Señor Director:
Recientemente, Lorenza Cayuhan, comunera condenada a 5 años de cárcel, tuvo a su pequeña hija en un parto acontecido por problemas propios del embarazo, que derivó en una cesárea no programada. Pocos días han pasado desde que la Corte de Apelaciones de Temuco revocara por cuarta vez el cambio de medida cautelar de la machi Francisca Linconao y resolviera que debía regresar a cumplir prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Temuco.
Graves salvedades para ambas. Una debe parir engrillada a la camilla, en presencia de personal de gendarmería, con un equipo de salud que opera sin consideración a su situación humana. La otra se encuentra en un debilitado estado de salud, comprobado tanto por medicina convencional como por su propia medicina, se encuentra bajo la presunción de inocencia y además es tratada sin considerar su rol e importancia dentro de la estructura social y política propia de su pueblo.
¿Qué tienen en común ambos casos? Ambas son mujeres, son mapuche, son pobres, son o fueron perseguidas por la justicia, y son torturadas por el Estado chileno. Entendiendo por tortura “todo acto por el cual se inflija internacionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales” (Art. 1° Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.). El Estado democrático les asegura a sus ciudadanos y ciudadanas un trato digno, justo, respetuoso de sus derechos humanos y en dicha línea existen además instituciones y servicios que refuerzan dicha idea central.
Pero, ¿Qué sucede cuándo a quien se le vulneran los derechos son mujeres, son mapuche, son niñas?, ¿Qué sucede cuando las instituciones encargadas de velar por el resguardo de sus derechos no operan, cuando la sociedad pierde su humanidad frente a tales acontecimientos? Sucede que nos vemos expuestas a la cara más ruin y despiadada del racismo y la discriminación.
Cuando quienes vivieron y sufrieron la tortura pierden las emociones y la memoria, no se alza la voz frente a tales atrocidades. Cuando quienes se forman para sanar terminan marcando la vida de una niña recién nacida y de su madre, se naturaliza la violencia en contra de las mujeres. Cuando funcionarios encargados de cumplir la ley olvidan respetar y proteger la dignidad humana, vulneran los derechos humanos. Cuando una machi es violentada y maltratada psicológicamente, cuando una sociedad internaliza la homogeneidad como idea de unidad se valida la violencia racista. Entonces pactos, tratados y convenios que ha firmado el país se transforman en letra muerta, en meros espectadores de la realidad, en medio de una sociedad alexitímica.
Es entonces que como mujeres mapuche exigimos que nuestros derechos humanos sean efectivos y respetados.
Sandra Salamanca
Académica Escuela de Trabajo Social
Universidad del Bío-Bío
