La autoridad explicó que aceptaron las «sugerencias» de los organismos estatales con los que se firmaron contratos, debido a «la ineludible necesidad de contar con un flujo permanente de proyectos». Reconoció, además, fallas en el control interno, pero las vinculó a «las premuras y volúmenes de los contratos».
El Rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, se hizo hoy públicamente cargo de las denuncias e investigaciones judiciales derivadas de convenios suscritos entre esa casa de estudios y organismos estatales tales como el Ministerio de Obras Públicas.
El pronunciamiento, que puede hacer las veces de un mea culpa, lo efectuó a través de una carta a la comunidad universitaria, que trata de calmar la agitación de las aguas internas de la casa de estudios.
Riveros trata de explicar los hechos bajo investigación judicial y las denuncias públicas que enturbian su gestión, a través de la obligación que tuvieron las unidades -facultades e institutos- del plantel de trabajar con organismos públicos y privados para suplir la falta de aporte estatal que afecta a la universidad.
Como ejemplo, cita que durante el año 2002 la casa de estudios debió generar una cantidad superior a 60 mil millones de pesos por la venta de servicios, incluyendo estudios, consultoría y educación contínua en asociación con instituciones públicas y privadas.
En la carta, el rector sostiene que fueron quienes solicitaron los estudios (los organismos públicos) los que sugirieron «los procedimientos» cuestionados y que los organismos ejecutores (la universidad) aceptaron, debido a la necesidad de contar con recursos de forma permanente y expedita. Además el «alto volumen de contratos», habría conspirado contra una mejor fiscalización interna.
"Las entidades contratantes ejercen, muchas veces, la facultad de sugerir procedimientos, colaboradores y condiciones para los estudios que solicitan, cuestiones que se hacen explícitas en los contratos o se mantienen como condiciones implícitas en el desarrollo de los mismos", sostiene la misiva de Riveros.
"En el caso de los contratos bajo investigación -agrega el documento- ello parece haber ocurrido en la fase de ejecución, siendo aceptado por los ejecutores ante la ineludible necesidad de contar con un flujo permanente de proyectos por parte de los correspondientes organismos universitarios. Sin embargo, y al mismo tiempo, las premuras y volúmenes de los contratos parecen no haberse correspondido con el debido control interno por parte de los mismos organismos, especialmente en la mencionada fase de ejecución".
El rector de la Universidad de Chile agrega estar convencido, sin embargo, de que "no ha existido en la institución el intento premeditado de burlar las regulaciones existentes en busca de beneficios personales o institucionales".
Asume, en tanto, la posibilidad de que haya existido una "falta de adecuada información por parte de personas cuyo quehacer fundamental se concentra en el trabajo académico y no en la gerencia de actividades que deben emprenderse por las necesidades de financiamiento de los distintos organismos universitarios; personas de destacada trayectoria académica que han asumido la responsabilidad propia de sus cargos, y en otros casos se han desempeñado en su válido ejercicio profesional".
Junto con reiterar el compromiso de la Universidad de Chile de colaborar con la justicia -"la institución está llevando a cabo todas las acciones necesarias y posibles para dilucidar las responsabilidades pertinentes en los complejos hechos sometidos a procedimientos judiciales que afectan a destacados académicos y funcionarios"- Riveros se mostró confiado en que los tribunales determinarán "la verdadera dimensión de las responsabilidades".
Finalmente, la máxima autoridad de la Casa de Bello llamó a la comunidad universitaria a "manifestarse públicamente en torno a las necesidades de financiamiento que han marcado los problemas de desarrollo institucional en los últimos años y que amerita políticas distintas que debemos exigir con firmeza".
Riveros ha sido requerido por la jueza que sustancia el Caso MOP-Gate, Gloria Ana Chevesich, y por el titular del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Rivera, quien investiga los contratos suscritos entre el ministerio de Obras Públicas y el Ciade.
Vea además
La carta del Rector Riveros
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