jueves, 16 de agosto de 2018 Actualizado a las 07:17

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La urgente empresa pública regional del litio

La urgente empresa pública regional del litio
La ley de fortalecimiento de la descentralización que otorgó fuerza a las competencias regionales en camino a la elección de los gobernadores el 2020, de manera explícita creó nuevas divisiones en los Gores, resaltando la División de Fomento e Industrias. En el caso del litio, se pide la concurrencia de la Corfo con los Gobiernos Regionales de Antofagasta y Atacama, para crear una empresa que administre la riqueza del litio y observe de manera colegiada el interés nacional.
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La totalidad de los países de la OCDE –con gobiernos socialdemócratas, liberales o socialcristianos– aceptan que las regiones puedan hacer empresas propias o mixtas en alianzas con el Estado central o empresas. Del mismo modo, tienen sistemas expresos de coparticipación en la renta de recursos naturales, ya que el concepto de propiedad pública de los mismos se asocia también al “lugar” donde dichos recursos se ubican, ya sean mineros, pesqueros, forestales, energéticos, bahías para puertos. Los “bienes comunes” son territoriales y con poder regional, como el manejo de las cuencas en los países de democracia avanzada.

En América Latina hay casos excepcionales, como Empresas Públicas de Medellín, que invierte en plantas solares en Chile; los bancos provinciales en Argentina; las empresas de fomento del turismo y la cultura en Guadalajara; la afamada empresa pública de transporte de Curitiba, entre muchos buenos ejemplos.

En la práctica, Chile ha venido reconociendo dicha potestad regional en los recursos naturales, ya que en diversas leyes se ha avanzado en el período democrático en reforzar tal idea:

  • La LOGAR estableció que los gobiernos regionales tenían patrimonio propio.
  • El paso de patentes mineras reconoce que el subsuelo es territorial, por lo cual se paga combinadamente en el municipio y la región.
  • La patente acuícola por explotación de recursos lacustres y marítimos estableció igualmente la coparticipación en la misma.
  • El impuesto específico a la minería –llamado popularmente “royalty”– se inició en la Bancada Regionalista para volver al fondo de desarrollo de las provincias mineras que tuvieron desde 1957 a 1973 el 5% de las ventas del cobre, reconociéndose un porcentaje de su recaudación para investigación y desarrollo, lo que permitió crear los Fondos de innovación para la Competitividad (FICs), a cargo de los gobiernos regionales.
  • El Ministerio de Bienes Nacionales, cuando enajena bienes públicos en las regiones, distribuye el 65% para patrimonio del Gobierno Regional.

De manera contradictoria, debido a que la Corfo es formalmente una empresa y no el “Estado”, cuando esta hace negocios y enajena, no tiene compromiso con los territorios en que se desempeña. Es lo que ha ocurrido con el polémico manejo del litio, en el cual se ha seguido pactando con una empresa cuestionada por otros poderes del Estado que han pedido hasta su disolución por faltas severas a la probidad.

Por otra parte, la Comisión de Estado para la Descentralización del año 2014 consensuó, entre sus 33 participantes, tras 15 cabildos regionales, la potestad regional sobre los recursos naturales como “bienes comunes regionales”, la coparticipación de la renta de los mismos y el nombramiento de directorios en las empresas públicas por parte de los respectivos consejos regionales, como el ente representativo regional.

Finalmente, la ley de fortalecimiento de la descentralización que otorgó fuerza a las competencias regionales en camino a la elección de los gobernadores el 2020, de manera explícita creó nuevas divisiones en los Gores, resaltando la División de Fomento e Industrias, la que de manera inequívoca coloca a los Gobiernos Regionales con poder para buscar formas flexibles y efectivas de desarrollo económico. La propia Corfo realizó pilotajes de fomento productivo autónomo, creando comités en Antofagasta y Biobío, lo que fortaleció dicha línea, sumada a las corporaciones de desarrollo regional incubadas en el primer Gobierno de Michelle Bachelet.

Por lo anterior, recomendamos que la Corfo, en 180 días, tenga la obligación de traspasar activos y los bienes no comprometidos a las respectivas regiones. En el caso del litio, se pide la concurrencia de la Corfo con los Gobiernos Regionales de Antofagasta y Atacama, para crear una empresa que administre la riqueza del litio y observe de manera colegiada el interés nacional y regional, pudiendo arrendar, concesionar o explotar de manera directa o en asociación con privados este valioso recurso natural.

El directorio de la empresa pública regional del litio debe estar compuesto por tres representantes de la Corfo en función del 35% de la propiedad, tres de la Región de Antofagasta por ubicarse la mayor parte del mismo en dicho territorio,  con el 35%, y dos de la Región de Atacama, equivalente a un 30% de la misma.

Las utilidades, después de la inversión para la sostenibilidad de los proyectos de la empresa, será compartida en partes iguales entre las dos regiones dueñas y el Estado Central vía Corfo, para apoyar el Fondo de Convergencia que respalde proyectos de desarrollo en regiones con rezago socioeconómico.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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