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El segundo gobierno de Sebastián Piñera

por 29 diciembre, 2017

El segundo gobierno de Sebastián Piñera
Todo gobierno tiene un período de gracia, pues el gobierno político es un proceso que, en un principio, se echa a andar con el ímpetu del triunfo electoral. Esa es la parte dulce, hecha de discursos y protocolos. Pero el verdadero ejercicio de poder empieza de inmediato y es más subterráneo, generalmente mucho más limitado de lo que dejan ver las apariencias, que tiene el riesgo de agotar los recursos de poder de manera rápida, sobre todo si se los mal utiliza, y depende enormemente de una arquitectura de construcciones y señales –la imagen inicial que proyecta el gobierno– y que indica su habilidad, claridad y comprensión de lo que se tiene entre manos y su capacidad para comunicar. La relación entre impronta propia, urgente, necesaria y estructural, obliga a una selección de ítems y temas, lo que no resulta fácil, y debe ser cuidadosamente diseñada.

Sebastián Piñera es el Presidente democrático de la derecha chilena con más libertad política en toda la época moderna de la historia republicana del país. No cabe duda que los partidos de su coalición ayudaron a su éxito, al igual que ciertos sectores empresariales que se jugaron enteros ante la amenaza del modelo que representaba, según ellos, Guillier.

Pero es evidente que su triunfo excede de manera significativa estos apoyos y, quiérase o no, este le pertenece de manera casi exclusiva. No son las cifras lo que se debe destacar, las que solo llaman la atención por las predicciones estrechas que previamente se hicieron, sino la capacidad del candidato para reponerse a los imprevistos y salir a imponer un ritmo propio, donde sin embages adoptó incluso propuestas de sus adversarios. Puede que a más de alguno no le guste reconocerlo, pero Piñera se demostró también como bueno para la política, porque ganar le ha costado mucho pese a sus tics económicos y su falta de simpatía, y lo ha hecho ya dos veces.

Sin embargo, los gobiernos no se arman sobre el ejercicio irrestricto de la libertad del gobernante, por más autónomo que sea. Se arman sobre los espacios –muchas veces escasos– que quedan entre la inercia de los problemas fundamentales que deja el gobierno saliente como arrastre y el ejercicio viable del poder y la voluntad propia del Presidente, quien debe velar por su base de poder esencial y enfrentar  las barreras procedimentales que cercan el ejercicio del Poder Ejecutivo. El gobierno moderno no es solo parte de la política sino también un ejercicio formal de reglas y competencias del Estado, en cuya combinación la política se transforma en arte.

Todo gobierno tiene un período de gracia, pues el gobierno político es un proceso que, en un principio, se echa a andar con el ímpetu del triunfo electoral. Esa es la parte dulce, hecha de discursos y protocolos. Pero el verdadero ejercicio de poder empieza de inmediato y es más subterráneo, generalmente mucho más limitado de lo que dejan ver las apariencias, que tiene el riesgo de agotar los recursos de poder de manera rápida, sobre todo si se los mal utiliza, y depende enormemente de una arquitectura de construcciones y señales –la imagen  inicial que proyecta el gobierno– y que indica su habilidad, claridad y comprensión de lo que se tiene entre manos y su capacidad para comunicar. La relación entre impronta propia, urgente, necesaria y estructural, obliga a una selección de ítems y temas, lo que no resulta fácil, y debe ser cuidadosamente diseñada.

Un inteligente periodista radial y televisivo sostenía hace poco que se requería una tesis de ciencia política acerca de cómo se arma un gobierno. Mi modesta opinión es que, más allá de lo obvio en cuanto a la designación de personeros aptos, lo que no resulta fácil en la mezcla dinero-política, es la media justa entre componentes técnicos y políticos de todos los problemas de gobierno que señalaba Edgardo Boeninger, y la receta requiere no ir primero por las personas sino por las prioridades políticas de la instalación y la claridad de las limitaciones.

Las prioridades iniciales no pueden ser infinitas, ni siquiera numerosas y deben estar lejos de marcarse de metas estructurales. Los cambios estructurales dependen generalmente de terceros e implican un esfuerzo político que se come tanto el ímpetu como el tiempo político. Las prioridades temáticas deben ser simples, obedecer fundamentalmente a temas que son entendidos por los electores y tienen posibilidad de resultados rápidos que  dependan en su mayoría de voluntad propia.

Estar en el poder significa controlar la agenda pública con actuaciones o hechos, otra vez de la propia voluntad. No se trata de estar fuera de la agenda estructural cuando esta constituye una bomba de tiempo, tal como ocurre con la crisis de Carabineros de Chile, el financiamiento de las Fuerzas Armadas o la asincronía institucional al interior del Poder Judicial y el Ministerio Público. En estos tres temas, al que se debe agregar la crisis del Ministerio de Justicia y sus organismos supeditados, como el Sename, el nuevo Presidente debe elaborar una fina posición. No se trata solo de nombres sino fundamentalmente de posición de Estado. Debe mandar y antes que el nuevo Presidente de la Suprema lo haga el 1 de marzo.

El gobierno de Bachelet entrega una policía uniformada en completa crisis institucional y ella debe ser reformada, si no, acaso incluso intervenida, en su administración financiera. En el segundo caso, es imposible seguir adelante con una administración de la Defensa Nacional que delegue en las propias fuerzas el control. No puede ocurrir que detrás de cada compra de sistemas de armas, detrás de cada lista de proveedores de las FF.AA. o cada licitación, surjan problemas, ni que de manera esporádica los jefes superiores de las ramas, como ha ocurrido con el Ejército, sean investigados por eventuales delitos funcionarios o enriquecimiento ilícito. El poder profesional y su criterio técnico deben seguir en las ramas armadas, pero la chequera y el sistema de control y pagos se debe manejar en otro lugar, capaz de garantizar el propósito de la Seguridad Nacional del país. Hacer esto solo es tema de voluntad política para Piñera, independientemente de la pendencia de J.A. Kast.

El gobierno de Bachelet entrega una policía uniformada en completa crisis institucional y ella debe ser reformada, si no, acaso incluso intervenida, en su administración financiera. En el segundo caso, es imposible seguir adelante con una administración de la Defensa Nacional que delegue en las propias fuerzas el control. No puede ocurrir que detrás de cada compra de sistemas de armas, detrás de cada lista de proveedores de las FF.AA. o cada licitación, surjan problemas, ni que de manera esporádica los jefes superiores de las ramas, como ha ocurrido con el Ejército, sean investigados por eventuales delitos funcionarios o enriquecimiento ilícito. El poder profesional y su criterio técnico deben seguir en las ramas armadas, pero la chequera y el sistema de control y pagos se debe manejar en otro lugar, capaz de garantizar el propósito de la Seguridad Nacional del país. Hacer esto solo es tema de voluntad política para Piñera.

Lo del Poder Judicial y el Ministerio Público, y todo el entorno institucional relacionado, es un problema serio que llega a manos del nuevo Presidente sin un claro camino de arreglo, como no sea una conversación franca y amistosa entre ambos poderes, de donde salgan criterios comunes de políticas de Estado, antes de ir con temas al Congreso. En ello el Mandatario electo debería dar señales claras, tanto de su respeto por la independencia del Poder Judicial como de su preocupación por la extrema ambigüedad y criterios que prevalecen en el interior de ese poder del Estado –entre otros, legislar, mediante autoacordados de la Corte Suprema, materias que son de ley– y que han llevado a judicializar las relaciones entre la Asociación Gremial de Magistrados y el máximo tribunal.

Por otro lado, no parece prudente que tan importante poder del Estado, se dedique –sin auditorías estrictas de por medio– a gestionar su presupuesto global a través de una Corporación Administrativa que solo responde a un Consejo Superior compuesto por cinco ministros de la Suprema y que, en la práctica, tampoco tiene un control adecuado. Y que prácticas de nepotismo se enseñoreen en la designación de cargos, omitiendo los procedimientos concursales, como ocurrió bajo el actual Ministerio de Justicia.

De tal manera que ronda la idea de contar con un Consejo Nacional de la Magistratura que pueda, en un carácter autónomo, hacer un control de estos y otros graves problemas, incluidos aquellos de superintendencia para el Ministerio Público –a través de una División especializada– que regule una carrera del servicio, cree condiciones de representación gremial y dilucide la propiedad de la acción penal en todos sus ámbitos, cuestión que ha estado en el aire debido a la ambigüedad tanto del SII como del Ministerio Público respecto de las investigaciones sobre dineros ilegales en la política.

La voluntad de diálogo expresada por Sebastián Piñera frente al gobierno saliente, sobre múltiples problemas, es una muestra inteligente de comprender que el manejo de un Estado es un 95% de inercia y que la capacidad de cambio es muy poca y se debe aprovechar bien. Lo que sí existe son los énfasis de gobierno –la expresión del talante y la voluntad aplicada a un propósito– que es todo lo amplio que se quiera, que es un tema de vocerías y de eslóganes y en los cuales muchas veces el Presidente Electo se excede.

Por lo mismo, no es de la urgencia inmediata la relación con el Congreso. Este debe despejar su propio karma de la diversidad y armar una estructura llena de equilibrios internos en una estructura bastante nueva. Naturalmente no es indiferente hacia el futuro cómo se arman las bancadas y las comisiones, y el cálculo de cuórums y mayorías. La gran base de poder del Ejecutivo frente a esta situación es poner ojo anticipado a su cálculo de gobernadores regionales y actual designación de intendentes en cuyos territorios están las bases de poder de los parlamentarios. Ni siquiera el Frente Amplio es problema por ahora, pues más allá de su maximalismo debe encontrar el contenido de su acción política. Del resto, la gran incógnita es La Araucanía, donde el gobierno lo tiene todo, empezando por la responsabilidad política. Si con el mandato que tiene no llega pronto a un modelo de solución política, el problema va a aumentar, se hará transnacional y será el mayor embrollo inicial del gobierno.

Volvemos a la pregunta, ¿cómo se arma un gobierno? Insisto en mi respuesta: con prioridades políticas simples, la imagen de estar en el control de la agenda, con demostración de poder en áreas como la seguridad y defensa,  y con cosas que la gente entienda y aprecie. Lo último, un solo conflicto y de una si efectivamente desean tenerlo: si van a amnistiar, que sea de una sola vez, sobre 85 años y a enfermos terminales. El poder personal en algún punto debe mandar y hacerse ostensible. No todo se conversa y ahí hay un punto.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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