Lo mismo hizo el -hasta ahora- único querellado ante el 2° Juzgado del Crimen de Santiago, el ex jefe de la mesa de dinero de Corfo, Javier Moya Cuccurella. Monasterio pidió el viernes pasado quedar detenido en la Bridec, lo que no fue permitido por la jueza Blanca Rojas, dijeron fuentes policiales.
El presidente del derrumbado holding Inverlink, Eduardo Monasterio, junto a dos funcionarios de su empresa corredora de bolsa, hizo una estratégica presentación ante el 32° juzgado del Crimen de Santiago: se autodenunció por la apropiación indebida de los papeles de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Lo mismo hizo el -hasta ahora- único querellado en la causa, el ex jefe de la mesa de dinero de Corfo, Javier Moya Cuccurella.
La «autodenuncia» fue presentada cerca de las 13.30 horas del viernes 7 de mayo, pocas horas antes de que el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Gonzalo Rivas (DC), hiciera público los hechos y anunciara la presentación de una querella por el hurto de 76 mil millones de pesos en documentos de depósitos a plazo fijo. La acción legal se concretó ayer sábado por la mañana.
En su "confesión", Eduardo Monasterio esgrime que intentó liquidar los papeles apremiado por la falta de liquidez que le permitieran pagar compromisos financieros.
Sin embargo, la "declaración", según fuentes bien informadas, forma parte de una estrategia jurídica de Moya y Monasterio, la cual busca que se les abra un proceso en el 32 Juzgado del Crimen de Santiago, cuya titular es la jueza Blanca Rojas. Los ejecutivos están prestos a enfrentar interrogatorios e, incluso, la detención, pero saben que su autodenuncia es una «atenuante calificada» que no podría ser obviada por los tribunales al dictar sentencia.
Fuentes policiales comentaron a este medio que la estrategia de Monasterio ha llegado, aparentemente, al absurdo, al tratar de entregarse a los detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) para que lo dejaran detenido. Ante esto, según fuentes policiales, el jefe de la unidad, Oscar Gutiérrez, llamó a la magistrada Blanca Rojas para ponerla en antecedentes de tan insólita petición.
La jueza lo consideró improcedente, ya que no existe -todavía – una orden de detención contra el ex hombre fuerte de Inverlink, lo que desbarató la alambricada estrategia jurídica de Monasterio. Fue esta incursión del empresario por la Bridec, la que alimentó el rumor, que corrió el viernes, de la detención de Monasterio en dependencias de la policía civil. Incluso, El Mercurio lo contactó, pasadas las 22 horas de ese día. Monasterio confirmó que se encontraba en libertad, aunque "muy afectado".
"Plan B"
Fracasado el intento de autodenuncia, Monasterio, junto a otros altos ejecutivos de su holding, buscaría abrir varios "frentes jurídicos". La idea es lograr la libertad provisional en alguno de ellos y que ésta se les respete, como dice la ley, incluso si se inician otras causas en su contra.
Esta estrategia no es novedad para los tribunales que ven causas económicas. Suele ser muy usada por quienes enfrentan varios procesos por giros dolosos de cheques: el autor se autodenuncia por uno de ellos, consigue la libertad y, aunque se abran más casos por otros documentos, no se les puede aplicar la prisión preventiva.
Hasta donde ha averiguado este medio, el "préstamo" de papeles de la Corfo a Inverlink se venía realizando desde hace tiempo. Con ellos la empresa conseguía financiamiento, usándolos como respaldo. Una vez usados, eran devueltos a Moya, quien los reingresaba a la bóveda de seguridad del organismo estatal. El funcionario entregaba los papeles como una "paleteada" a sus antiguos empleadores.
De acuerdo a las mismas fuentes, Eduardo Monasterio reconoce que se apropió de los papeles de depósito por 76 mil millones de pesos apremiado por las deudas y la falta de liquidez por la que atraviesa el holding desde que se supo que su ex gerente general, Enzo Bertinelli, recibía "informes confidenciales" del Banco Central, lo que provocó una estampida de los clientes del grupo empresarial y un «ajuste de cuentas» en su contra aplicado por los otros agentes del mercado bursátil.
Con relación a Javier Moya, éste habría reconocido motu propio, que le pasaba los millonarios documentos a Inverlink confiado en que le serían devueltos. Al comenzar la debacle del grupo, Moya le allegó más, sin medir las consecuencias.
Pasos de la magistrada
Los pasos que deberá dar ahora la magistrada Blanca Rojas comienzan con el ingreso de la "denuncia" y la dictación de una orden de investigar. Al mismo tiempo -es lo más probable- converse con el ministro en visita que lleva el caso Inverlink, Patricio Villarroel, y con el juez del Segundo Juzgado del Crimen, Jorge Colvin, encargado de tramitar la querella presentada por la Corfo, para intercambiar información y coordinarse.
Asimismo, Rojas debería interrogar a los autodenunciados y, casi seguro, dejarlos detenidos. Esto, bajo el tradicional aforismo: "a confesión de parte relevo de pruebas".
En todo caso, el esquema jurídico es más complejo aún, debido a que Patricio Villarroel no ha conocido de los hechos como magistrado, por lo que deberá esperar a ver cuáles serán los pasos de Rojas. Al mismo tiempo, el Pleno de la Corte de Apelaciones, si correspondiera, podría ampliarle las facultades a Villarroel, ya que el caso ha tomado ribetes de alarma pública, por lo que podría acumular todas las causas vinculadas al grupo Inverlink.
Pero hay otro elemento más: la querella ya presentada por el fiscal de la Corfo, Bernardo Espinoza, ante el 2° Juzgado del Crimen de Santiago, cuyo titular es Jorge Colvin. Lo más lógico pareciera que un solo juez acumulara las causas.
Otra denuncia criminal más
Por último, en el 32 Juzgado del Crimen de Santiago, el ex secretario general de la presidencia y ex socio del grupo Inverlink, Alvaro García, presentó una denuncia por apropiación indebida por la pérdida de 10 mil millones de pesos en la compañía seguros de vida Le Mans, miembro del holding.
Por lo que se sabe, dos cheques de la corredora de bolsa Inverlinck, dados a la compañía de seguros para pagar dicha deuda, habrían sido sustraídos desde un banco de Santiago donde habían sido depositados.
De acuerdo a fuentes confiables, Monasterio también reconoce en su presentación que es uno de los responsables de estos hechos.
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