Si el empleo, el crecimiento y la desconcentración de la economía llegaran a ser algún día una real prioridad del Gobierno, sería necesario asumir el compromiso básico hacia las pymes “para empezar a conversar” sobre la implementación de una real agenda que estimule la productividad, el talón de Aquiles de nuestra economía.
En Chile el camino de quienes optan por emprender se dificulta más allá de los desafíos propios de la actividad empresarial, esto por prácticas y regulaciones que terminan cargándole la mano a quienes desean desarrollar una nueva actividad. Problemas de acceso al crédito, burocracias, complejidades jurídico-tributarias, atraso en los pagos, entre otras cosas, son solo algunos ejemplos de las problemáticas que deben enfrentar quienes deciden ser emprendedores.
Según datos que se pueden extraer del trabajo realizado por ASECH y la Bolsa de Productos de Chile, para el primer trimestre de 2017 el pago a proveedores aumentó en 10,1 días con respecto al primer trimestre de 2016, alcanzando un promedio de 56 días. Tal período significa una pesada carga financiera a quienes tienen que resistir este tiempo cumpliendo con sus obligaciones –pago de cotizaciones y salarios, IVA mensual, insumos, relación riesgo-crédito, entre otros-, cuestión que en la práctica genera un problema de liquidez y de mayor incertidumbre.
Esta situación se ha convertido en una cortapisa para el emprendimiento en el país y requiere de una urgente una mejora. Según una encuesta realizada por ProPyme, presentada recientemente ante la Comisión de Economía, se muestran reveladoras cifras sobre la percepción de lo que significa ser empresario en Chile. Según dicha encuesta, 41,17% sobre un universo de 889 empresarios, señala que está en desacuerdo con la idea de que el modelo chileno promueve el desarrollo de las pymes, mientras que 48,5% expresa que está de acuerdo con la idea de que las grandes empresas contribuyen muy poco al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Por último, 45,6% cree que las condiciones son muy desfavorables a la hora de describir la situación de pago entre los grandes negocios y las pymes.
Soluciones existen, sin embargo, hoy el real problema radica en la falta de voluntad política de las entidades públicas, pues el Estado o los municipios son a menudo tan malos pagadores para las pymes como las grandes empresas. Esta situación puede también explicar el lento avance que ha caracterizado la tramitación de múltiples proyectos de ley en el Congreso que buscan acelerar el pago a las pymes y multar a las entidades que se retrasen en el cumplimiento con sus proveedores.
Si el empleo, el crecimiento y la desconcentración de la economía llegaran a ser algún día una real prioridad del Gobierno, sería necesario asumir el compromiso básico hacia las pymes “para empezar a conversar” sobre la implementación de una real agenda que estimule la productividad, el talón de Aquiles de nuestra economía.
A ese respecto, es urgente que el actual y futuro Gobierno deba asegurar la rápida tramitación asignando urgencia simple o suma a la iniciativa que busca hacer frente a estas situaciones (Boletín 10785-03), moción que busca la regulación de los plazos de pago a las micro y pequeñas empresas, establecer el derecho a cobrar intereses cuando se produce la mora en el pago del acto de comercio o civil y establece como condiciones abusivas, y por tanto nulas, para los contratos de operaciones comerciales con las pequeñas y microempresas el no cumplimiento del plazo o la exclusión del derecho al cobro de interés por mora.
El desafío es sin duda de proporciones, pues significa una restructuración importante de los distintos mecanismos de pago que imperan en los organismos públicos y privados, pero el resultado es políticamente muy rentable. Más de 5 millones de trabajadores agradecerán sin duda saber que podrán llegar a fin de mes más tranquilos.
