El claustro superior del plantel está complicado, sobre todo porque sus máximas autoridades no tienen claro hasta dónde llegarán en sus indagatorias los tribunales de justicia y la Contraloría General de la República.
Los decanos de la Universidad de Chile se reunieron ayer en la tarde en las oficinas del rector, Luis Riveros, con el propósito de unificar criterios para hacer frente a la crisis que, por estos días, afecta a la principal casa de estudios superiores del país, que está en el epicentro de investigaciones judiciales y de la Contraloría.
Tras la reunión, decanos de distintas facultades comentaron que en ella se abordó la necesidad de que el plantel superior enfrentara unida la situación que los aqueja, defendiendo a la Universidad de los "ataques" que le han sido propinados en los últimos días a través de la prensa y manteniendo una actitud de compromiso y colaboración respecto a las causas judiciales.
La situación en la Casa de Bello aun no está clara ni para los mismos decanos, quienes definen los hechos cuestionados más bien como situaciones puntuales, donde los responsables deben ser perseguidos, pero que no comprometen a la institución.
Por ahora, tampoco tienen claro hasta dónde irán a llegar las investigaciones en curso, cosa que complica a las autoridades que, con la reunión, quisieron "hacer un gesto hacia adentro", como confidenció un académico que estuvo presente en el encuentro.
El cuestionamiento a la Universidad de Chile surgió de la investigación del Caso MOP-Gate, ya que, al igual que la empresa de outsourcing del ex seremi Héctor Peña Véliz, firmó una serie de contratos que sirvieron para el pago de sobresueldos a funcionarios públicos.
Antes de la reunión, el rector Riveros se hizo cargo por primera vez públicamente de las denuncias e investigaciones judiciales derivadas de convenios suscritos entre esa casa de estudios y organismos estatales tales como el Ministerio de Obras Públicas.
El pronunciamiento, que puede hacer las veces de un mea culpa, lo efectuó a través de una carta a la comunidad universitaria, que trata de calmar la agitación de las aguas internas de la casa de estudios.
En la misiva, Riveros explica que los hechos bajo investigación se deben a la obligación que tuvo el plantel -a través de unidades académicos como facultades y centros de investigación- de trabajar con organismos públicos y privados para suplir la falta crónica de aportes estatales que recibe la universidad.
Sin embargo, Riveros sostiene que está convencido de que "no ha existido en la institución el intento premeditado de burlar las regulaciones existentes en busca de beneficios personales o institucionales". Pero asume la posibilidad de que haya existido una "falta de adecuada información por parte de personas cuyo quehacer fundamental se concentra en el trabajo académico y no en la gerencia de actividades que deben emprenderse por las necesidades de financiamiento de los distintos organismos universitarios; personas de destacada trayectoria académica que han asumido la responsabilidad propia de sus cargos, y en otros casos se han desempeñado en su válido ejercicio profesional".
Junto con reiterar el compromiso de la Universidad de Chile de colaborar con la justicia -"la institución está llevando a cabo todas las acciones necesarias y posibles para dilucidar las responsabilidades pertinentes en los complejos hechos sometidos a procedimientos judiciales que afectan a destacados académicos y funcionarios"- Riveros se mostró confiado en que los tribunales determinarán "la verdadera dimensión de las responsabilidades".
Finalmente, la máxima autoridad de la Casa de Bello llamó a la comunidad universitaria a "manifestarse públicamente en torno a las necesidades de financiamiento que han marcado los problemas de desarrollo institucional en los últimos años y que amerita políticas distintas que debemos exigir con firmeza".
Riveros ha sido requerido por la jueza que sustancia el Caso MOP-Gate, Gloria Ana Chevesich, y por el titular del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Rivera, quien investiga los contratos suscritos entre el ministerio de Obras Públicas y el Ciade.
