyente ha instalado el tema de la participación ciudadana en el debate público. Esta discusión ha sido acompañada por una preocupación por lo que, se anticipa, será una baja participación en las elecciones municipales en octubre de este año. Al mismo tiempo, formas no institucionalizadas de participación, como por ejemplo las recientes movilizaciones en contra del sistema de las AFP, ponen de manifiesto que los ciudadanos muchas veces escogen las calles para expresar su descontento. ¿Cómo podemos promover formas permanentes de participación ciudadana que complementen instancias tales como los cabildos, las urnas y las protestas sociales?
Actualmente –aunque haya pasado relativamente inadvertido– esta pregunta está siendo ampliamente discutida por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, creado por la Presidenta Bachelet en enero de este año.
Un primer mandato de este Consejo es revisar la Ley Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Ley 20.500), ingresada al Congreso el año 2004 y finalmente aprobada en 2011. Un segundo objetivo es proponer una institucionalidad permanente para la promoción de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil. Los 24 consejeros, presididos por el académico Gonzalo de la Maza, entregarán además un diagnóstico sobre el estado de la participación ciudadana en Chile y una propuesta de instrumento para su monitoreo en el futuro. En la actualidad, se está realizando una consulta virtual y los consejeros están participando en diálogos ciudadanos a lo largo del país. Ambas instancias servirán para recolectar insumos para el informe final que el Consejo debe entregar a la Presidenta Bachelet en enero del 2017.
[cita tipo= «destaque»]La propuesta de fortalecer la institucionalidad y aumentar las atribuciones de las agencias a cargo de promover la participación ciudadana, responde a un reclamo recurrente en las audiencias que ha llevado a cabo el Consejo. Las organizaciones que participan en los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), figura establecida por la Ley 20.500, perciben que su participación es una mera formalidad para que las instituciones públicas puedan cumplir con el check list exigido por la referida Ley 20.500.[/cita]
Entre las alternativas que se están evaluando está la creación de un Consejo Nacional de Participación Ciudadana permanente que, entre otras funciones, asegure que los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la ley (eventualmente revisada) sean correctamente implementados, resuelva reclamos, dicte normas, instrucciones y resoluciones, y promueva la participación ciudadana y asociatividad. Esta institución, que funcionaría como una corporación autónoma de derecho público, tendría como contraparte a una Subsecretaría de Participación Ciudadana, albergada en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, a cargo de implementar los compromisos programáticos en materia de participación ciudadana.
La propuesta de fortalecer la institucionalidad y aumentar las atribuciones de las agencias a cargo de promover la participación ciudadana, responde a un reclamo recurrente en las audiencias que ha llevado a cabo el Consejo. Las organizaciones que participan en los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), figura establecida por la Ley 20.500, perciben que su participación es una mera formalidad para que las instituciones públicas puedan cumplir con el check list exigido por la referida Ley 20.500.
Solo dotando a una futura institucionalidad de mayores facultades y avanzando hacia formas vinculantes de participación ciudadana, podremos contar con canales institucionales de participación más efectivos. Esto permitirá recibir insumos para la elaboración e implementación de políticas públicas, al mismo tiempo que se asegura un mayor control ciudadano de la gestión pública y que tales ciudadanos sientan suyas las decisiones que afectan su vida cotidiana.
Para que esto sea una realidad en el futuro próximo, es necesario que las autoridades políticas se convenzan de las oportunidades contenidas en la participación ciudadana. En un contexto en el que las instituciones políticas están desacreditadas, acercar la ciudadanía a la política constituye un mecanismo para reconstituir la confianza ciudadana en la institucionalidad que le da sustento a nuestra democracia.
