Los dramas conocidos recientemente en el Sename han conmovido la conciencia nacional. Una preocupación sin precedente ha nacido por los niños que están protegidos por el Estado y quizás nuevas exigencias nacerán de este terrible episodio.
La preocupación, el interés que han despertado las noticias que nos informan de las condiciones de vida en los establecimientos que albergan a niños y adolescentes, que acumulan dificultades diversas y deben ser protegidos, es relativamente nueva; en cambio, la óptica con la cual se ha observado, legislado, organizado y trabajado esta misión del Estado, esencialmente no ha variado desde inicios del siglo pasado.
El drama que concluyó con el deceso de una niña de 13 años residente del CREAD Galvarino, en Santiago, dio inicio a una serie de investigaciones sobre el funcionamiento no solamente de este centro de atención, pues diferentes instituciones continúan investigando el funcionamiento del organismo rector, responsable de la protección de estos niños, el Sename.
Si tomamos como ejemplo simbólico la historia del Hogar Galvarino desde su creación, nos damos cuenta que el sistema de protección de niños en situación de vulnerabilidad no ha cambiado a pesar de los esfuerzos que podemos reconocer.
Esta estructura nace en 1975 bajo administración de la Fundación Niño Chileno, teniendo como director al Sr. Ahomer Ramírez M. y pretendía funcionar como un Centro de Observación y Diagnóstico.
Este hogar estaba situado en calle Ejército 441 en Santiago centro. Era una casa señorial de dos pisos que fue destruida años más tarde, para construir los locales de una prestigiosa universidad.
En las múltiples habitaciones de dimensiones diversas, estaban las oficinas administrativas, las salas de actividades, la cocina, el comedor, los dormitorios, la enfermería, una peluquería, sastrería y vestuario en donde se remendaban las vestimentas usadas que eran donadas al hogar, además de dos habitaciones para funcionarios.
El hecho de ser considerado un hogar especializado lo dotaba de una planta de personal consecuente en comparación con los hogares tradicionales. El personal se detallaba de la siguiente manera;
6 funcionarios administrativos, 1 profesor, 2 asistentes sociales, 1 enfermera, 3 personas de servicios generales, 3 nocheros, 1 chofer, 2 personas para el aseo y 6 supervisores, los “tíos”, quienes eran los encargados de trabajar directamente con los menores.
Todo este personal estaba destinado a recibir entre 60 y 70 niños de 4 a 16 años provenientes en su gran mayoría de la Comisaria de Menores, tras orden del juez de Menores.
Los “tíos” trabajaban en tres turnos, lo que significaba que generalmente había dos supervisores para 60-70 niños.
El hacinamiento de 65 niños, en promedio, durmiendo en camarotes dobles o triples, hasta 10-12 niños en exiguas habitaciones, con un solo baño para todos. Por esto, en las noches se instalaba un balde en medio de cada uno de los 5 dormitorios para que los niños orinaran.
El calor en las noches debido a la falta de ventilación en los dormitorios, más los olores de transpiración y vapores de orina (60% de los niños presentaban problemas de enuresis) hacia el ambiente irrespirable.
Las dos salas de actividades, vacías sin ningún juego ni material didáctico, más la pequeña sala de clases, eran los lugares en donde pasaban los niños la mayor parte del tiempo. La televisión que estaba en una de las salas, era la gran aliada de los tíos, pues les permitía mantener un pequeño grupo tranquilo y sin mucha vigilancia.
El patio eran algunos metros cuadrados al fondo de la casona, recubierto de betón bruto que en verano hacía de este espacio un verdadero horno.
Una hilera de 5 duchas permitía bañarse a los niños dos veces por semana y el pequeño comedor era utilizado al mediodía en tres turnos, dos para los menores y uno para el personal.
Los supervisores o “tíos” no tenían ningún tipo de formación y, en el mejor de los casos, habían egresado de la Enseñanza Media.
La diversión más importante para los niños la constituían las cotidianas y espectaculares fugas. Los infantes, instintivamente trataban de escapar a este confinamiento tomando riesgos que ponían en peligros sus vidas.
Algunas viejas escobas, no solo servían para barrer sin cesar el patio y las salas, también eran una entretención al igual que cualquier objeto encontrado.
Los pomposos objetivos de este Hogar eran observar el comportamiento, evaluar la situación escolar y social, el estado de salud de los menores y, en un máximo de dos meses, debían ser derivados a un hogar adaptado a sus necesidades.
Estos nobles objetivos raramente eran alcanzados. Los niños permanecían por meses, hasta años en este hogar sin ningún soporte pedagógico o educativo ni menos aún lúdico.
Este establecimiento fue trasladado a sus nuevas instalaciones de calle Bascuñán Guerrero 910 a inicios de los años 80, transformándose en un CDT, denominación que mantuvo hasta 2010 cuando pasó a CREAD (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa).
No solamente la muerte de la pequeña Lissette hizo saltar a la palestra el CREAD Galvarino, estos últimos meses, también hemos conocido las manifestaciones del personal que allí labora, quienes denuncian las deplorables condiciones de trabajo que se traducen por el hacinamiento y la falta de medios para responder a las necesidades de los menores a los cuales deben proteger.
En conclusión, podemos afirmar que en cuarenta años de existencia del Hogar-CREAD Galvarino y, a pesar de la construcción de nuevos locales, de la contratación de más personal y otros esfuerzos realizados, la situación esencialmente no ha variado.
Son múltiples las políticas que desarrollan nuestros gobernantes, la política familiar y el desarrollo social son dominios que deberían tener una máxima prioridad, pues es al interior de estas políticas que debe enmarcarse el trabajo con las niñas y los niños vulnerados en sus derechos. Se necesita de un Estado protector y a la vez educador.
En el trabajo con niños y adolescentes que necesitan la protección del Estado, la familia, cual sea su situación, debe ser considerada, a fIn de obtener su adhesión en el trabajo a realizar. Las instituciones que toman a cargo estos niños en protección, deben obrar también con el núcleo familiar, lugar natural del niño.
Estos niños necesitan ser acompañados para que su desarrollo no sea perturbado por las carencias o disfuncionamientos familiares, día y noche y así todo el año. Para este trabajo cotidiano se necesitan verdaderos profesionales
Estos profesionales deben ser formados, capacitados a través de un curso académico adaptado a los objetivos establecidos.
Este profesional debe ayudar al desarrollo de la personalidad y al bienestar del niño, debe estar capacitado para elaborar proyectos socioeducativos tanto personales como institucionales, debe adquirir las competencias para un acompañamiento social y educativo especializado inscrito en una temporalidad definida, debe saber desarrollar la comunicación profesional e interprofesional con el fin de establecer una coherencia en el trabajo a realizar, debe dotarse de técnicas de observación, de investigación social, de auditoría social para comprender las dinámicas de funcionamientos de las instituciones y las interacciones que existen entre ellas.
Este profesional de terreno, debe ser la piedra angular en el trabajo con niños y adolescentes a proteger, debe conducir un trabajo interprofesional, integrando disciplinas asociadas al trabajo social, como la medicina, la psiquiatría, la psicología, sociología o sectores como la educación nacional, la salud…
Este profesional debe ser reconocido oficialmente y a la vez exigir paulatinamente, a las instituciones concurrentes a la protección social, de dotarse de profesionales diplomados.
Si los comparamos con el dominio de la Educación Nacional, podríamos afirmar que no sirve de nada votar leyes en cuanto a universalidad, gratuidad y calidad de la educación; si no se forman los profesores idóneos, las leyes y sus intenciones serán letra muerta.
El trabajo social se ha ido alimentando a través de los años de las enseñanzas de muchas disciplinas. La medicina, las ciencias sociales y humanas han ido constituyendo los puntos de referencia del trabajo social.
Al lado de los(as) asistentes sociales se necesitan educadores especializados, educadores “técnicos” en la enseñanza de un oficio a niños con dificultades de aprendizaje o comportamiento, animadores de actividades socioculturales y aun otros.
No es suficiente copiar modelos o programas de países desarrollados para garantizar un buen resultado. Todos los sistemas son diferentes y corresponden a concepciones teóricas diversas y en cada país existe una cultura profesional, que es reconocida tanto por las instituciones públicas y privadas como por la ciudadanía en general.
En cuanto a los medios financieros destinados a la protección social, tampoco son comparables.
La vertiente “judicial” que ha prevalecido en Chile en el tratamiento de niños y adolescentes bajo la responsabilidad del Estado ha fracaso. Así lo demuestra la trágica realidad.
En consecuencia, surge la imperiosa necesidad de profesionalizar el conjunto del trabajo social y afirmar la presencia del Estado educador a través de las políticas familiares.
Nuestra sociedad necesita ser protegida y el Estado a través de sus instituciones debe continuar dando una respuesta penal. La acción de la justicia y sus instituciones auxiliares deben continuar abocadas a reprimir la delincuencia y la criminalidad, nadie lo pone en duda. Pero a la vez el Estado debe asumir con más energía y responsabilidad su rol de Estado educador.
[cita tipo=»destaque»]Cuando el Estado asume el rol educativo, es capaz de cambiar los paradigmas que han conducido hasta hoy el trabajo social. Salir de las lógicas parcelarias que constituyen los proyectos, las cuales laminan el trabajo social, y remplazarlos por políticas públicas que involucran al conjunto de la sociedad.[/cita]
El Estado educador debe crear las condiciones para que las instituciones intermediarias puedan recrear lazos sociales que integren el universo familiar, lo comunitario e institucional.
Cuando el Estado asume el rol educativo, es capaz de cambiar los paradigmas que han conducido hasta hoy el trabajo social. Salir de las lógicas parcelarias que constituyen los proyectos, las cuales laminan el trabajo social, y remplazarlos por políticas públicas que involucran al conjunto de la sociedad.
Un Estado educador, apuesta sobre las virtudes de la educación en su dimensión más amplia y profunda, para abordar el trabajo a realizar con estos menores.
Mucho se ha escrito sobre la autoridad parental hoy fragilizada, su restauración es fundamental; pues es esta autoridad la que puede responder al vértigo que nos provocan las violencias intrafamiliares y al poder que detienen los adolescentes por el hecho de considerarse invulnerables.
El estado, debe garantizar una respuesta penal a los menores infractores, pero a la vez debe crear las condiciones para que una institución de base, como la familia, dé a cada persona un cuadro en donde se le atribuya un lugar en su genealogía, con sus derechos y responsabilidades.
Entonces podemos legítimamente preguntarnos:
¿Cuál será la arquitectura del nuevo sistema de protección social?
¿Se continuará a legislar, a trabajar bajo la vertiente judicial que tiene como objetivo el control social?
¿Se integrará en el futuro la noción de “educación” como herramienta esencial del trabajo socio-educativo con los niños, los adolescentes y sus familias?
¿Se ha tomado conciencia de la necesidad de profesionalizar el conjunto del trabajo social para responder a las complejidades de la sociedad actual?
¿La sociedad ha tomado conciencia que cambiar el sistema tiene un costo no solamente financiero, es un cambio en la representación que cada uno de nosotros tiene de estos infantes?
Las respuestas a estas interrogantes deben ser alimentadas por todo el cuerpo social, orientando y exigiendo de esta manera a nuestros gobernantes y legisladores, de reparar esta injusticia histórica, dándoles a las políticas familiares el contenido y las prioridades que merecen nuestros niños.
