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Domingo, 19 de noviembre de 2017 Actualizado a las 01:12

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Juramento de la bandera 2017: reflexiones sobre un discurso

por 14 julio, 2017

Juramento de la bandera 2017: reflexiones sobre un discurso
El discurso del comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, con motivo del Juramento a la Bandera, erosiona las confianzas alcanzadas e incursiona en un ámbito que le está especialmente prohibido por las normas que él juró y que juran ahora estos conscriptos. El general delibera, pondera, hace reproches y solicita privilegios. ¿Por qué el Gobierno y la Cámara de Diputados no investigan e imponen las sanciones que corresponden? La impunidad no ayuda a construir un Chile más reconciliado, solo exacerba las pasiones y agrieta la construcción democrática.

El año 2017 este acto solemne estuvo marcado por hechos que hieren sentimientos y contradicen normas constitucionales sin que las autoridades reaccionen. El juramento parte con el nombre del soldado o soldada y continúa con “juro por Dios y esta Bandera servir fielmente a mi patria”. Comparto la emoción de los participantes,  ya que también he tenido la oportunidad de jurar servir a nuestro país, no como miembro de las Fuerzas Armadas en mi caso, ya que por un accidente pasé a la Reserva sin instrucción. Pero sí lo hice como miembro de la Defensa Civil, valiosa entidad a la que ingresé a los 14 años, con mi overol de uniforme, mis botas militares de segunda mano y un auténtico casco inglés, sobreviviente de la segunda guerra mundial. Reiteré ese juramento como abogado, diputado y como senador, aunque no se incluía el de entregar la vida si fuera necesario, la que terminé arriesgando con miles de chilenos  sin querer queriendo en la época de Pinochet.

Desde niño aprendí a querer a mi Chile, aprendiendo del heroísmo de los primeros independentistas, de los movilizados en 1836, en 1879. Me sentí muy orgulloso cuando constaté que la  separación de la Iglesia y el Estado liderada por Arturo Alessandri, en los años 20 del siglo pasado, se hizo sin las luchas fratricidas que se conocieron en Chile y en otros países. Orgulloso, también, por el reconocimiento del derecho a voto pleno de la mujer en 1949, el de los compatriotas pascuenses en 1966, por la Reforma Agraria de Frei Montalva y por el honor gigante de ser compatriota de dos Premios Nobel, ya que me conmueven y motivan la prosa y el verso de la magnífica Gabriela Mistral y logré distinguir al Pablo Neruda, poeta inmenso y admirable, del político con valores tan distintos a los míos.

Sigo pensando que para promover el sentido de Patria debemos celebrar tanto las gestas cívicas como las militares, sobre todo porque la participación de las Fuerzas Armadas en la represión brutal de su pueblo bajo Pinochet, es una herida que aún sangra, pero ello no debe hacernos olvidar a los que defendieron Chile en épocas y circunstancias distintas y de cuyos sacrificios me siento deudor.

Lamentablemente, el discurso del general Oviedo erosiona las confianzas alcanzadas e incursiona en un ámbito que le está especialmente prohibido por las normas que él juró y que juran ahora estos conscriptos. El general delibera, pondera, hace reproches, solicita privilegios y uniformados rinden honores a delincuentes.

Citaré los elementos que fundamentan mi opinión.

Partamos por la Constitución. El Artículo 101 de la Carta Magna dispone, en su inciso tercero, que las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. El artículo 20 del Código Civil dispone lo siguiente: “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras”. El diccionario de la RAE, uno de los medios más usados para esclarecer el sentido natural y obvio de un concepto y su diccionario, define “Deliberar” como “considerar atenta y detenidamente el pro y contra de los motivos de una decisión".

El general dijo que “aún subsisten situaciones que continúan provocando tensiones entre el pasado y el futuro, las que de manera recurrente atraen la atención de diversos sectores de nuestra sociedad, a pesar de las acciones de reconocimiento y las reiteradas ocasiones donde la institución ha asumido la responsabilidad que le corresponde,  dentro de los marcos que la Constitución y las leyes permiten”. El general se refiere, sin mencionarlas, a decisiones del Congreso Nacional y de los Tribunales de Justicia, criticando a las autoridades establecidas en la Constitución, las que, en su opinión, no habrían prestado la atención debida a las “reiteradas ocasiones donde la institución ha asumido la responsabilidad que le corresponde”

¿A qué situaciones se refiere el señor general? ¿A la falta de respeto al juramento del año 1973?

Cuando se les critica, es habitual que los golpistas civiles y uniformados respondan que la DC fue promotora del Golpe y que critica porque no se le entregó el poder. Es público y notorio que los DC fuimos decididos opositores democráticos al Gobierno de Allende y que nos jugamos por poner fin por los caminos institucionales a un Gobierno fracasado. En diversos escritos y charlas  he dado mi opinión fundada respecto a la principal responsabilidad que les cupo a diversos actores civiles chilenos que jugaron como peones de la Guerra Fría, la mayoría de las fuerzas políticas de la UP, en forma especial, y otros partidos, incluyendo el mío, la DC. Pero jamás, órgano regular alguno de la DC, menos de la JDC que presidía entonces, llamó a un Golpe de Estado, acción que rechazamos públicamente, incluso en un acto el día anterior al Golpe. Pero reconozcamos que la mayoría de los DC, desesperados por la falta de apertura de ese Gobierno, apoyaron esa desastrosa opción.

He sostenido en forma reiterada que los graves errores de la UP y las debilidades transitorias de la DC nunca han justificado los tremendos horrores generados por la dictadura. También he probado que fuimos DC los que en los jóvenes, trabajadores, profesionales, pobladores encabezamos la recuperación democrática. No se puede negar el rol histórico de la Comisión de Derechos Humanos con Jaime Castillo, Máximo Pacheco, Adolfo Zaldívar, ni de las múltiples Comisiones  de Derechos Juveniles que formamos para servir de protección y denuncia.

También recuerdo que el ex comandante en Jefe, señor Cheyre, nos invitó, a los civiles que trabajábamos en temas de Derechos Humanos, a la Escuela Militar y pronunció una charla en que pidió perdón por los horrores cometidos y rechazó el argumento de que se pudieran excusar en nombre de la Seguridad Nacional. Sentí que el reencuentro era posible. Pero me duró poco. Conversando con Andrés Allamand, expositor ese día, y algunos altos oficiales en un pasillo, el actual senador de RN me invitó a preguntarles a esos uniformados que pensaban de lo expresado por su comandante en Jefe. Sin titubeos, esos oficiales me dijeron que estaban en completo desacuerdo con sus palabras. Se sentían aún salvadores de un país, merecedores de medallas, por actos sin honor, y de privilegios como la impunidad, que la derecha les seguía brindando.

El general Oviedo expresó: "Estimo propicio, en esta ocasión, ahondar y reflexionar brevemente respecto al profundo sentido del cumplimiento del deber, entendido como la acción voluntaria y predisposición positiva para cumplir las obligaciones inherentes al servicio, como consecuencia de un mandato o imposición de un superior jerárquico”. Reflexionar significa “pensar atenta y detenidamente sobre algo". Pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión”. Eso es deliberar.

El uniformado mencionó el hecho de que en múltiples conflictos armados “los actores militares de menor graduación, dentro de los que están subtenientes, cabos y soldados conscriptos, hayan tenido que obedecer y cumplir órdenes de sus superiores, pero que dadas las circunstancias que siempre contextualizan las decisiones y, sobre todo, las más extremas a que se puede enfrentar todo ser humano, se vieron impedidos de objetarlas o representarlas y que incluso, habiéndolo hecho, fueron obligados a cumplirlas, como lo establece detalladamente el Código de Justicia Militar (CJM) vigente y que data del año 1944”. Ni una mención a la Constitución de 1925, vigente al día del Golpe, de jerarquía superior.

El 11 de septiembre del 73 se desató un acto de violencia brutal, era la oportunidad para que hablara el camarada Máuser, que apenas balbuceó ante el aplastante poderío militar y un Bando nos comunicó que estábamos en Guerra. Por una parte, las fuerzas del general Pinochet, allendista declarado hasta dos días antes, contra el resto de los chilenos que no aceptaran sus decisiones de converso. Cuando hay guerra externa o interna se aplican los Convenios de Ginebra y sus Protocolos complementarios, según el caso. Los uniformados se saltaron la Constitución y las leyes de los civiles y, además, violaron las que rigen la guerra.

¿Está diciendo, el señor general, que la responsabilidad de los horrores de ese período deben asumirla los que dieron las órdenes?  Entonces, ¿por qué no ayuda a que estos mandos respondan? Muchos de esos subalternos,  obligados –dicen– a cometer crímenes y abusos gravísimos, lo vienen exigiendo sin mayor éxito. Abundan los antecedentes judiciales que prueban la participación directa del general Pinochet en esos actos y de muchos otros altos oficiales. ¿Lo ha reconocido así el Ejército? Entiendo la solidaridad que muchos ex uniformados expresan por sus amigos condenados en juicios justos, abiertos. Son seres humanos que muestran lealtad con el caído y eso lo respeto. Pero el jefe militar formuló un juicio de valor negativo sobre el funcionamiento de poderes del Estado, constitucionalmente autónomos, lo que es muy grave: deliberó.

El general dijo que “aún subsisten situaciones que continúan provocando tensiones entre el pasado y el futuro, las que de manera recurrente atraen la atención de diversos sectores de nuestra sociedad, a pesar de las acciones de reconocimiento y las reiteradas ocasiones donde la institución ha asumido la responsabilidad que le corresponde, dentro de los marcos que la Constitución y las leyes permiten”. El general se refiere, sin mencionarlas, a decisiones del Congreso Nacional y de los Tribunales de Justicia, criticando a las autoridades establecidas en la Constitución, las que, en su opinión, no habrían prestado la atención debida a las “reiteradas ocasiones donde la institución ha asumido la responsabilidad que le corresponde”.

Los Tribunales de Justicia, de triste papel en dictadura, en las numerosas causas tramitadas, casi exclusivamente en democracia, han tratado de llegar a la verdad judicial, aplicando leyes que buscaban reducir las penas de los que cooperaran para facilitar la justicia. Pero, por años, escuchamos y leímos que los crímenes no existían, que los abusos eran falsos, que se habían matado y torturado entre ellos. Era una verdadera conspiración para ocultar la terrible verdad.

Hay otra contradicción vital en ese discurso. Se destaca que cada recluta se obliga a cumplir con los deberes y obligaciones militares conforme a las leyes y reglamentos vigentes “hasta rendir la vida si fuese necesario”. ¿Los uniformados del 73 no juraron lo mismo? Hubo muchos uniformados que se negaron a cumplir esas órdenes, arriesgando su vida, para cumplir su juramento. Escuché de un comandante de un regimiento que lo dejaron solo con su revólver y optó por la muerte. ¿Es caso único, mito o verdad? ¿Y los cientos de exonerados uniformados que salvaron sus vidas pero los dejaron sin trabajo por décadas y que hasta hace poco se presionaba para que no se les incluyera en la justificada reparación?  Solo la Fuerza Aérea reconoció la tortura ejercida, entre otros, al general Bachelet. Valioso gesto.

¿Y la Armada, el Ejército, Carabineros?

Un gran amigo fue testigo ese domingo, cuando parte de las tropas que desfilaron en esa ceremonia rindieron honores frente a personas que pedían “Rescaten a los prisioneros de Punta Peuco”. He visto la foto y leído un comunicado: “Como sorpresivo, emocionante y tremendamente esperanzador fue calificado por la Multigremial Nacional del Personal en Retiro de las FFAA y de Orden, el saludo a paso marcial regular con que la Banda de Guerra de la Escuela Militar Libertador Bernardo O’Higgins rindió honores a la familia militar presente en la Ceremonia de Juramento a la Bandera, pues el gesto de los uniformados es una muestra clara que las Fuerzas Armadas de ayer, hoy y mañana son Una Sola” . ¿Quién dio la orden? ¿Ha sido sancionado?

Yo entiendo el sufrimiento de esos familiares y lamento que vivan esas aflicciones. ¿Entienden ellas el dolor de miles de parientes y amigos de compatriotas que no tuvieron juicio justo, que los asesinaron, los tiraron al mar o torturaron o que no han podido darles sepultura? ¿Pensaron, los que dieron esas órdenes, que, a lo mejor, algunos de esos reclutas rendían honores a los que asesinaron o torturaron a familiares o amigos?

Si creemos en la norma constitucional de igualdad ante la ley, los condenados por delitos que no sean de lesa humanidad tienen los mismos derechos que los otros delincuentes. Ni uno más, ni uno menos.

Otro párrafo del discurso me suena vacío. Dijo el general: “Los invito entonces a ser hombres de honor, de palabra, consecuentes, respetuosos y observantes de las normas que la sociedad en que vivimos nos impone. Les aseguro que la vida les deparará un destino auspicioso”. Ni una frase para repudiar la conducta de miembros de la institución por los escandalosos delitos cometidos con los recursos públicos destinados a un fin tan relevante como la Seguridad Nacional. No me parece apropiado exigir en ese acto menciones más profundas, pero ¿unas líneas rechazando lo que el país está conociendo respecto a los fraudes millonarios en los que hay, ya confesos, altos oficiales, suboficiales y otro personal subalterno? Habrían tenido mucho sentido.

Estoy convencido de que la mayoría de nuestros uniformados no son asesinos, ladrones ni deshonestos, así como creo que hay muchos políticos honestos. Por ello mismo, he denunciado esos hechos en los ámbitos que conozco  y exigido duros, pero justos, castigos penales y éticos a las minorías culpables.

Comparto con ellos la vergüenza, rabia y dolor que esas acciones generan y les expreso mi solidaridad y afecto para que sigan cumpliendo como corresponde, respetando las normas, con sus deberes tan relevantes.

Pero usar un acto tan solemne para deliberar, lesionando una norma constitucional, y eludir unas frases sinceras sobre los actos repudiables de unos pocos, es algo que, en mi opinión, repugna a la conciencia democrática chilena.

¿Por qué el Gobierno y la Cámara de Diputados no investigan e imponen las sanciones que corresponden?

La impunidad no ayuda a construir un Chile más reconciliado, solo exacerba las pasiones y agrieta la construcción democrática.

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