Instalar centros urbanos en áreas de preservación ecológica es la nueva idea que promueve el Ministerio de la Vivienda. Aunque argumentan que se trata de terrenos degradados, las políticas ambientales de la región apuntan a conservar estos lugares. Algunos municipios ya se oponen y grupos ecologistas encontraron un nuevo foco de resistencia a las propuestas de la cartera.
Luego del encendido debate por la expansión de la Región Metropolitana hacia áreas de interés agropecuario y que generó fuertes pugnas entre el ministro de Vivienda, Jaime Ravinet, y organizaciones ambientalistas, la cartera tiene en sus manos una nueva idea que busca una modificación al plan regulador metropolitano para emplazar, en zonas de preservación ecológica, proyectos inmobiliarios en distintas comunas de la capital.
Mediante la circular 80, enviada el 2003 por el secretario regional ministerial de la Región Metropolitana, Víctor Manuel González, se informa a 21 municipalidades de Santiago los requisitos para autorizar subdivisiones prediales en "áreas de preservación ecológica", explicitando las condiciones que deben cumplir los proyectos de edificación.
Por ahora la medida está siendo consultada en los municipios, y luego de incluir las observaciones de éstos, el proyecto de Vivienda debe ser discutido para su aprobación o rechazo en el Consejo Regional y la Comisión Regional del Medio Ambiente metropolitana.
Con el cambio en la Ley de Urbanismo y Construcción, en la práctica se podrán edificar en áreas de preservación proyectos de aptitud ecológica destinando hasta el 20 por ciento de su suelo a uso habitacional. La norma incluye que las construcciones podrían tener una altura máxima de hasta cinco pisos y si los predios contemplan una ocupación superior a las 2 mil personas se deberá resolver el acceso a éstos mediante sistemas de transporte.
La reforma considera, además, que "las condiciones de subdivisión y edificación para proyectos emplazados en territorios que se encuentran legalmente protegidos a través del Sistema Nacional de Áreas Verdes Protegidas (Senaspe) o declarados Santuario de la Naturaleza por el ministerio de Agricultura y Educación, requerirán un informe favorable de la seremi de Agricultura.
De acuerdo al documento, se indica que las zonas que integran el Senaspe son las reservas nacionales Río Clarillo y el Parque Nacional de Turismo El Morado, ubicados en Pirque y San José de Maipo. Se incorporan a esta medida también los santuarios de la naturaleza Fundo Yerba Loca, Los Nogales, Cascada de las Animas y El Roble, localizados en Las Condes y Tiltil, respectivamente.
Según el proyecto, en las zonas se permitiría una densidad máxima de 50 habitantes por hectárea, aunque se explica que esto puede aumentar "si se aplica el Reglamento Especial de Viviendas Económicas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones". El reglamento permite aumentar la cantidad de habitantes por hectáreas, en zonas donde existe un límite establecido de población.
Se propone que los ejecutores de los proyectos suscriban "compromisos ambientales mínimos" destinados a mitigar el impacto que generen las obras. Los proyectos deberían someterse a un Estudio de Impacto Ambiental y comprometerse a proteger el agua, flora y fauna. A la vez, Vivienda solicita que el titular del proyecto que se comprometa a la mantención del mismo por un plazo no inferior a cinco años.
Según las proposiciones de la cartera de Jaime Ravinet, la pendiente que tienen los terrenos definirá la extensión mínima que podrán tener los loteos. Así, por ejemplo, la división de un predio deberá ser de siete hectáreas, como mínimo, si la pendiente del terreno va de 0 a 10 por ciento en promedio y si ésta posee un 45 por ciento o más de pendiente, el terreno seccionado deberá tener como mínimo 350 hectáreas.
Los proyectos deben ser presentados a las direcciones de obras respectivas de las comunas y éstas decidirán cuáles cumplen con las normas de edificación impuestas. En algunos municipios aseguran que aunque conocen la iniciativa, se encuentran estudiando los alcances de la modificación.
Negativa de vecinos VIP
Uno de los primeros municipios en rechazar la medida fue la municipalidad de Lo Barnechea, que en un oficio público enviado a la seremi de Vivienda a mediados del año pasado.
La alcaldesa Marta Ehlers se opone al cambio urbanístico basándose en criterios técnicos: las áreas de preservación ecológica corresponden al 96 por ciento del territorio total de la comuna, es decir, unas 100 mil hectáreas.
Al interior del municipio se sostiene que con la modificación se permitirá la edificación de cinco pisos, lo que va contra de la planificación local, destinada a sólo dos pisos por construcción y sólo en áreas urbanas de la comuna.
Otro de los cuestionamientos por parte del municipio de Lo Barnechea alude a que cualquier proyecto que se desarrolle en el área de preservación ecológica, tiene un fuerte impacto en el área urbana, pues ésta es la ruta de acceso a Santiago. Según se afirma en el municipio, la capacidad vial de la comuna se vería "sobrepasada" con una carga vial derivada de conjuntos habitacionales en las áreas de preservación ecológica.
Edificaciones y suelos
Según el propio informe de Vivienda, el cambio a la ley se fundamenta en que estos terrenos tienen "una cierta situación de abandono y degradación, producto de frecuentes incendios, perdida de identidad, de sentido del lugar y disminución gradual de la flora y fauna silvestre".
Respecto a la merma de la vegetación y fauna en las zonas de preservación, la contradicción de Vivienda es clara, pues se solicita que quienes construyan "deben atenuar externalidades negativas que afecten los recursos hídricos, de flora y fauna del área de influencia del proyecto, asegurando la permanencia de corredores biológicos, la biodiversidad y los elementos patrimoniales existentes".
El aspecto ambiental, es lo que más cuestionan las organizaciones Defendamos la Ciudad y Acción Ecológica, quienes solicitaron los documentos a la seremi de Vivienda y que aseguran "fueron negados por la entidad". Las entidades planean presentar las bases de esta iniciativa a la Contraloría, pues plantean que – tal como la expansión de Santiago-, vulnera el Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana.
La iniciativa de urbanizar en zonas de preservación se contrapone a las propias políticas ambientales impulsadas en la región. Según los datos de la Conama, pues según sus propios estudios, los suelos para preservación de la vida silvestre "son aptos sólo para la protección y manejo conservacionista de cuencas hidrográficas: producción de agua, vida silvestre y recreación".
Estas zonas, son calificadas como áreas frágiles e inestables que al ser intervenidas entran en proceso de degradación.
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