Sin duda que el Frente Amplio ha sabido convocar a todas aquellas personas que, de alguna manera, no sienten que su malestar está representado por la política actual. Malestar que se relaciona con una política deslegitimada y de desconfianza profunda hacia las instituciones y autoridades en general, tanto por la corrupción y malas prácticas -que socavan el prestigio de las mismas-, como por la falta de liderazgo político y del realismo necesario para hacerse cargo de las demandas ciudadanas.
De esta manera, el Frente Amplio se ha erguido como el defensor de las desigualdades provocadas por una sociedad en la que todos los espacios, tanto la política, educación, salud, vida social, estarían contaminadas por el mercado y el interés de unos pocos: los “poderosos de siempre”. Entonces, siguiendo el hilo de este razonamiento, sería necesario devolver el poder a la gente y la capacidad de dirigir entre todos los asuntos públicos, de manera que ya no sean unos pocos quienes tomen las decisiones. En definitiva, una mayor democratización de los espacios, logrando así una mayor igualdad y justicia para Chile.
El discurso es alentador, sin embargo, adolece de un problema grave en el diagnóstico: no parece ser que el centro del problema sean las trabas democráticas impuestas por la dictadura, que entregan el poder a los más ricos e impiden que la ciudadanía pueda tomar decisiones, como han manifestado. El problema es más profundo aún y se relaciona con la despolitización de los espacios, que condiciona la disposición de la ciudadanía hacia las cosas públicas.
[cita tipo=»destaque»]Una propuesta como la del Frente Amplio, que discursivamente propone una mayor participación ciudadana, pero que, en la práctica, se queda en la superficie, reemplazando el mercado por el Estado –tanto Sánchez como Mayol parecen quedarse en el estatismo de siempre–, padece paradójicamente de un severo “malestar”, pues le quita la posibilidad real a las personas de hacerse parte de los asuntos del país.[/cita]
Un ejemplo de ello es que el término del sistema binominal, caballito de batalla de quienes exigían el cambio de una constitución antidemocrática, no ha incidido mayormente en mejorar la participación, pues ni los ciudadanos se sienten hoy más representados, ni ha significado tampoco un cambio sustancial en nuestra democracia. Mismo símil puede aplicarse al voto voluntario, que ha colaborado de buena manera con la despolitización.
La coalición liderada por Boric y Jackson, sin embargo, ha agotado su discurso en formalismos, sin tocar el fondo de la política. El fondo tras esta crisis que causa el malestar actual es que hemos despojado de nuestra vida en sociedad el sentido de lo público, despolitizándola a niveles difícilmente imaginables hace 40 años. No existen ya los lazos que nos unen en torno a un fin común, que mueven a la colaboración y preocupación por el bienestar de todos. Por tanto, antes que los mecanismos formales de cómo ejercemos la actividad política –o la democracia–, el problema parece explicarse más bien porque la política ─capacidad que tenemos para decidir sobre nuestro destino común─ se ha vuelto una actividad prescindible. ¿Cuál sería su sentido si no es posible una deliberación común sobre lo bueno o justo para la sociedad?
La solución, por tanto, debe enfocarse en cómo logramos rehabilitar la política, de manera de que exista una mayor cohesión en la sociedad y que permita a los ciudadanos salir de su individualidad para asumir una lectura común del malestar, entendiendo que la falta de vivienda digna, los bajos salarios y la ausencia de oportunidades no son sólo un asunto de los que lo padecen –ni tampoco un efecto de un mercado que lo ha corroído todo–, sino que de la ausencia de la política.
Una propuesta como la del Frente Amplio, que discursivamente propone una mayor participación ciudadana, pero que, en la práctica, se queda en la superficie, reemplazando el mercado por el Estado –tanto Sánchez como Mayol parecen quedarse en el estatismo de siempre–, padece paradójicamente de un severo “malestar”, pues le quita la posibilidad real a las personas de hacerse parte de los asuntos del país.
