Los tribunales de la mano de sus jueces estrella

De la mano de jueces implacables que lograron con sus investigaciones resultados impensados, el año 2002 la justicia se mostró activa en la persecución de responsabilidades penales en casos de alto impacto público, algunos de los cuales apuntaron directamente a antiguos y actuales miembros de otros poderes del Estado.



Dejando atrás épocas en que el Poder Judicial era el sector más cuestionado por la ciudadanía -con controvertidas expulsiones de algunos de sus altos miembros producto de faltas a la probidad- el 2002 los jueces no debieron enfrentar situaciones internas difíciles. No, al menos, en la magnitud de períodos anteriores.



Este año, con una Comisión de Ética al mando del presidente de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt, que no tomó en sus manos investigaciones sino más bien las derivó a los tribunales con jurisdicción, no hubo más que un par de casos de jueces y ministros sancionados levemente en el ejercicio de sus funciones, más una arremetida contra actuarios de la Corte de Apelaciones que fueron exonerados por comercializar expedientes.



Así, este año el Poder Judicial se posicionó como el llamado a poner coto respecto de las numerosas situaciones anómalas que se verificaron en el país, con lo que tuvieron la oportunidad de descollar sus capacidades frente a una ciudadanía cada vez más incrédula respecto de sus autoridades.



Jueces de temer



Al menos tres fueron los magistrados que descollaron con procesos de distinta índole. En orden cronológico, la jueza suplente del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Verónica Sabaj, quien, con una investigación sólida y de alcances aún insospechados, salvó la mala imagen inicial que dejó el impasse entre la justicia y la policía civil por las responsabilidades de haber desoído la alerta internacional sobre una importante red de pedofilia operando en Chile.



La jueza Sabaj, en un trabajo coordinado con Investigaciones y organismos internacionales, logró finalmente detectar a los responsables de la llamada red Paidos y de una cantidad de mafias de este tipo que sobrepasaron cualquier estimación inicial, alcanzando hoy éstas a algunas centenas.




Luego vino el turno del magistrado titular de ese mismo juzgado, Mario Carroza, quien pesquisó la supuesta rearticulación del Comando Conjunto. Tras algunos meses de investigación,
la causa fue sobreseída pues no se logró acreditar que este organismo represivo de la dictadura estuviera operando actualmente en el país para evitar que los jueces lograran establecer responsabilidades de mandos superiores en violaciones a los derechos humanos cometidas por ese órgano competidor de la DINA.



Sin embargo, las investigaciones del juez Carroza sí lograron acreditar judicialmente un verdadero secreto a voces: que las Fuerzas Armadas no prestaron toda la colaboración que comprometieron a la Mesa de Diálogo. El ocultamiento de algunos nombres de detenidos desaparecidos víctimas del Comando Conjunto que hiciera el ahora general en retiro Patricio Campos -hasta mediados de año, jefe máximo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)- selló su futuro: fue procesado por obstrucción a la justicia.



El hecho también generó una crisis institucional que culminó con la salida del comandante en Jefe de la FACH, Patricio Ríos, quien debió responder de este modo a su falta de manejo político-suponiendo que actuó de buena fe- al poner a cargo de la recolección de datos a un hombre casado con una ex agente del organismo represor, Viviana Ugarte Sandoval, alias La Pochi, quien a fines de este año fue procesada en calidad de cómplice del secuestro calificado de dos dirigentes comunistas.



Tras una querella contra Ríos interpuesta por la Agrupación de Detenidos Desaparecidos y el Partido Comunista, la investigación por obstrucción a la justicia debió pasar a manos de un ministro de fuero, Jorge Dahm, quien ya interrogó al ex comandante en Jefe y, según se prevé, emitirá resoluciones importantes en este proceso en enero, siendo hasta ahora poco clara una participación dolosa de la ex autoridad en este tema.



Pero el magistrado que más conmocionado tuvo al país el 2002 fue el ministro Carlos Aránguiz, de la Corte de Apelaciones de Rancagua, quien investiga el pago de coimas a funcionarios del ministerio de Transportes en el proceso de adjudicación de Plantas de Revisión Técnica y que, comenzando el año, mantiene a cinco diputados concertacionistas ad portas del desafuero en la Corte Suprema.



A jueces como Sabaj, Carroza y Aránguiz se suma desde hace ya unos años el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Sergio Muñoz, quien en agosto pasado dio por finalizada su labor en la investigación del asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrido en 1982, con la dictación de condenas contra 13 personas cuyas penas, actualmente apeladas al tribunal de alzada capitalino, fluctuaron entre el presidio perpetuo y los 541 días de reclusión. Tres generales retirados del Ejército vinculados al caso recibieron sentencias relativamente bajas y con el beneficio de pena remitida, pero el caso probó que el DINE fue el responsable del crimen del líder sindical.



Derechos humanos



En materia de derechos humanos, los jueces con dedicación exclusiva y preferente también destacaron este año con numerosas investigaciones de detenidos desaparecidos en las que los autores de los crímenes aparecen individualizados casi por completo, sobre todo lo que respecta a los órganos represivos más tradicionales como la DINA y el Comando Conjunto.



La labor de los jueces especiales en Santiago fue apoyada fuertemente por el presidente de la Corte de Apelaciones de la capital, Carlos Cerda, quien deberá dejar su cargo en febrero de este año. Pero la participación del ministro despertó también los resquemores de los abogados de los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos y se le identificó como el artífice en las sombras de la importante cantidad de procesamientos dictados y el real desfile militar que se produjo, sobre todo, a mediados de año. Los representantes de los ex miembros de las Fuerzas Armadas eran ahora quienes desconfiaban de los tribunales, mientras los abogados de derechos humanos vieron acrecentadas sus expectativas de justicia.



El 2002 las pesquisas lograron frutos que superaron los autos de procesamientos, dictándose a fines de año las primeras condenas por parte de este tipo de magistrados. Los fallos de primera instancia no aplicaron prescripción ni ley de Amnistía, sino que se circunscribieron a las normas contenidas en pactos jurídicos internacionales. Así, este 2003 los tribunales deberán conocer este tipo de sentencias, cuyas vistas poco a poco irán marcando el criterio de las cortes respecto a la posibilidad de que se aplique pena de cárcel a los responsables de las desapariciones. Se prevé, entonces, el inicio de una batalla jurídica al interior de los tribunales superiores, donde tanto abogados de derechos humanos como aquellos defensores de militares en retiro vinculados a estos procesos expondrán sus argumentaciones.



Y si de predicciones para el 2003 se trata, el año en Chile se inicia con una justicia que hoy, a 28 años de ocurridos los hechos, comenzará a investigar en el país el crimen del ex comandante en Jefe del Ejército Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en Buenos Aires por agentes de la DINA. Se estima que la resolución del tema no demorará más que unos años, pues las investigaciones de la jueza argentina María Servini de Cubría han logrado esclarecer gran parte del operativo que montó el Departamento Exterior de la DINA para cometer el doble homicidio.



Mientras el caso Prats nace en Chile, toda posibilidad de juzgar al ex jefe de Estado Augusto Pinochet Ugarte quedó zanjada por la Corte Suprema a mediados de año con el fallo que, en votación dividida, sobreseyó definitivamente por demencia al general en retiro de la investigación en el caso Caravana de la Muerte.



Tras la resolución, Pinochet renunció a su sillón de senador vitalicio y recorrió algunas ciudades del país con apariciones que encrisparon a más de una autoridad. Pinochet volvió a los titulares cuando la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible un nuevo pedido de desafuero contra el ex jefe de Estado proveniente de Argentina en el marco de las pesquisas que en ese país se llevan por el caso Prats. Finalmente, Pinochet se recluyó en su casa y el tribunal de alzada capitalino denegó la solicitud en un fallo dividido y previsible.



En otro caso, octubre de 2002 trajo consigo los primeros procesamientos por la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo. Tras años de permanecer congelado, finalmente el caso explotó con los encausamientos dictados por la titular del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Pérez Meza, contra seis militares en retiro.



Algunas deudas pendientes en lo que a juzgamiento de crímenes cometidos en el régimen militar se refiere dejó, sin embargo, el año 2002. El caso Jecar Neghme, vocero del MIR acribillado en el centro de Santiago en 1989, pasó otros doce meses sin avances judiciales, a pesar de que la investigación ha logrado ya establecer algunas responsabilidades de ex agentes de los órganos represivos de la época. El 2003 se augura, en cambio, auspicioso en estas pesquisas tras el cambio del ministro en visita Alfredo Pfiffer por Hugo Dolmestch, quien acumuló la causa en virtud de la repetición de nombres con Operación Albania y José Carrasco.



Tampoco se verificaron fallos importantes en la causa por la desaparición del ex interventor de la CCU Gabriel Aldoney, a pesar que a comienzos de año las expectativas en ese sentido eran bastante importantes.



Impacto nacional



El 2002 se inició con una bomba noticiosa: el frentista Mauricio Hernández Norambuena, fugado de la Cárcel de Alta Seguridad en diciembre de 1996 mientras cumplía condena por el asesinato del senador Jaime Guzmán, fue atrapado en Brasil tras liderar al grupo que secuestró al empresario Washington Olivetto.



A la noticia de la detención del comandante Ramiro pronto se unió la información de que los miembros del MIR Alfredo Canales y Rodolfo Ortega también habían participado en el secuestro. Los meses siguientes fueron de búsqueda de los demás responsables del delito, y luego se detectó en la zona fronteriza a Pablo Muñoz Hoffman y Raúl Escobar Poblete (comandante Emilio),quienes no pudieron ser atrapados.



A pesar de las gestiones judiciales emprendidas por los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Lamberto Cisternas y Hugo Dolmestch, quienes investigan el caso Fuga y el caso Guzmán, respectivamente, para que Ramiro fuera extraditado a Chile a fin de cumplir su condena en este país, el frentista y sus compañeros deberán pasar 16 años presos en Brasil, pena que se les asignó a todos los participantes en el secuestro del empresario paulista.



Otra bomba estalló casi a fin de año y sus efectos permanecen aun en la nebulosa. Se trató de la detención en la Novena Región de 16 personas pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco, a quienes se les formalizaron cargos por asociación ilícita terrorista. A ellos se sumaron otros ocho dirigentes que estaban ya recluidos por diferentes hechos. La polémica por la acción liderada por el Ministerio Público no tardó en venir y la Defensoría Penal Mapuche acusó la inexistencia de pruebas que permitieran las detenciones, además de intervenciones de celulares a los abogados de los aprehendidos.



En otro ámbito, las investigaciones por la muerte del conscripto del Regimiento Yungay, Pedro Soto Tapia, llegaron a un buen fin con el procesamiento de sus ex compañeros. Tras una decisión de la Corte Suprema que determinó el cambio del ministro Manuel Silva Ibáñez por "insatisfacción de la comunidad", el nuevo magistrado a cargo de la causa, Patricio Martínez, logró girar el proceso desde la hipótesis del suicidio hasta establecer que Soto Tapia fue torturado y asesinado.



Los ex conscriptos Johnny Pérez, Mauricio Saavedra y Dagoberto Contreras, a quienes la justicia militar había procesado en los inicios del caso pero que luego fueron dejados en libertad por Silva Ibáñez, ya están condenados en primera instancia a 15 años y un día por los delitos de secuestro y homicidio.



El 2003 aguarda al Poder Judicial con desafíos investigativos pendientes, como es el caso de la desaparición del universitario Jorge Matute Johns y las muertes de jóvenes en Puerto Aysén, casos en los cuales aun no se conocen pistas claras respecto a las personas tras el crimen del primero y a si hubo o no participación de terceros en estos últimos.



Al interior de la Suprema



Un aspecto que marcó el trabajo de tribunales este año vino desde un ámbito inesperado: la fiscalía de la Corte Suprema. La asunción de la magistrada Mónica Maldonado al cargo de Fiscal del máximo tribunal trajo consigo un cambio de estilo que fue mucho más allá de la incorporación de mujeres a esa instancia.



La Fiscal Maldonado se hizo cargo este año de dos temas que preocupaban a la ciudadanía y a los propios jueces: el funcionamiento de las cárceles y del Servicio Médico Legal. Partió el año con el primer tema. Su constatación de que en el penal de Colina II se ejercían "maltratos físicos" a los internos, ratificada luego por la Corte de Apelaciones de Santiago en un fallo que ordenó el cierre del módulo Alfa mientras no se le efectuaran modificaciones, cayó como balde de agua fría para Gendarmería, el Ministerio de Justicia y el propio Gobierno, y fue el comienzo de una reformulación total de distintas secciones en penales de la capital.



Ya a mediados de año la Fiscal Mónica Maldonado, a raíz de una investigación iniciada tras una denuncia de la abogada Pamela Pereira, logró dar con un informe sobre errores en las identidades del Patio 29 que había sido ocultado durante siete años por el Servicio Médico Legal. El impacto de la noticia fue tal que el ministerio de Justicia debió ordenar una reestructuración completa de la Unidad de Identificación del organismo forense, proceso que debiera culminar en enero. Pero la investigación de la Fiscal no se quedó ahí y continuó hacia los convenios entre universidades y el SML y los negocios formados por su ex director, Jorge Rodríguez, detectando hechos que finalmente fueron puestos a disposición de la Contraloría.



Las críticas al SML también provinieron del juez que procesó a Pinochet, el ministro Juan Guzmán Tapia, quien acusó al mencionado ex director del órgano forense de haberlo presionado para que no designara peritos adjuntos en la realización de exámenes médicos al ex jefe de Estado.



Los dichos de Guzmán molestaron, a su vez, a la Suprema, tribunal que el 2002 le llamó nuevamente la atención por la filtración del cuaderno secreto del caso Caravana de la Muerte. El ministro del Caso Pinochet debió enfrentar durante el año otra situación embarazosa: el reordenamiento de las causas que llevaba y el traspaso de la mayoría de ellas a otros cinco ministros.



Si bien el Ministerio de Justicia se vio afectado por los cuestionamientos que se le hicieran este año a ambos órganos auxiliares de los tribunales, la relación con la Corte Suprema sufrió también traspiés por el retraso de la cartera en nombrar nuevos ministros de cortes de apelaciones, vacantes que se originaron tras el fracaso de las investigaciones en el caso Alto Hospicio. La situación derivó en un tira y afloja entre la cartera de Gómez y el Pleno del máximo tribunal cuando el atraso en el ministerio y la excesiva prontitud de la Corte en despachar las ternas dio origen a un zapato chino, pues se repitieron algunos nombres, impasse que finalmente fue salvado tras la colaboración de ambas partes.



Las diferencias entre la Suprema y el ministerio de Justicia también vinieron por el lado de las mencionadas leyes antidelincuencia, algunas de las cuales no fueron bien acogidas por el Pleno del máximo tribunal, como por ejemplo la creación de los jueces de 24 horas (los magistrados sostuvieron que todos los jueces tenían obligación de estar disponibles los 365 días del año) y la creación de la procuraduría judicial. Este último proyecto fue rechazado por la Corte pues intentaba dejar la tuición ética de los jueces en manos de las fiscalías, trasladando las facultades disciplinarias de las cortes hacia esos órganos.



Pero la Corte Suprema también vivió momentos de tensión interna, los que se produjeron luego del acuerdo del Pleno que puso fin a la posibilidad de contratar a parientes en el cargo de secretario privado de ministros del máximo tribunal.



Los resquemores en la Corte no tardaron, lo que estaban vinculados, más que a la medida misma, a que la votación de un tema que venía debatiéndose por meses se produjera justo un día en que la mayoría de los ministros que serían afectados por tal disposición no se encontraban presentes para plantear ante el Pleno sus argumentos a fin de que la idea no fuera aprobada.



Pero la Suprema, en un intento de anticipar cualquier cuestionamiento ciudadano por la permanencia de hijos de ministros en aquellos cargos, de exclusiva confianza de los magistrados, optó por poner fin a esta facultad generando una división al interior del Pleno que aun se puede percibir.



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