En el marco de la Agenda de Modernización del Estado, el timonel de la Democracia Cristiana entregó el miércoles al Mandatario un documento que contiene propuestas para el financiamiento público de la actividad política y de las campañas electorales.
En medio del debate acerca de la reforma de modernización del Estado, la Democracia Cristiana presentó al gobierno una propuesta que apunta particularmente al financiamiento público de la política y que plantea incluir recursos para la financiación directa de las campañas electorales y de los partidos políticos en la Ley de Presupuesto del año 2004.
De este modo, propone que los montos asignados sean proporcionales a la votación que cada colectividad haya obtenido en elecciones anteriores, dejando un piso mínimo para cada candidato.
La propuesta de la tienda de Adolfo Zaldivar, aprobada por unanimidad en la Comisión Económico-Social del partido, plantea además mantener la ya existente franja gratuita de televisión, abriendo a los eventuales candidatos la posibilidad de canjear parte de ese tiempo por dinero utilizable en otras formas de promoción electoral y la creación de un subsidio estatal para programas en radios regionales, sólo durante períodos de campaña.
Asimismo, se propone la implementación de un aporte parcial del Estado a los partidos políticos, para complementar con él las cuotas anuales que reciben con habitualidad de parte de sus militantes registrados a fin de incentivar el pago de estos ingresos y el establecimiento de un sistema de información periódica tanto de las colectividades como de sus candidatos en época electoral.
Designación de personal político
El partido oficialista coincide en la necesidad de reducir los cargos de confianza del Presidente de la República a 500 o menos -de los 3.000 que se calcula existen en la actualidad- y propone que para los restantes se genere un proceso de selección y concurso a cargo de un Consejo de Dirección Pública con la autonomía necesaria para garantizar la objetividad del proceso.
En cuanto a la designación de los directores de las empresas públicas, la DC propone que sea efectuada por el Presidente de la República a partir de una propuesta del Sistema de Empresas Públicas -SEP-. Asimismo, los Directorios de cada empresa designarían a sus altos ejecutivos, a través de procesos de concurso y selección, siendo el SEP el que fije los rangos de remuneraciones totales para cada empresa.
Además, para evitar que las personas contratadas a honorarios se conviertan "automáticamente en un sospechoso", la DC propone la realización de auditorias directas y externas, tanto de la Contraloría como de la Dirección del Servicio Civil y que las personas encargadas de las compras en los servicios públicos sean seleccionadas por concurso.
Acuerdo político-técnico
En el documento se plantea que para que las propuestas contenidas en él puedan ser concordadas en una política de Estado es necesario que estas materias se aborden en una comisión político-técnica de carácter plural, ya que los temas planteados son de interés de todos los bloques políticos.
La DC estima, por tanto, que "para resolver simultáneamente los problemas de dinero y política y del uso del Poder del Estado con fines políticos, es preciso sentar en la mesa, en un solo proceso a quienes se benefician del poder del dinero con quienes pueden profitar del Poder del Estado para acrecentar sus respectivas posibilidades de éxito en la competencia política".
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