Señor Director:
El fallecimiento de Ámbar en Los Andes, ha generado la indignación de la ciudadanía dando pie a diversas manifestaciones en contra de la violencia infantil, además de instalar diversos temas relacionados a los derechos de los niños/as en la discusión pública.
Lamentablemente este caso no es un hecho aislado. Según datos de Unicef, en Chile el 71% de los niños y niñas recibe algún tipo de violencia –física o psicológica- de parte de uno o de sus dos padres. Ésta se manifiesta de forma transversal, en todos los niveles socioeconómicos. Son cifras alarmantes, tomando en cuenta que cerca del 26% de los niños ha sido víctima de violencia física grave, mientras que un 25,6% ha sufrido violencia física leve.
De acuerdo a la experiencia de Corporación Opción, entre las principales causales de ingreso de niños y niñas a los programas de nuestra institución en 2017, están la de violencia (física y psicológica) con un 21,3%, y el haber sido víctima de abuso sexual, con un 18,3%.
En la actualidad el trabajo en violencia se ha enfocado principalmente en la reparación del daño que sufren niños/as y de restitución de sus derechos, mediante una oferta de programas especializada. Sin embargo, es necesario avanzar con mayor fuerza en un trabajo preventivo para evitar este tipo de situaciones en la actualidad y en el futuro. Es este contexto el que convoca al Estado, las familias y a la sociedad en general, a enfocarnos en ser parte de un gran cambio cultural, y repensar el diseño de la política pública en materia de infancia, que cuente con más actores que sean garantes de la protección de la niñez.
Si bien el principal actor en la protección de los derechos de los niños/as es la familia, puede suceder que ésta tenga dificultades para cumplir con este propósito. Es en este escenario que debemos contar con un Estado que pueda cumplir con las garantías de los derechos de los niños y niñas, y responder con una protección integral a la infancia al suministrar el soporte social asociado al acceso universal y con garantías en materia de salud, educación, vivienda, recreación, entre otros. En este sentido, se hace necesario generar una serie de modificaciones a las leyes para que permitan cumplir con dicha protección, pero también y ante todo debemos mirar qué valor le damos a la infancia, y si la estamos mirando con el respeto y dignidad que niños/as se merecen por ser sujetos de derecho.
Al ser un niño/a separado de su familia (como última medida), mientras que un proceso de adopción se desarrolla y tiene su curso legal en los tribunales de familia, o bien como medida de protección, es muy importante poder ofrecerles, un acogimiento familiar con el mayor estándar posible, el que debe ser transitorio, pero estable en los vínculos emocionales, dando cumplimiento a la Convención de los Derechos de los Niños.
En la actualidad, según datos de Opción (2017), el 95% del acogimiento familiar se da en la familia extensa de los NNA, como los abuelos o tíos, entre otros. Hoy debemos diversificar la oferta de acogimiento familiar con un sentido más abierto a la amplitud del concepto de familia, porque la realidad nos va diciendo que debemos cambiarla, sin prejuicios en cuanto a religión, nivel socioeconómico u orientación sexual. Aquí se debe privilegiar el vínculo afectivo, el respeto y la dignidad que se le da al niño/a.
Es necesario motivar a la comunidad, involucrándola, y sensibilizándola en la materia, y que, en conjunto con el Estado, podamos realizar un cambio cultural que beneficie a los niños/as del país. De esta forma escuchamos su voz, entendiendo y leyendo con claridad su realidad actual.
Catalina Lastarria
Coordinadora de Proyectos
Corporación Opción
