Desde ciertos actores sociales se ha vuelto una suerte de costumbre decir que la oposición ciudadana a proyectos urbanos, de infraestructura, energéticos y extractivos genera falta de certeza jurídica. Esta situación es demonizada como un vicio que impedirá el desarrollo del país al ahuyentar la necesaria inversión.
El discurso de la pérdida de certeza jurídica está lejos de ser real. Es la actual institucionalidad, que aprueba los proyectos con impacto territorial insustentable, la que como mecanismo impide lograr acuerdo social.
El argumento es simple y se basa en un hecho que resulta bastante evidente: la institucionalidad que aprueba los proyectos de infraestructura e industriales en los diferentes territorios del país opera de manera injusta y desigual perjudicando a ciertas comunidades y beneficiando abiertamente a otras. El modelo chileno de planificación territorial -si es que existe algo que podemos llamar así- es un mecanismo que promueve la concentración de desventajas socio-territoriales, pobreza, vulnerabilidad, contaminación, funciones molestas y al mismo tiempo, libera espacios para que aúnen riqueza, servicios y funciones urbanas positivas y alta calidad ambiental. No hay que ser un técnico en la materia para identificar esta situación, como bien señala el Contralor nacional.
Ahora bien, el problema entonces no está en que no se acate la legislación, las normas y los procesos institucionales. Por el contrario, lo que resulta ridículo es que autoridades, políticos, funcionarios públicos pretendan que procedimientos explícitamente injustos y altamente efectivos en la reproducción de desventajas socio-territoriales, sean aceptados por la ciudadanía sin ninguna objeción.
¿Nuestras políticas públicas territoriales promueven la integración, la equidad socio-territorial y aseguran a todos los chilenos por igual vivir en un medio ambiente libre de contaminación y con acceso a bienes ambientales y servicios sociales de calidad? La respuesta es sencilla: No lo hacen. Por lo tanto, la cuestión, en clave sociológica, deja de ser el acatamiento de la norma y la certeza jurídica y pasa a ser el tipo de legislación, normas e institucionalidad que tenemos y cuáles son los valores sociales que ellas promueven.
Revisando el caso de Til Til, la comunidad señala que no es posible concentrar crecientemente los residuos de la mayor metrópolis del país en su comuna. Esto independiente de temas técnicos sobre si ese terreno es el más apto en la región para ello. Por parte de la autoridad, el discurso es que se requieren vertederos y que la autoridad ambiental ha aprobado el proyecto.
[cita tipo=»destaque»]Es justamente porque la resolución emana de nuestras instituciones en su deliberar que podemos criticarla. Ahora bien, esto no desde la perspectiva de la legalidad, sino, desde la perspectiva de la justicia y la equidad social. Los ciudadanos de Chile podemos exigir a nuestras autoridades procedimientos que aseguren una construcción de territorio justa, inclusiva, integrada y libre de contaminación.[/cita]
Como se puede ver, dos principios para organizar el territorio que se oponen y parecen irreconciliables. Sin embargo, el principio de la justicia territorial debe imperar. Algunos elementos a considerar: i) La institucionalidad ambiental chilena no está hecha y en realidad es bastante ineficiente para rechazar proyectos, en general, es un mecanismo de aprobación de iniciativas. Esta es una de las razones por las cuales en todo el país constatamos el surgimiento e intensificación de conflictos entre las comunidades locales y quienes promueven proyectos de infraestructura, energía y extracción; ii) No es cierto que se requiera crecientemente de vertederos en el país. En el escenario actual de cambio climático y de búsqueda de resiliencias urbanas no es descabellado pensar en modelos distintos de manejo de residuos: reciclaje de basura y compostaje de materia orgánica a nivel barrial y comunal pueden ser una alternativa que se requiere considerar. De ocurrir esto, la dependencia territorial que muestran las zonas ricas del país respecto de las más pobres para el depósito de sus desechos debiera disminuir en porcentajes significativos.
Bajo la argumentación que aquí propongo, la certeza jurídica no es más que un discurso falaz para mantener una construcción desigual de nuestro territorio y para obligar a las comunidades locales a aceptarlo. Otra forma de construir territorio es posible, pero ella parte de una legislación, normativa e institucionalidad que alcanza consenso por los valores que promueve y no por el simple hecho de existir. Esta postura contradice la postura del gobierno señalada por su vocera. Ella defiende esta decisión por ser el resultado de nuestra institucionalidad. Una pregunta para el lector: ¿Si la decisión de instalar nuevos vertederos en la comuna de Til Til no fuera resultado del accionar de nuestras instituciones podríamos considerar que Chile es una democracia moderna?
Es justamente porque la resolución emana de nuestras instituciones en su deliberar que podemos criticarla. Ahora bien, esto no desde la perspectiva de la legalidad, sino, desde la perspectiva de la justicia y la equidad social. Los ciudadanos de Chile podemos exigir a nuestras autoridades procedimientos que aseguren una construcción de territorio justa, inclusiva, integrada y libre de contaminación.
Que no lo engañen… seguir concentrando los residuos y funciones molestas en las zonas ya altamente desfavorecidas no es ninguna solución. Las zonas de sacrificio son fruto de las decisiones políticas de muchos años y para revertirlas hay que empezar a trabajar desde ahora.
