Señor Director:
Actualmente en el Congreso Nacional se encuentran en tramitación dos estatutos laborales.
Uno, el mal llamado Estatuto Laboral de Jóvenes, pues no son mas que normas especiales introducidas al Código del Trabajo sobre la contratación de estudiantes, originado en el primer Gobierno del Presidente Piñera. El otro, el Estatuto Laboral de los Asistentes de la Educación Pública, presentado por la ex Presidenta Bachelet.
Mientras el primero es presentado e impulsado por el Gobierno como un avance en la protección del trabajo, precariza la relación laboral en la contratación de estudiantes mediante normas de flexibilidad de jornada que permiten que esta se divida y extienda hasta 12 horas diarias con descansos no imputables a la jornada e incluso sin que se deba cotizar si el estudiante es carga familiar de otro trabajador. Claramente un trabajador más barato, lo que constituye un incentivo perverso para contratar bajo esta modalidad y no la habitual. Además la propuesta del Gobierno consideraba el término de la relación laboral de pleno derecho y sin indemnización por dejar de ser estudiante o cumplir 25 años, lo que afortunadamente fue rechazado y modificado por los diputados de la Comisión de Trabajo.
Por su parte, en el Senado sigue avanzado la tramitación el Estatuto Laboral de los Asistentes de la Educación Pública. Este proyecto, que regula la situación laboral de los trabajadores de las escuelas que serán traspasadas a los Servicios Locales de Educación se encuentra en su segundo trámite constitucional, previo acuerdo de los trabajadores y el Gobierno anterior. Estos trabajadores actualmente regidos por el Código del Trabajo pasarán a ser funcionarios públicos regidos por un Estatuto especial, con mejoras remuneracionales y manteniéndose el derecho a recibir indemnizaciones por despido y prestaciones de cesantía, a las que el Estatuto Administrativo no da derecho. Sin embargo, el Gobierno presentó indicaciones que disminuían estos derechos y no ha puesto urgencia al proyecto. Han debido nuevamente ser los parlamentarios quienes actúan en defensa de los trabajadores y han impulsado su tramitación.
Es claro que la apuesta del Gobierno es la precariedad laboral.
Si bien el empleo digno implica cargas para los empleadores privados disminuyendo sus ganancias y para los públicos irrogando mayores gastos, la estabilidad laboral, los salarios justos y las relaciones laborales equitativas son la mejor inversión en productividad, salud y bienestar social. Al prometer empleo, no basta cualquier empleo.
Fernanda González Lima
Abogada Universidad de Concepción.
Experta en relaciones laborales públicas y analísis legislativo
