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Paltas, consumo responsable y derechos humanos: la omisión de los empresarios

por 2 junio, 2018

Paltas, consumo responsable y derechos humanos: la omisión de los empresarios

El 17 de mayo, Verónica Vilches, presidenta del Comité de Agua Potable Rural de San José, en la comuna de Cabildo, dos horas al norte de la capital chilena Santiago de Chile, salió en uno de los diarios más prestigiosos del mundo, el británico The Guardian. Verónica relató la historia de su lucha cotidiana de proveer agua potable a sus vecina/os en una de las zonas  exportadoras de paltas más afectadas por la grave crisis hídrica en Chile. Contó de amenazas y de coimas ofrecidas para dejar de denunciar el robo de agua y la corrupción en su comuna y dejó una cuña fuerte: “No pueden comprar mi dignidad”. El artículo sobre la expansión de plantaciones de paltos en una provincia con un enorme estrés hídrico se convirtió en una de las noticias ambientales más leídas en Europa. Verónica Vilches se hizo famosa como un ejemplo admirable de las miles de mujeres a lo largo del país y en América Latina que luchan con coraje y bajo amenazas por la defensa del agua y de la tierra en sus comunas y territorios (veá Informe Anual de Frontline Defenders sobre amenazas en contra de defensores de derechos humanos y ambientales).

No fue la primera vez que medios europeos importantes se interesaron por las condiciones de producción de paltas en la provincia de Petorca. Ya hace un año atrás, en marzo de 2017, en el pequeño y alejado país nórdico de Dinamarca, el equipo de periodismo investigativo de Danwatch publicó un extenso reportaje sobre el impacto socio-ambiental de la producción de paltas de exportación en Petorca. Como consecuencia, importantes cadenas de supermercados daneses anunciaron que revisarán sus políticas de compras para asegurar que no ofrecen paltas chilenas que violan el derecho humano al agua.

Las reacciones en Chile fueron inmediatas. Las y los integrantes de MODATIMA, movimiento de mujeres y hombres del campo y la ciudad que nació en el contexto de la escasez hídrica en Petorca y que lucha por recuperar el agua para sus comunas, fueron amenazado/as de muerte. Por primera vez en su historia, Amnistía Internacional inició una acción urgente en Chile para proteger la vida de Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima, y de sus compañera/os. El Business and Human Rights Resource Center, una organización internacional que fomenta el cumplimiento de estándares de derechos humanos y ambientales en empresas, informó a los consumidores y cadenas de supermercados sobre las represiones en contra de las y los integrantes de Modatima.

Intentos por parte de los exportadores de paltas de demandar al prestigioso equipo de Danwatch no prosperaron. Tampoco las gestiones vía Cancillería chilena de coordinar reuniones de alto nivel con sus pares en Dinamarca para censurar el reportaje. Mientras tanto, más y más ciudadana/os en Europa empezaron a interesarse por el lado oscuro del “súper alimento sano”. Más medios europeos publicaron artículos y reportajes sobre el impacto socio-ambiental de monocultivos de paltos, no solamente sobre la provincia de Petorca sino también sobre casos similares en México  (veá reportaje “Los avocados del diablo” por canal France 2) y en el Perú. Un año después del reportaje de Danwatch, el noticiero Weltspiegel del primer canal público alemán ARD tomó el tema de los costos socio-ambientales del negocio de las paltas en Chile, con alto impacto en Alemania, uno de los mercados más importantes. El reportaje posteriormente fue transmitido globalmente por Deutsche Welle en inglés y castellano. Y finalmente, en mayo del 2018, el ya mencionado reportaje en The Guardian se convirtió en noticia ambiental top en todo Europa.

En resumen, para una parte importante de las y los consumidores europeo/as el consumo es un acto político no solamente definido por los precios sino también por consideraciones de daño al medio ambiente o la violación de derechos humanos. En reacción al artículo en The Guardian, hoy en día hay muchas personas que se solidarizan con las y los que luchan por el agua en la provincia de Petorca. Si el Gremio Palta Hass quiere reganarse la confianza perdida en Europa tendrá que cambiar su estrategia. La dignidad de las mujeres de campo en Chile no se deja comprar, la confianza de las y los consumidores europea/os tampoco. Hay que convencerla/os que se respeta el derecho humano al agua y que las y los habitantes de Petorca, por fin, salgan de una situación humanitariamente indignante.

Un análisis preliminar de las reacciones por parte de los gremios de exportadores de palta frente a los reportajes sobre la crisis hídrica en Petorca en los medios europeos muestran una actitud de patrones de latifundio, junto con un destacado desconocimiento de las preferencias y características sociales, políticas y culturales de la mayoría de las y los consumidores de su producto en Europa. Hasta ahora la estrategia comunicacional (si realmente se puede llamar así) de los gremios palteros se concentró en las siguientes líneas:  1) difamar a las y los defensores del derecho humano al agua como una especie de eco-terroristas o extremistas sobre-ideologizada/os que dañan el imagen del país; 2) minimizar su propia responsabilidad en la crisis hídrica en Petorca, enfatizando factores como a) el cambio climático y la falta de lluvia; b) problemas de gobernanza hídrica causados por la Dirección General de Aguas (DGA) o la empresa sanitaria de la zona – ESVAL - o ambos; 3) acusar a las activistas y la prensa europea de sobredimensionar la huella hídrica en el cultivo de paltos y presentar información falsa.

Considerando el perfil político, cultural y social de las y los principales consumidores de palta Hass en Europa - personas pertenecientes a la clase media acomodada, con una formación valórica más bien cercana a los movimientos y organizaciones clasificadas como “extremistas” o “eco-terroristas” por los empresarios -  las tres estrategias parecen sorpresivamente contraproducentes. En general las y los aficionada/os de la palta chilena en Europa son ciudadana/os con cierto nivel de educación cívica y ambiental, una cantidad no menor de vegetariana/os cercana/os a movimientos ambientales, jóvenes de la generación Instagram, es decir en su mayoría personas con cierto respeto por el trabajo de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Oxfam, Frontline Defenders y otras.

Las y los consumidores de paltas chilenas tienen un buen conocimiento de los impactos de la privatización del agua en Chile por los informes ambientales de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) de la cual Chile forma parte y a través de medios europeos independientes y especializados en materias de cambio climático. Ya están al tanto de que el derecho humano al agua en Chile – más allá del problema en el sector agro-exportador – no está bien protegida por la casi completa privatización de las fuentes y del servicio de sus aguas. Les sorprende a las y los europea/os que en uno de los 30 países del mundo con más estrés hídrico (vea World Resource Institute, Informe 2015) y en pleno proceso de desertificación, el Estado chileno no dispone de la información ni de la capacidad fiscalizadora necesarias para abordar los desafíos del cambio climático y la tremenda crisis hídrica. Están conscientes de que el agua que se utilizó para producir la palta de Petorca que están comiendo en Europa, es agua que le falta a la población rural en la zona de producción. No les interesa en primer lugar cuánta agua necesita cada árbol exactamente y cuantas hectáreas de superficie plantada hay, sino el bienestar de la gente humilde abastecida de agua, muchas veces de dudable calidad, por camiones aljibe.

En resumen, el mensaje que aún no llegó a las grandes empresas exportadores de paltas es que en un mundo cada vez más integrado por el comercio internacional, estándares de derechos humanos también se globalizan y forman parte del negocio (artículo de Jim McClelland en suplemento “Empresa Responsable” de The Times, London). El mensaje central del artículo en The Guardian transmitido por un portavoz del British Retail Consortium, organización que representa las principales cadenas de supermercados en Gran Bretaña fue bien simple: “Salvaguardar el bienestar de las personas y las comunidades en las cadenas de suministro es fundamental para nuestras prácticas de abastecimiento como una industria responsable”. Lo que se les escapó a los empresarios chilenos fue el hecho de que mercados globales no solamente están compuestos por flujos de capital y productos sino también por consumidores cada vez más exigentes en términos de cumplimiento con estándares de derechos humanos y ambientales. Es decir, para mucha/os europea/os el valor de un producto hoy día ya no se expresa solamente en el precio y la calidad sino también en la responsabilidad hacia los derechos de las personas involucradas en la producción del producto a lo largo de la cadena de suministro. Crecientemente el éxito comercial de una empresa en Europa también depende de su reputación en materias de derechos humanos y ambientales.

“Cuando se trata de su reputación, una empresa solamente vale tanto como su cadena de suministro” (artículo citado de JimMcclelland en suplemento “Empresas Responsables” The Times, London). Como respuesta a consumidores cada vez más conscientes, empresas internacionales y marcas globales han empezado a producir sus propios informes en materias de derechos humanos para comprobar su cumplimiento con sus responsabilidades más amplias y exigencias de transparencia. Parte del negocio es ahora un extenso mapeo de potenciales implicancias éticas y ecológicas del producto a lo largo de la cadena de producción y suministro. “Extender el alcance para incluir eventos y externalidades más allá de impactos directos lleva a empresas a la arena de los derechos humanos. Como es el caso en trabajo forzado e infantil,  esto puede significar tomar en cuenta una comunidad más amplia y asuntos sociales, como por ejemplo la extracción de agua en zonas afectadas por sequía, emisiones contaminantes en países con regulación débil, soborno y corrupción, o incluso comercio financiando directamente a conflictos o el terrorismo”(ibid.).

Cadenas de retail como Marks & Spencer hoy día publican Informes de Derechos Humanos con información detallada sobre las políticas de derechos humanos de la empresa. Otro ejemplo es la historia del Fairphone, que entró al mercado con el eslogan “Un móvil mejor es aquel que se fabrica de manera más justa” y se transformó en el primer teléfono móvil con especial preocupación por los materiales usados y un monitoreo de la procedencia de las piezas que lo componen. Aunque el objetivo de “generar una demanda de materiales que sean buenos para las personas y para el planeta” no se logró completamente, la iniciativa “Fairphone” dio una fuerte señal al mercado de móviles para incluir materias de trabajo decente en la producción y estrategias de marketing.

En resumen, para una parte importante de las y los consumidores europeo/as el consumo es un acto político no solamente definido por los precios sino también por consideraciones de daño al medio ambiente o la violación de derechos humanos. En reacción al artículo en The Guardian, hoy en día hay muchas personas que se solidarizan con las y los que luchan por el agua en la provincia de Petorca. Si el Gremio Palta Hass quiere reganarse la confianza perdida en Europa tendrá que cambiar su estrategia. La dignidad de las mujeres de campo en Chile no se deja comprar, la confianza de las y los consumidores europea/os tampoco. Hay que convencerla/os que se respeta el derecho humano al agua y que las y los habitantes de Petorca, por fin, salgan de una situación humanitariamente indignante.

Ofrecer espacios participativos para escuchar los problemas y las prioridades de la gente humilde afectada por los impactos del modelo agro-exportador y la usurpación del agua potable y crear mesas de diálogo para desarrollar soluciones en un clima de respeto mutuo, sin amenazas, ciertamente sería interpretado como una señal positiva por parte de las y los consumidores y las cadenas de supermercados en Europa. Considerando la grave crisis hídrica que vive el país urge además, más allá del caso de Petorca, buscar un acuerdo amplio de gobernanza del agua como un bien común y un ordenamiento sustentable de las cuencas hidrográficas a lo largo de país para que no se continúen privatizando las utilidades generadas por el uso impropio del agua y socializando las pérdidas derivadas del despojo de este bien natural indispensable para la vida.

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