El próximo domingo 2 de octubre los colombianos votarán un plebiscito que aprobará o rechazará los acuerdos de paz que ha pactado el gobierno de Colombia con la guerrilla de las FARC; el grupo insurgente más grande y antiguo en la historia del país. El acuerdo no solo busca poner fin al conflicto armado, desarmar y desmovilizar a los insurgentes, sino a la vez realizar reformas de índole social y político que, de ser llevadas a cabo, transformarán al país.
Dentro de las reformas pactadas ha trascendido la “Política de desarrollo agrario integral”, incluida dentro del pacto político, pues los sectores de oposición al actual gobierno han señalado que a través de ella se ha puesto en riesgo la propiedad privada y el modelo económico del país. No en vano el ex presidente Álvaro Uribe, opositor radical del acuerdo, se dirigió al pueblo chileno con estas palabras: “Ustedes nunca dejarían coaptar la economía chilena por un grupo de terroristas. No permitirían una Constitución expropiatoria por un grupo de terroristas”.
Cuando se habla de expropiación no se puede dejar de pensar en socialismo, en enajenación de la propiedad privada, y en empobrecimiento generalizado. Sin embargo, nada más alejado de la realidad o, por lo menos, en ninguna parte del acuerdo pactado se sustentan estas afirmaciones.
El propósito de la política de desarrollo agrario contenido en el acuerdo es absolutamente ambicioso: mejorar el acceso a la tierra de la población rural, garantizar su propiedad y, a la vez, emprender programas de desarrollo que hagan el campo productivo. Todo esto no solo con el propósito de reducir la pobreza del campo colombiano, que alcanza a un 45% de la población –o sea, que de cada dos campesinos, uno es pobre–, sino a la vez revertir los efectos de la violencia y minimizar las causas que generaron el conflicto.
[cita tipo=»destaque»]No es momento de ingenuidad, este acuerdo entre las FARC y el Gobierno de Colombia no transformará el país de manera automática. Sin embargo, se avanza mucho en el camino de la paz si se silencian los fusiles de una guerra de más de cincuenta años y se llevan a cabo transformaciones que el país necesita hace décadas.[/cita]
Dentro de las acciones que se propone el acuerdo está el crear programas de desarrollo que impacten las zonas rurales que tienen mayores niveles de pobreza, a través de una mejora en el acceso a servicios públicos, proyectos productivos, infraestructura, educación y salud pública, entre otros beneficios. Pero a la vez el acuerdo concibe que es necesaria una democratización de la propiedad de la tierra en el país. Se ha señalado recientemente que en Colombia el 77% de la tierra está en manos de 13% de propietarios y que, de estos últimos, solo el 3,6% tiene el 30% de la tierra. Asimismo, a causa del conflicto armado se calcula que durante las últimas dos décadas al menos 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas a causa de la violencia. En síntesis, no hay duda de que si Colombia desea construir una paz estable y duradera, el problema agrario es un eje central.
Para ello, el acuerdo plantea la creación de un Fondo de Tierras en beneficio de los campesinos desposeídos, de las comunidades afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto armado. Dicho fondo, señala el acuerdo, se nutrirá de tierras despojadas mediante el uso de la violencia, tierras incautadas al narcotráfico, de terrenos baldíos de la nación de propiedad indebida que sean recuperados en procesos agrarios. En ningún caso el acuerdo contempla que deba intervenirse la propiedad privada legalmente adquirida.
No es momento de ingenuidad, este acuerdo entre las FARC y el Gobierno de Colombia no transformará el país de manera automática. Sin embargo, se avanza mucho en el camino de la paz si se silencian los fusiles de una guerra de más de cincuenta años y se llevan a cabo transformaciones que el país necesita hace décadas.
