La Salud Pública ha estado en crisis en los últimos años, no sólo por la ausencia de hospitales y especialistas, sino fundamentalmente por la incapacidad de resolver las condiciones de inequidad que históricamente han generado las principales enfermedades en nuestro país. Es la desigualdad producida por el capitalismo y su modelo neoliberal el que en gran medida determinan el padecimiento de enfermedades que afectan fundamentalmente a los pobres.
Desde una perspectiva histórica reciente, diversos estudios han venido planteando la necesidad de abordar los determinantes sociales de la salud para disminuir prevalencias de enfermedades, sobre todo de los países con altos índices de desigualdad como el nuestro. La propia OMS incorporó esta mirada recomendando acciones interministeriales con presupuesto para resolver los problemas sanitarios, apostando al fortalecimiento de la APS.
En Chile, los procesos de reforma de la Salud Pública impulsados por los gobiernos de la concertación y continuados por la derecha y la Nueva Mayoría, priorizaron por reformar los sistemas de gestión asociados el acceso a la asistencia sanitaria, más que a introducir reformas estructurales orientadas a corregir inequidad en salud. Los resultados de este proceso si bien aún son insuficientes en materia de acceso a la atención o disminución de prevalencias o problemas de salud, expresan la voluntad implícita o explicita de mantener una estructura de mercado de la salud funcional al modelo, cuyo objetivo ya no es disminuir o evitar las enfermedades sino más bien administrarlas a través de la sobre medicalización mercantilizada de la población crónica.
[cita tipo=»destaque»]En este escenario la Salud Pública en Chile, se ve obligada a repensarse y a redefinir sus marcos de actuación tal cual se ha venido desarrollando, no se trata sólo de aumento de presupuesto o de innovaciones tecnológicas, ni menos de bonos ni tecnocratismos populistas como la mayoría de las candidaturas lo han venido planteando en los últimos meses.[/cita]
Lo anterior podría simplificarse en tres puntos críticos del sistema. El primero situado en el mercado de los seguros de salud (ISAPRES), en los insumos y equipamientos clínicos y el más significativo el de laboratorios y farmacéuticas, que a través del lucro segregan o endeudan a importantes sectores de la población. El segundo expresado en la provisión de servicios médico-asistenciales con un bajo y desigual financiamiento estatal que tensiona al sistema público a dar respuesta efectiva, a vastos sectores de la población afectando la oportunidad y la calidad de los servicios. Finalmente, el tercero, asociado a los determinantes sociales y a la desigualdad, que operan como un estresor permanente del sistema, aumentando las prevalencias y demanda por atención, reproduciendo la enfermedad y generando un círculo vicioso para el sistema público.
En este escenario la Salud Pública en Chile, se ve obligada a repensarse y a redefinir sus marcos de actuación tal cual se ha venido desarrollando, no se trata sólo de aumento de presupuesto o de innovaciones tecnológicas, ni menos de bonos ni tecnocratismos populistas como la mayoría de las candidaturas lo han venido planteando en los últimos meses.
Se trata de construir una Salud Pública Colectiva con y para sus ciudadanos y trabajadores, que se hace cargo de la inequidad en el acceso de la atención reforzando técnica y financieramente la Atención Primaria en Salud (APS) como instancia estratégica para prevenir enfermedades y producir salud y no sólo como puerta de entrada al hospital.
Una Salud Pública que interviene y regula los precios de los fármacos e insumos clínicos y asistenciales, poniendo coto al lucro, recuperando soberanía sobre la producción y distribución de medicamentos a través del financiamiento estatal de las farmacias populares, el fraccionamiento en todas las farmacias y la creación de laboratorios estatales o comunales.
Una Salud Pública que ponga fin al lucro en la administración de los seguros y que reemplace la lógica individual y discriminadora hacia las mujeres, fortaleciendo el carácter familiar y colectivo y ampliando la participación estatal y cooperativista en esta materia. Que recupera y apuesta por infraestructura sanitaria para sus comunidades, a través de la reposición de todos los Cesfam que hoy no pasarían una resolución sanitaria considerando espacios para el desarrollo de la salud familiar y comunitaria.
Una salud publica integral, plural que reconoce los distintos saberes médicos o curativos, que no discrimina e incluye el ejercicio de terapias alternativas complementarias. Que entiende el problema del consumo abusivo de alcohol y drogas como un tema de salud y no de seguridad, que legaliza la marihuana para fines terapéuticos y que avanza en su legislación como recientemente lo ha hecho Portugal.
Una Salud Publica que apuesta por el desarrollo de sus comunidades, que las empodera en el ejercicio de derechos en salud y no sólo de la atención, que apuesta por la corresponsabilidad en la producción de salud, ampliando los mecanismos de participación y construyendo agentes comunitarios y cooperativas para la co-producción de la salud que enfrenten los determinantes sociales inequitativos de la salud.
