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''Cooperación'' sería anterior

Caso Inverlink: Investigan presunto blanqueo en fondos mutuos bancarios

por 18 marzo, 2003

Esta situación que ahora se conoce complejiza bastante el panorama de "confianzas" en el mercado de capitales, donde -hasta ahora- sólo se conocía la participación en operaciones de "triangulación" de papeles Corfo por parte de corredoras de bolsa que no son filiales bancarias.
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Al menos dos corredoras de bolsa filiales bancarias habrían ayudado a Inverlink en el blanqueo de papeles Corfo durante los últimos años, según arroja hasta este momento la investigación interna que efectúa el organismo estatal; descubrimiento que motivó la presentación en el día de ayer de una ampliación de la querella criminal por parte de la Corfo, dirigida en contra todos aquellos que resulten responsables de dichos hechos ilícitos.



Esta "triangulación" habría permitido que documentos de crédito tomados por la Corfo pudieran circular sin su consentimiento por el mercado de capitales, sin saberse, por los otros actores de dicho mercado, que Inverlink estaba detrás de dichas operaciones, para captar ilícitamente dineros.



Las operaciones, que involucrarían a agentes de estas instituciones financieras privadas, que habrían actuado coludidos con Inverlink, fueron llevadas a cabo durante un lapso aún no determinado, pero son anteriores al hecho que gatilló la primera querella, referida al mal uso de papeles Corfo por un poco más de 100 millones de dólares.



La aparición de estas dos corredoras de bolsa que son filiales bancarias complejiza bastante el panorama de "confianzas" del mercado de capitales, donde hasta ahora, y sólo en lo que dice relación con los US$100 millones que han preocupado a la opinión pública durante estos días, se conocía la participación en operaciones de "triangulación" de papeles Corfo de corredoras de bolsa que no son filiales bancarias, como CB Capitales y Contreras y Asociados.



Estas últimas fueron dos de las instituciones privadas que aceptaron los endosos de Inverlink puestos en los papeles de la Corfo, que permitieron que dichos documentos circularan por el mercado sin el conocimiento ni consentimiento de la Corfo.



Como personaje clave de la investigación ha surgido en los últimos días el funcionario de Inverlink Luis Hernández. El hoy prófugo de la justicia trabajó en Corfo hasta 1997 (donde fue escalando posiciones en la mesa de dinero de la institución) para posteriormente comenzar a laborar en Inverlink. Él habría sido un contacto privilegiado de la empresa de Eduardo Monasterio con la Corfo, especialmente con Javier Moya, jefe de su mesa de dineros.



Las operaciones realizadas por Inverlink con los papeles de la Corfo en períodos pasados gatillaron que el nuevo vicepresidente ejecutivo del organismo, Oscar Landarretche, presentara una ampliación de la querella ante el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, en el proceso que instruye el ministro en visita Patricio Villarroel.



Existen sospechas al interior del organismo estatal acerca de la coincidencia de la ida del ex junior Luis Hernández desde Corfo, el año 1997, a la empresa Inverlink, con el inicio de las "operaciones ilícitas".

De allí que la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) esté abocada a identificar una verdadera "nomenclatura" que podría revelar también a los "operadores amigos" que tenía Moya en reconocidas instituciones financieras.



De acuerdo a fuentes que conocen los hechos, hay muchos endosos en los documentos que fueron transados en el mercado que tenían nombres "en clave" que identificarían a quienes regularmente ayudaban a Moya a cometer sus ilícitos.



La línea de investigación, hasta ahora, indica que si estas personas se repiten en el tiempo, claramente podrían aparecer hechos que pudieran revestir caracteres de delito.



De momento quien aparentemente podría conocer todas las fórmulas, y quiénes, cómo, cuándo y dónde se hacían operaciones fraudulentas es el ex junior de Corfo y luego ejecutivo de Inverlink, el prófugo Luis Hernández.



Hasta el cierre de esta nota, el Fiscal de la Contraloría que investiga en Corfo las eventuales irregularidades administrativas, Raúl Aitken, no había decidido si suspendía a los funcionarios que trabajaron con Javier Moya. Estos empleados se hayan sólo "separados" de sus cargos mientras Aitken toma la determinación.



Interrogatorios
La jornada del lunes en el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago estuvo marcada por los interrogatorios a las doce personas que permanecen detenidas, por su posible vinculación en los ilícitos.



El magistrado Patricio Villarroel, tras regresar a trabajar luego de un permiso administrativo que incluyó viernes y sábado, dedicó todo el día a esta misión, dejando para hoy martes un pronunciamiento sobre el levantamiento de las medidas precautorias (orden de no pago) que pesan sobre los papeles de la Corfo y que ya habrían solicitado todas las empresas bancarias o filiales bancarias con papeles involucrados en el fraude.



El interrogatorio más largo correspondió al presidente del holding investigado, Eduardo Monasterio, que duró dos horas. Luego fue el turno del segundo accionista de la empresa, Ignacio Wulf.



Durante el día fueron pasando ante el magistrado uno a uno los detenidos, además de Monasterio y Wolf: Javier Moya (ex jefe de la mesa de dinero de la Corfo), Pablo Schaffhauser (director de la corredora de bolsa Inverlink), John Allen (operador de fondos mutuos de Inverlink), Patricio Collarte (gerente general de Inverlink), Eduardo Tapia (operador de la corredora), el contador Patricio Reyes, Marcelo Muñoz, Carlos Rubilar (tesorero de la corredora), Rodolfo Pereira (gerente de administración de fondos mutuos) y Guillermo Brito (ex funcionario de Inverlink).



Todos fueron interrogados profusamente, salvo dos que, según comunicó el propio ministro Villarroel, prestaron testimonio en forma "incompleta", por lo que el juez volvería a tomarles declaración en los próximos días. El magistrado tiene hasta el miércoles para definir la situación procesal de cada uno de ellos.



Alegatos



En tanto, ayer en el concurso que tradicionalmente se efectúa los lunes para determinar dónde quedarán radicados los alegatos, definió que la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolverá la apelación del auto de procesamiento que presentó el abogado Rodrigo Avila por su defendida, la ex secretaria privada de Carlos Massad, Pamela Andrada. La mujer está encausada por los delitos de soborno y revelación de información privilegiada. Esto en el marco del caso Banco Central-Inverlink.



La causa se halla en la quinta "agregada", por lo que debiera verse a eso de las 11 de la mañana. La conformación de la sala es con el ministro Raimundo Díaz, como presidente, la magistrada Amanda Valdovinos y el abogado integrante Claudio Díaz. Si el fallo llega a quedar "en acuerdo", será este último quien lo redacte ya que le corresponde el "turno".



Raimundo Díaz es el único que tiene cierta experiencia en materias financieras complejas, debido a que fue el magistrado que dictó las últimas sentencias en el caso Codelco que terminó condenando al ex operador de mercados de futuro Juan Pablo Dávila

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