En tres considerandos "básicos", el magistrado describió la operatoria -ampliamente conocida por la labor de los medios de comunicación- que revela cómo se gestó la transacción ilegal de papeles corfo. [Vea el Fallo]
Una resolución «conservadora» que confirmó «casi» por completo la autodenuncia presentada por el presidente de Inverlink, Eduardo Monasterio, y el ex jefe de la mesa de dinero de Corfo, Javier Moya, fue la que entregó el ministro en visita, Patricio Villarroel, en el proceso que instruye en el llamado caso Corfo-Inverlink, en el cual se sometió a proceso a nueve de los doce ejecutivos inicialmente involucrados en la millonaria estafa con documentos de plazo fijo de la corfo.
Así lo comentaron a El Mostrador.cl fuentes vinculadas a la defensa de ambos procesados. Sin embargo, el magistrado agregó un punto que complicará, al menos, a la defensa de Monasterio: las «estafas reiteradas».
En tres considerandos «básicos», el magistrado describió la operatoria -ya ampliamente conocida a través de los medios de comunicación- que revela cómo se gestó la transacción ilegal de papeles.
«Que un funcionario de la Corfo, que tenía a su cargo caudales públicos efectuó diversos depósitos a plazo con dicho dinero y los títulos los entregó a miembros de Inverlink, que procedían a venderlos».
«Que para obtener la entrega de tales documentos la empresa Inverlink pagaba al empleado de la Corfo una suma de dinero».
A renglón seguido, el magistrado habla de la financiera ilegal que operaba en Inverlink. Básicamente, las ahora víctimas invertían su dinero, pero éste no entraba en la "contabilidad blanca", aunque les entregaran después pagarés de garantía, lo que maquillaba la operación haciéndola parecer completamente legal. Esto, quizás, explica por qué las instituciones encargadas de fiscalizar estas operaciones no las detectaron.
«Los funcionarios de la empresa Inverlink Corredores de Bolsa recibían dinero de clientes que querían efectuar depósitos a través de dicha empresa, pero no cumplían con tal encargo y lo depositaban en la cuenta corriente de Inverlink Consultores, apropiándose la empresa de los respectivos depósitos», señala la resolución.
Abogados vinculados al caso, comentaron a El Mostrador.cl que la resolución del magistrado no era la esperada, aunque sostienen que, tal vez, buscó una forma simple y menos rebuscada para no sufrir un revés en la Corte si es que los ahora procesados deciden apelar o recurrir de amparo.
Este análisis, en todo caso, choca con el "espaldarazo" recibido en la semana por la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó el auto de procesamiento -por cohecho, delito informático y revelación de información privilegiada- que pesa sobre la ex secretaria privada de Carlos Massad, Pamela Andrada. Esto en la otra "cuerda separada" del proceso llamado Caso Inverlink-Banco Central.
Otros profesionales ligados al proceso y consultados por El Mostrador, en cambio, criticaron la resolución, considerándola demostrativa de un insuficiente manejo del proceso y la materia de que trata.
En cualquier caso, hasta ahora se encuentran sometidos a proceso en calidad de autores de los delitos de soborno y estafas reiteradas por un monto superior a 400 UTM los ejecutivos de Inverlink: Eduardo Monasterio (presidente del holding), Ignacio Wulf (segundo accionista), Eduardo Domínguez, Marcos Tapia y Enzo Bertinelli (ex gerente general y quien se encuentra procesado en la causa paralela por los correos electrónicos que fueron enviados a la empresa desde el computador del Presidente del Banco Central).
En tanto, por el ilícito de estafa, por una suma superior a 400 UTM, quedaron encausados Carlos Rubilar, Patricio Reyes, José Muñoz y Orlando Patricio Collarte.
A su vez, por los delitos de cohecho y malversación de fondos públicos, fue procesado el jefe de la mesa de dinero de la Corfo Javier Moya.
Libres por falta de méritos quedatron Guillermo Brito, Pablo Schffausser (quien se encuentra sometido a proceso en una causa por giro doloso de cheques incoada en el 31° Juzgado del Crimen de Santiago), y John Alllen Guzmán.
Asimismo, Patricio Villarroel, como indica la ley en estos casos, embargó los bienes de los encausados por una suma de hasta 60 mil millones de pesos. Con esta dinero se pretende hacer frente a las pérdidas estatales por los delitos cometidos por Monasterio y sus «boys».
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