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Continuidad de las tareas de Estado

por 9 marzo, 2018

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El periodo de preparación del traspaso de gobierno y el debate público a este respecto, han puesto de relieve la necesidad de darle continuidad a las tareas de Estado. Ello es particularmente significativo en lo que concierne a la institucionalidad del sistema de protección social, y es alentador que las autoridades entrantes reconozcan que son temas centrales y relevantes para los ciudadanos. Esto, desde luego, no obsta para que cada gobierno tenga el legítimo derecho a impulsar las medidas establecidas en su programa.

Ahora bien, en tal sentido y a modo de balance y marco de acción, al concluir este segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, como Ministerio de Desarrollo Social podemos mostrar con satisfacción un conjunto de logros que han aportado a la construcción de un Chile más justo, con mayores derechos y oportunidades para todas y todos. Y que además –esto es esencial subrayarlo–  han sentado nuevas bases institucionales y metodológicas para seguir fortaleciendo las políticas públicas a futuro. Estos logros pueden sintetizarse en tres grandes ejes.

En primer lugar, durante este periodo realizamos un giro cualitativo, al pasar de una política que mantenía resabios asistencialistas a una política social centrada en el enfoque de derechos. Esto es fundamental, porque los derechos sociales son derechos de la ciudadanía cuya satisfacción es clave para llevar una vida digna y de calidad.

Este cambio de énfasis se observa, entre otros, en la introducción de una nueva matriz de bienestar en el Subsistema de Seguridades y Oportunidades –conocido también como ingreso ético familiar–; en la ley que creó un sistema de inclusión laboral para las personas con discapacidad; y en el proyecto de ley que crea un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, actualmente en trámite en el Congreso Nacional.

Cabe destacar que este giro –que impregna todas las políticas sociales de nuestro gobierno, incluido el ámbito de la educación– ha tenido consecuencias políticas y culturales muy significativas: la conciencia de derechos ha adquirido centralidad en la sociedad, incluyendo a vastos segmentos de las capas medias, lo que implica dejar atrás la ortodoxia neoliberal que privilegia el principio de focalización y un régimen de bienestar residual. Este nuevo escenario, de hecho, debió ser asumido en el programa del Presidente electo Sebastián Piñera y está por verse cómo se resolverá la tensión interna entre los sectores ortodoxos y los más permeables al concepto de derechos sociales.

En definitiva, lo que hemos impulsado en este periodo y lo que se constata en el balance son avances hacia un Estado democrático y social de Derecho, complementando la ciudadanía política con la ciudadanía social.

En segundo lugar, hemos mejorado en calidad y cobertura la institucionalidad del sistema de protección social, perfeccionando el abordaje por ciclo de vida al ampliar la cobertura de Chile Crece Contigo hasta los 9 años de edad y crear las bases del nuevo subsistema de apoyos y cuidados Chile Cuida.

En este ámbito, reviste especial importancia la generación de una nueva institucionalidad de infancia, con la creación de las leyes de la Subsecretaría de la Niñez y el Defensor del Niño; así como los proyectos de leyes que crean el Servicio Nacional de Protección Especializada, dependiente de nuestra cartera; y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y, además, un avance fundamental: el necesario establecimiento de una ley marco –el mencionado Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez–, medidas que en conjunto harán posible un cambio de paradigma que considera a los niños y niñas como sujetos de derechos, promoviendo su protección integral, y que permitirán una adecuada coordinación de políticas y programas.

Asimismo, cabe destacar la nueva institucionalidad indígena. De una parte, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, que eleva al más alto nivel dentro de la estructura del Estado la promoción y defensa de los derechos de los pueblos originarios. De otra parte, el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, cuyo propósito es dotar a estos últimos de mecanismos autónomos y eficaces para representar sus intereses y visiones ante los distintos poderes públicos. A ello hay que sumar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y mecanismos para su representación política especial en órganos de representación popular como el Congreso, puntos respecto de los cuales se realizó, en 2016, un amplio Proceso Participativo Constituyente Indígena y, en 2017, la Consulta correspondiente según los términos exigidos por el Convenio 169 de la OIT.

Debe subrayarse que todo lo materializado en este segundo eje se funda en un principio básico, esto es que un buen sistema de protección social es aquel que está respaldado por una institucionalidad adecuada, que regula su funcionamiento, sus fuentes de financiamiento permanente y los criterios objetivos para la selección de sus beneficiarios. Esto le da estabilidad en el tiempo y garantiza que la protección social se rija por el principio de justicia, evitando la arbitrariedad y la discrecionalidad.

Cabe destacar que este giro –que impregna todas las políticas sociales de nuestro gobierno, incluido el ámbito de la educación– ha tenido consecuencias políticas y culturales muy significativas: la conciencia de derechos ha adquirido centralidad en la sociedad, incluyendo a vastos segmentos de las capas medias, lo que implica dejar atrás la ortodoxia neoliberal que privilegia el principio de focalización y un régimen de bienestar residual. Este nuevo escenario, de hecho, debió ser asumido en el programa del Presidente electo Sebastián Piñera y está por verse cómo se resolverá la tensión interna entre los sectores ortodoxos y los más permeables al concepto de derechos sociales.

Finalmente, el tercer eje de logros corresponde al desarrollo y perfeccionamiento de una serie de instrumentos para el diagnóstico y el diseño de política pública, que fueron concebidos bajo un enfoque de derechos y donde, por lo tanto, la experticia técnica ha sido puesta al servicio de un objetivo ético superior: la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Así, en lo que concierne a la encuesta CASEN, se actualizó la medición de pobreza por ingresos, poniendo al día los patrones de consumo de la población y considerando las economías de escala en el consumo de las familias. Junto con ello, se introdujo una nueva metodología de medición de pobreza multidimensional, que incluye cinco dimensiones: Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Entorno, Redes y Cohesión Social. Esta es una modernización clave para la elaboración de políticas, pues asume que el desarrollo y el bienestar de las personas, de las familias y de las comunidades comprenden aspectos que deben ser impulsados coordinadamente para la promoción de una calidad de vida integral, de un auténtico desarrollo humano, superando una visión restringida sólo a los ingresos.

Por otro lado, debe aquilatarse el reemplazo de la antigua Ficha de Protección Social por el nuevo Registro Social de Hogares (RSH) que recurre extensivamente a la información objetiva sobre las personas que existe en las distintas bases administrativas del Estado conectadas en red y solo en parte a datos auto reportados. El RSH se ha transformado en una sólida plataforma integrada que utilizan los distintos organismos públicos encargados de asignar los beneficios sociales. A diciembre de 2017, el 73% de la población se encontraba inscrita en este registro (casi 13 millones de personas y 5 millones de hogares), permitiendo una asignación más justa, moderna y transparente de dichos beneficios.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la realización del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, después de diez años, la construcción del  Registro Social de Personas en Situación de Calle, el Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial y la nueva Ficha Básica de Emergencia.

En suma, Chile cuenta hoy con instrumentos más modernos y pertinentes para el diagnóstico y gestión de la protección social, los que están fuertemente legitimados ante la ciudadanía y los especialistas en políticas sociales, con lo cual se ha fortalecido un patrimonio estadístico que pertenece a todos y que en cualquier circunstancia debe estar al servicio del bien común.

Para ir concluyendo, al cerrar este ciclo de gobierno, como Ministerio de Desarrollo Social nos asiste la convicción de que hemos avanzado en transformaciones que, desde una perspectiva de conjunto, han fortalecido nuestra misión institucional y han tenido como norte responder al anhelo de los chilenos y chilenas de vivir en un país con mayores derechos, más oportunidades, más inclusivo y menos desigual.

Además, este balance deja meridianamente claro que los logros de esta cartera fueron vitales para profundizar el enfoque de derechos en todas las políticas sociales del gobierno, contribuyendo tanto en lo conceptual como en el desarrollo de institucionalidad e instrumentos metodológicos consistentes con un paradigma contemporáneo fundado en los derechos humanos y no en un neoliberalismo aggiornado.

Como puede apreciarse, esta no es una conversación puramente técnica, pues remite al modo como se concibe la construcción de una sociedad donde la democracia se profundiza también en la dimensión social.

Asimismo, no se trata de centrarse en un solo hito o en un proyecto de ley emblemático. Quienes así razonan caen en un reduccionismo que, por lo demás, es incapaz de comprender a la sociedad chilena actual. De lo que se trata es de desarrollar las políticas bajo una mirada integral, considerando que el derecho a acceder a una calidad de vida multidimensional es una demanda que se ciudadanizó. En tal sentido, tenemos conciencia de que nuestras políticas contribuyeron también a un empoderamiento ciudadano y a una democratización de esta conversación, la que por cierto se ubica en las antípodas de la mirada focalizadora y pro Estado mínimo que prevaleció en la derecha local por más de cuatro décadas, y sigue teniendo un arraigo muy fuerte en su visión de mundo.

Finalmente, y como una suerte de corolario de este debate, cabe destacar dos elementos clave del proyecto de ley de nueva Constitución enviado por la Presidenta de la República al Congreso Nacional. Éste establece que Chile es “un Estado de derecho democrático y social”. Por otro lado, y en consonancia con lo anterior, el proyecto dispone de un mecanismo de tutela universal de los derechos, sin distinciones según el tipo de derechos como ocurre hasta ahora, donde existen algunos que valen más que otros en cuanto a su protección. Esto viene a reforzar, al más alto nivel institucional, el equilibrio entre ciudadanía política y ciudadanía social.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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