En el pasado mes de septiembre, la Organización Mundial de la Salud publicó un informativo sobre el aumento de las tasas de suicidio en el mundo. En específico, el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 a 29 años en el globo, urgiendo a los distintos países a fortalecer sus políticas públicas de prevención en torno a este fenómeno. En Chile, la tasa de suicidios de la población infanto-juvenil ha aumentado significativamente en los últimos 20 años, alcanzando la mayor tasa de aumento de los países de la OCDE. Así, nuestro país supera ampliamente la prevalencia de suicidio de Latinoamérica y el Caribe, con 8,75 muertes por cada 100.000 habitantes. No obstante, cuando hablamos de suicidio adolescente, la tasa de mortalidad de Chile duplica a la existente en estas regiones. El suicidio juvenil se triplicó entre los años 1990 y 2012 en el país, siendo la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 19 años y la primera causa de muerte por causas externas.
Los estudios realizados en Chile, en las últimas décadas, han determinado que entre un 12% a un 14% de los adolescentes del país dicen haber ideado un plan para suicidarse en los últimos 12 meses. Más aún, entre un 2% a un 12% de la población juvenil ha intentado quitarse la vida de forma efectiva. Los datos evidencian, además, mayor prevalencia en mujeres en comparación a los hombres. En el año 2005, 2 de cada 5 niñas cursando entre 7° año de educación básica y 1° año de enseñanza media habían pensado en la muerte e ideado un plan para quitarse la vida. Otros autores, en cambio, han destacado que las tasas de suicidio juvenil en poblaciones indígenas son 2 a 7 veces más altas que las de la población no indígena. Considerando que a menor nivel socioeconómico existe mayor prevalencia de suicidio adolescente, el suicido juvenil representa entonces un problema que requiere atención urgente en la salud pública.
La evidencia científica ha demostrado que el suicidio juvenil presenta una alta comorbilidad con trastornos depresivos, bipolaridad, abuso de sustancias, y trastornos de personalidad; por tanto, su prevención, diagnóstico y tratamiento no es sencillo y requiere de diversos recursos estatales, institucionales y profesionales para hacerle frente. Por ejemplo, debido a que la presencia de ansiedad facilitaría la mantención de la ideación suicida en adolescentes, el tratamiento de la ideación suicida implica la inversión en recursos en la población afectada con ansiedad. Lo mismo puede decirse sobre los demás trastornos involucrados.
[cita tipo= «destaque»]Consideramos que el suicidio en niños y adolescentes sea abordado como una materia urgente para el Estado, la cual requiere del diseño una Ley de Salud Mental orientada a fortalecer las instituciones de Salud Mental en el país, según las guías de las OMS y velando por los derechos humanos de los usuarios. En este sentido, se hace indispensable una reformulación de las políticas actuales en Salud Mental considerando el aumento del presupuesto y el rediseño de la estructura de recursos humanos y mecanismos de intervención.[/cita]
En contra de estas dificultades, lo cierto es que la evidencia científica también permite perfilar a la población más vulnerable y sobre la cual pueden focalizarse los recursos actuales y futuros. Dentro de las posibles causas de este fenómeno, se ha encontrado una relación altamente significativa entre suicidio y disfunción familiar, donde problemas en las relaciones vinculares entre sus miembros, estilos parentales rígidos y una estructura familiar frágil aumentan el riesgo de aparición de ideación suicida y de conducta suicida. Además, la existencia de historial psiquiátrico familiar sería determinante en la aparición de estos fenómenos. También se ha descrito que el intento suicida de un familiar aumenta la posibilidad que un adolescente lo intente.
Frente a lo dramático de esta situación, el Estado impulsó medidas en el año 2000 para combatir el suicidio juvenil. En los Objetivos Sanitarios 2000-2011 se fijó como meta la disminución del 10% en las tasas de suicidio adolescente para el año 2010. Para ello, se diseñaron programas de intervención en colegios siguiendo la evidencia pasada y actual sobre la importancia de estas instituciones en la prevención y manejo de la Salud Mental de niños y adolescentes. Pese estas medidas, se evidenció un aumento sostenido de las tasas de suicidio juvenil. Así, no sólo dicha tasa no disminuyó, sino que aumentó en un 60%. La falta de abordajes directos y preventivos a este fenómeno y problemas de diseño e implementación de las políticas públicas en torno al suicidio juvenil han sido descritos como los posibles orígenes de este fracaso.
Con el fin de reformular estas políticas deficientes, en el año 2013 se ideó el Plan Nacional de Prevención de Suicidio, el cual propone reducir la prevalencia del suicidio juvenil en un 15% para el 2020. Además, sugiere la creación de un sistema de estudio de casos, capacitación de profesionales de la salud, e integración de programas de prevención en establecimientos educacionales. Sin embargo, llama la atención que esta propuesta no lleve consigo un aumento del presupuesto total en Salud Mental tal como lo han sugerido algunos autores. Junto a esto, también se evidencia la falta de un diseño adecuado de estructuras administrativas y de recursos humanos en el sistema de Salud para dar abasto y un servicio especializado a la creciente demanda de la población. De esa manera, es altamente probablemente que el Plan Nacional de Prevención de Suicidio no pueda cumplir eficazmente con su meta propuesta y, lamentablemente, las tasas de suicidio juvenil sigan en aumento.
En este contexto, consideramos que el suicidio en niños y adolescentes sea abordado como una materia urgente para el Estado, la cual requiere del diseño una Ley de Salud Mental orientada a fortalecer las instituciones de Salud Mental en el país, según las guías de las OMS y velando por los derechos humanos de los usuarios. En este sentido, se hace indispensable una reformulación de las políticas actuales en Salud Mental considerando el aumento del presupuesto y el rediseño de la estructura de recursos humanos y mecanismos de intervención. En particular, se hace imprescindible diseñar intervenciones eficaces en suicidio juvenil teniendo en cuenta la población vulnerable e indicadores que favorecen la aparición de factores protectores de la Salud Mental en la adolescencia, tales como la creación de expectativas futuras, la ausencia de conductas disruptivas y ausencia de maltrato familia. Así, se vuelve relevante incentivar la investigación en Salud Mental, crear mecanismos para transferir el conocimiento científico en políticas públicas y evaluar el impacto del modelo social-económico actual en el bienestar psicosocial de la población.
