Ante las complicadas tratativas entre el relleno y los municipios por el alza de tarifas, los dueños del recinto buscan que el mercado sea regulado totalmente por el organismo que actualmente supervisa las actividades de empresas sanitarias. Para ello se espera que la anunciada ley de la basura se materialice.
Tras meses de infructuosas negociaciones entre el relleno sanitario Santa Marta y los municipios agrupados en Emeres por el reajuste de sus tarifas, los propietarios del recinto propusieron una salida al conflicto: que un organismo independiente como la Superintendencia de Servicios Sanitarios regule los montos y exigencias del vertedero.
Esta salida vendría a apaciguar el problema generado a raíz de la determinación de la empresa de reajustar sus tarifas en un 35 por ciento, intención que ha sido calificada, por algunos alcaldes pertenecientes a Emeres, como inaceptable.
El principal motivo por el cual los ejecutivos de Santa Marta pretenden que un organismo gubernamental vele por la regulación de tarifas es claro: el precio que los municipios pagan por depositar en el relleno constituye un ingreso indispensable para la subsistencia del consorcio y, sin una entidad que asegure reajustes cada cierto tiempo, podrían generarse desequilibrios financieros que deriven en crisis irrecuperables para la compañía.
A esto se suma que para el consorcio sería conveniente que un único jefe supervisara, además de los reajustes de las tarifas, las exigencias medioambientales operacionales que deben cumplir. Esto cambiaría la situación que hoy los afecta, en que éstas labores están repartidas entre el Sesma, la Conama RM, la Dirección de Aguas y hasta el SAG.
Por qué la Superintendencia de Servicios Sanitarios
La solución planteada por los ejecutivos del relleno apunta a la Superintendecia de Servicios Sanitarios, que vela por la regulación de tarifas y exigencias a las empresas sanitarias del país, debido a que los directivos de la firma tienen cercanía al trabajo de ésta entidad, ya que tienen inversiones en el rubro.
El vínculo existente entre Santa Marta y la Superintendencia está en la Undécima Región, donde funcionan la firma Aguas Patagonia y la planta de tratamiento de aguas Hidrolab.
Si bien, hasta ahora, las conversaciones entre los ejecutivos y el organismo han tenido sólo un carácter "informal", la idea ya ha sido planteada a autoridades de Gobierno, con el fin de que se agilice la solución al problema y se proponga un proyecto de ley.
En este sentido, el presidente del directorio de Santa Marta, Guillermo Ruiz, afirmó que una de las mayores preocupaciones del sector es que exista una regulación tarifaria "tal como existe en el ámbito del agua. La idea es que el Gobierno, que son los llamados a ordenar el tema, tengan una preocupación mayor sobre este ámbito".
Un interlocutor probable para este fin es el intendente Metropolitano Marcelo Trivelli, quien anunció la promoción de una ley de la basura en junio de 2003. En esa fecha -y tras la contaminación de un predio vecino al relleno- el intendente reconoció "la existencia de un vacío legal en materia de residuos domiciliarios" y añadió que "frente a las constantes fallas del relleno sanitario Santa Marta se enviará a la Secretaría General de la Presidencia un proyecto para regular el proceso de recolección y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios».
Pese a que hasta hoy no se ha presentado un proyecto de este tipo en la Segpres, Trivelli sigue siendo visto por el sector como un posible aliado de esta iniciativa a nivel de Gobierno. Sin embargo, y a pesar de los intentos de contactos, ayer en la intendencia declinaron referirse al tema, al igual que en la superintendencia en cuestión.
Por su parte, el gerente técnico de Emeres, Patricio Riquelme, aseguró que para que existe una reglamentación tarifaria por ley, a cargo no de la superintendencia, se debe definir primero que la tuición de la disposición de los residuos pase del nivel municipal al gobierno central.
"Ellos quieren que se calculen las tarifas tal como se hace con el agua. La verdad es que para eso se requiere un trabajo para estructurar una ley. Estamos dispuestos a conversar sobre ese asunto para que se controle mejor el sistema", aclaró.
Conflicto en Tribunales
Hasta 20 millones pesos extra deberán pagar municipios como La Florida, de concretarse el alza de tarifas de un 35 por ciento propuesta por el consorcio Santa Marta. Este conflicto, mantenido también con los municipios de La Granja, La Pintana, Lo Espejo, El Bosque, San Ramón y Macul, que también depositan su residuos en el relleno, podría terminar en tribunales.
Según el gerente general del relleno, Rodolfo Bernstein, los desencuentros con los municipios los han llevado incluso a que evalúen interponer acciones legales contra éstos, pues "han incurrido en incumplimiento de contrato". En este sentido, aseguró que los precios que pagan actualmente los municipios ya debieran haber sido actualizados por contrato, tal como ocurre con los clientes privados de la compañía.
Agregó que los municipios de Emeres tampoco han cumplido con otra de las cláusulas del contrato: depositar mensualmente 45 mil toneladas de basura en el lugar.
Según los ejecutivos del relleno, una tercera razón para el alza de precios es que los cambios al proyecto derivados de las exigencias adicionales de las autoridades y del reordenamiento de las comunas que depositaban en el acopio, significaron una pérdida de 500 millones de pesos.
Los municipios, en tanto, parecen no querer dar su brazo a torcer y el conflicto, por el momento, continúa.
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