Señor Director:
Las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) tienen un complejo sistema de interacción vertical y horizontal, que les permite estar en el mejor de los mundos.
Desde el punto de vista de la integración vertical, podemos observar que las ISAPRES que son las compañías de seguro de salud, al mismo tiempo son dueñas de clínicas y centros de salud que prestan servicios a los clientes adscritos. Cuando a un eslabón de la cadena se le cuestionan socialmente sus utilidades, perfectamente se puede trasladar hacia el otro segmento. De hecho, deben maximizar la utilidad conjunta más que la utilidad particular de cada segmento de la cadena de valor.
Habitualmente las ISAPRES suben los precios de los planes, indicando que ha subido el valor de las prestaciones, se debe tener en cuenta que el valor de los planes se expresa en UF, unidad monetaria indexada a la inflación. Por tanto, los incrementos de los valores no corresponden al incremento de los precios o la inflación. Al mismo tiempo, estas instituciones no tienen incentivos para tratar de pagar el menor valor posible o ejecutar políticas preventivas que podrían disminuir las prestaciones, sino todo lo contrario. Tienen incentivos a tratar de cobrar el valor más alto posible, realizar muchas atenciones y gran cantidad de procedimientos y toma de exámenes, primando los intereses propios y no los intereses de los usuarios del sistema. En el ámbito horizontal, apenas tenemos 5 empresas (planes abiertos), al ser pocas se facilita la coordinación tácita o explícita de un proceso de reparto de mercado. En estas circunstancias, el efecto precio es más relevante que el efecto cantidad, esto implica que es mejor vender menos a un precio más alto, que vender más a un precio más bajo.
Desde el punto de vista de la venta del producto, es difícil encontrar en la práctica lo que se conoce como discriminación perfecta de precios. Sin embargo, la venta en las ISAPRES se aproxima bastante, eso significa que extraen el máximo excedente a los usuarios del sistema ofreciendo un plan o adecuándolo para cada persona o grupo familiar. Además, existe asimetría de información, lo que significa que pueden ofertar mejores condiciones o mayores coberturas por enfermedades que difícilmente se den.
Podríamos tener grandes mejoras si actuamos en estos tres ámbitos: Chile fue un país pionero en la desintegración vertical del mercado eléctrico. Deberíamos hacer lo mismo con las ISAPRES. Separar los negocios de las clínicas y los centros de salud con éstas, evitando la participación de grupos de inversión que tengan intereses cruzados; en segundo lugar, deben generarse facilidades para incrementar el número de compañías de seguro que participan del sistema, incluso ver la posibilidad de que FONASA pueda competir en este nicho con mejores prestaciones para usuarios de rentas más altas con un porcentaje de pago mayor al 7% que permita fomentar la competencia.
Y, por último, desde el punto de vista de los contratos, deberíamos tratar de generar una estandarización de ellos -dos o tres alternativas como máximo- que consideren los casos de mayor frecuencia y que al mismo tiempo se complementa con el sistema de garantías (AUGE – GES), para que estas compañías puedan competir en precio y calidad, respecto de los clientes. Entonces, para llegar a una verdadera equidad, hay que hacer un cambio estructural, de fondo, respecto de todas estas circunstancias. Recién entonces, podríamos atacar los problemas de género y los problemas etarios que tenemos hoy para compensar esta realidad.
Existen grandes dudas respecto a la eficacia de la ley propuesta por el gobierno para mejorar la equidad de género y etaria, así como el costo que deberán pagar los usuarios. 2/3 de los afiliados son hombres y 1/3 mujeres varias con prestación reducida para la maternidad, en general las ISAPRES no se hacen cargo de los mayores y/o enfermos crónicos y atienden a 2 de cada 10 chilenos (20% de la población), el 80% está en Fonasa. Desde el punto de vista positivo, se ha incrementado la inversión en el sector y en muchos casos prestan servicios para los usuarios de Fonasa cuando el sistema público no tiene disponibilidad.
Finalmente, indicar que las prácticas abusivas generan perjuicios económicos y daños morales que afectan a la ciudadanía y desarrollo del país en el largo plazo, aun cuando se puedan generar grandes beneficios económicos de corto plazo. También afectan a las propias empresas pues se va creando en el imaginario colectivo una idea negativa desde el punto de vista social y ético de tales corporaciones. Incluso la propia imagen del gobierno en la opinión pública se ve difusa, en cuanto a capacidad de normar y regular para resguardar el bien común.
Roberto Contreras Marín
Director de la Escuela de Postgrado
Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM
Doctor en Economía Industrial e Internacional por la Universidad Jaume I de Castellón.
