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Agenda de Modernización habría superado el principal obstáculo

Contra muchos pronósticos que aseguraban que el gobierno y la oposición no llegarían a acuerdo en materia de financiamiento de la política, dando cumplimiento al compromiso de la llamada Agenda Corta, tras la última reunión entre La Moneda y los partidos trascendió que existe consenso sobre el financimiento de las campañas y el aporte estatal a las mismas.


Tal como lo vaticinaran en la UDI, los avances más significativos en materia de Agenda de Modernización del Estado se han centrado en el tema de financiamiento de la política. Tanto es así que en la reunión del jueves recién pasado se llegó a un principio de acuerdo en torno al límite al gasto electoral.



Este podría ser refrendado el lunes, cuando en la reunión que se efectuará en La Moneda, se consensúen los cuatro proyectos que compondrían el capítulo sobre financiamiento de la política.



En principio, según ha trascendido, en torno al límite del gasto electoral se plantearía que en las circunscripciones se partiera con un piso de 50 millones de pesos y desde esta base se sumaría 0,05 Ufs por elector en las circunscripciones de entre cero y 200 mil habitantes; 0,04 UF en aquellas de entre 200 mil y 400 mil habitantes; y, 0,03 en las de entre 400 y 600 mil habitantes y más.



Por otra parte, en materia distrital la fórmula sería similar a la anterior, pero con montos mucho más bajos, pues los distritos evidentemente congregan menos electores que las circunscripciones.



También se habría acordado un subsidio estatal con el fin de dar igualdad de oportunidades a todos los candidatos. Este consistiría en entregar tres UFs por cada voto al candidato y una por voto al partido, aunque esto aún no está sellado.



La idea original de la derecho respecto a este aporte estatal es que no se le entregue dinero a los aspirantes, sino que esos recursos pasen directamente a pagar parte de sus gastos de publicidad en los medios de comunicación para que puedan difundir sus respectivos principios electorales.



En la Concertación, en tanto, se planteaba que el aporte fuera en dinero efectivo, tanto a los partidos como a los respectivos candidatos.



Sea cual fuere la opción, el aporte estatal nunca sería superior al 50 por ciento de los votos que obtenga cada postulante.



Transparencia e intervención electoral



Por otra parte, todavía queda por acordar -lo que se haría en la reunión del próximo lunes- los aspectos relativos a la transparencia de los aportes a las campañas y el de la intervención electoral por parte del Estado.



Estos temas son los duros, pues no hay completo acuerdo entre la Concertación y la derecha. Para la oposición implementar mecanismos que impidan la intervención electoral del Estado, en la práctica del gobierno de turno a favor de sus candidatos, es básico para que el Estado mantenga una necesaria imparcialidad en los procesos electorales.



Esto -dicen- en la oposición contribuiría a asegurar que todos los postulantes tienen iguales oportunidades de resultar electos.



Para el oficialismo, en cambio, el tema de la intervención es necesario, pero no imprescindible, pues no aceptan que se diga que los gobiernos de la Concertación han utilizado recursos de todos los chilenos para favorecer a los candidatos del pacto.



En lo que respecta a la transparencia de los aportes a las campañas, parece haber acuerdo en que optar porque todos los recursos que entregan los privados -sean personas naturales o empresarios- a los candidatos deban ser necesariamente hechos públicos.



Lo importante del tema es poner un tope, dicen en ambas alianzas. Esto significa que dar cuenta de estos ingresos hasta un determinado límite. Pero todos coinciden en que los aportes "significativos" deban ser conocidos, pero por un organismo autónomo que cuente con la confianza de todos los sectores.



Con esta finalidad la UDI ha planteado darle autonomía al Servicio Electoral, el que tendría entre sus facultades fiscalizar los recursos que los particulares entreguen a las campañas electorales.



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