La idea del intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli fue «despersonalizar» su respuesta a la impugnación de la apertura del basural Santa Marta, ubicado en Talagante. El objetivo: desligarse de los líos de la basura que tantos dolores de cabeza le ha dado.
Uno de los temas que aún le penan al intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli, es su cuestionada gestión en la apertura del relleno sanitario Santa Marta de Talagante, que se dio en medio de ácidas críticas.
El lío puso a Trivelli en el «ojo del huracán» por varios meses, lo que repercutió en su figuración pública. El hecho de salir bien evaluado en las encuestas y ser visto como uno de los "favoritos" del presidente Ricardo Lagos, han hecho que cada paso que dé sea estudiado, cuidadamente, por su equipo de asesores.
La autoridad regional estudió con detenimiento la defensa que haría ante los serios cuestionamientos realizados por la Contraloría General, los cuales datan del 19 de diciembre pasado. Entre los puntos impugnados está el Plan de Cumplimiento "como la referida Resolución N° 228/2002 que lo aprueba no se ajusta a Derecho, al permitir que algunas de las antedichas medidas contenidas en la resolución de Calificación Ambiental no se cumplieran o materializaran en una oportunidad distinta a la exigida", ante lo que el organismo fiscalizador ordenó invalidar dicha resolución.
Entre algunas de las ocho normas del mencionado plan, y que fueron pasadas por alto, figura la habilitación de caminos para los camiones recolectores y la instalación de una pesa o báscula para registrar las cientos de toneladas de desechos que arrojan diariamente las comunas.
Según cercanos al proceso, los fundamentos de su defensa fueron hechos en nombre de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema RM), focalizados a las acciones de este organismo y no personalizados en su calidad de presidente que tiene en ese organismo.
Los cuestionamientos de la Contraloría fueron, particularmente, lapidarios para Trivelli, calificando las acciones de «inconstitucionales», con lo que se validó, indirectamente, la acusación constitucional que impulsaron parlamentarios UDI en su contra.
Trivelli enfatizó en sus descargos que la decisión de abrir el relleno fue tomada por la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema RM), entidad que tiene el rol, según Trivelli, de ordenar el proceso, con lo que no se puede «personalizar» en él, como presidente del organismo, la responsabilidad.
Sin embargo, el papel que jugó el intendente fue clave para que la Contraloría cuestionara el proceso. Trivelli lideró el cierre del cuestionado basural de Lepanto, en abril del 2002, llegando al extremo de poner su cargo a disposición si no se lograba la clausura el acopio de San Bernardo. Razón que, según sus detractores, aceleró la apertura del relleno Santa Marta.
Una fuente ligada al proceso aseguró que los asesores decidieron, además, que el oficio se enviara mientras Trivelli estaba de vacaciones. La respuesta debió firmarla el intendente (s) Freddy Ponce, con lo que se pretendió «desvincular» a Marcelo Trivelli del litigio.
Las respuestas
El oficio con las respuestas fue enviado al contralor Gustavo Sciolla, en febrero pasado. En el texto se enfatiza que el dictamen de la Contraloría, "de mantenerse en dichos términos, genera efectos insospechados en el sistema de evaluación de impacto ambiental: lo hace excesivamente rígido, no da solución jurídica a cuestiones ambientales habituales, destruye la ventanilla única, inutiliza instituciones propias de la Ley 19.300 (plan de seguimiento) y, en fin, detecta derechos de terceros, tales como el derecho de propiedad sobre el proyecto, la igualdad en el tratamiento de modificaciones de proyectos, etc."
El informe hace hincapié, además, en que la Corema RM, "al dictar una resolución destinada por el mencionado dictamen, únicamente ejerció las facultades que le son propias de acuerdo a los establecido en la Ley 19.300, esto es ejerció la facultad de interpretar sus propios actos en aquellos casos en que no aparecía claramente manifestada su voluntad (no indicación de la época de ejecución de determinadas las obras); corrigió y subsanó erroes manifiestos de la RCA (obligación del titular de ejecutar obra concesionada por el MOP) y por ultimo y subsidiariamente, ninguna de las modificaciones o ajustes es de aquellos que deben reingresar al sistema, ya que no se trata de aquellos que modifiquen sustancialmente el proyecto original y carecen efectos o impactos ambientales de consideración».
En otro punto se agrega que: «en ninguno de los casos anteriores se vulneró el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, principal garantía constitucional que aparece protegida por el sistema de evaluación, ya que ninguna de las medidas adoptadas en la mencionada resolución tenía o tiene efectos de consideración ambiental».
Un problema "de peso"
Una de las exigencias de las que se desentendió la Corema, fue la instalación de una pesa o báscula por estimar que los residuos provenían de una estación de transferencia donde se pesaron debidamente.
Pese a ello, veladamente, en el documento de respuesta se reconoce que "la situación ha variado en la actualidad, pues el titular recepciona hoy, directamente, los residuos proveniente de camiones recolectores y no exclusivamente de vehículos provenientes de estaciones de transferencia".
Para justificar esta variación, se escudan en el decreto de emergencia sanitaria dictado por el Ministerio de Salud, que forzó al titular del proyecto a recibir camiones en forma directa al acopio y sin pesar.
En el oficio no se reconoce explícitamente que fue un "error" el no pedir a Enasa, empresa administradora de Santa Marta, una báscula, aunque fue uno de los puntos claramente impugnados por el Contralor el 19 de diciembre pasado.
El pesaje de la basura no es un tema sanitario menor. Un exceso de residuos en un relleno puede generar, por ejemplo, derrames de líquidos percolados o jugos de la basura e incluso, contaminar napas de agua subterráneas.
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